Golpes bajos a la democracia

José Ferney Paz Quintero
Abogado consultor

Al reiniciar nuestros escritos semanales  en este nuevo año, no puedo menos que lamentar la forma como se desarrolla la mal llamada democracia en nuestro país,  que al decir de los estudiosos del derecho público se debe dar un mínimo de condiciones, pero sobre todo las que hacen referencia al ejercicio de las tres ramas del poder público, siendo la característica de un estado de derecho, que el ejecutivo gobierne, que el legislativo legisle expidiendo las leyes de beneficio social,y que la judicial instruya, juzgue y falle, sin injerencias e invasión de órbitas institucionales que resultan perturbadoras para el desarrollo de esa democracia participativa de la que tanto se ufanan los gobiernos de turno.

No es secreto alguno, como el ejecutivo con su  poder presidencialista ejerce un dominio  frente a la legislativa que se ha convertido en apéndice de éste, como se demuestra con las últimas actuaciones del Congreso, en donde sobresale la aprobación de la reforma tributaria, fiscalista y regresiva, para  remediar en parte el escandaloso hueco fiscal, como producto del desaforado gasto público, nóminas paralelas, cupos indicativos, publicidad oficial para  buscar  mejorar  la imagen  del gobierno,  factores estos que han  debilitado   las finanzas públicas.

Si por el ejecutivo y el legislativo  llueve, no menos lo es por  la  judicial, caótica, en un grado de desesperanza social por la forma como se desarrolla su ejercicio jurisdiccional que ha llevado a la crisis de legitimidad que padece el Estado colombiano, por factores varios, como la politización, el clientelismo judicial, semejante o  más acrecentado que el político, la ineficiencia, la congestión, la burocratización, la laxitud en la aplicación de las normas  legales,  la impunidad con rasgos de libertinaje,  situaciones estas que atentan con el anhelo de vivir bajo el derecho bien aplicado e interpretado, la paz y la convivencia, generando desconfianza ante la sociedad sana del país.

¿Qué  pensarán  los afectados en el  desfalco de Interbolsa y el fondo Premium, cuando los  cerebros de la defraudación, cacos de cuello blanco, timadores profesionales,  vienen recobrando la libertad, como la del señor, si así le puede llamar, de apellido Maldonado, ante la pasividad de un sistema  judicial que  permite la dilación y  el abuso del derecho de unos apoderados que han sido contratados para tal fin, al no poderlos enjuiciar y condenarlos dentro de los términos procesales?

¿Es esa la justicia  que se  tiene reservada para  la etapa  del post conflicto? Capítulo aparte merece una corrupción que  asfixia el tejido  social, denunciada a diario, que lejos de ocasionar perjuicios patrimoniales concretos, viene causando un grave deterioro en las condiciones  de desarrollo de los países.

No nos llamemos engaño; Colombia como país está asediado e impregnado por este cáncer que ha invadido las esferas públicas y privadas, el caso de  Odebrecht, en donde  altos funcionarios de estado, clase política, se han paseado por  el soborno, el cohecho  y demás delitos contra la administración pública, esperando no tenga el final de otros atracos al erario público, olvidados por la memoria publica,  y que no  descansaremos de recordar, Termo Río, Dragacol, (sin explicación  alguna por parte del ministro rentista  Cárdenas, ahora con investigaciones por la venta de Isagen y los sobrecostos  en Reficar)  Agro ingreso Seguro, las losas de tras milenio,  los Nule, el robo de Caprecom, de la salud, la alimentación escolar, la contratación amarrada a determinados proponentes como pago por la financiación de las campañas políticas,  Reficar, sin contar lo que  sucede en los entes territoriales, en donde la corrupción se ha convertido en alternativa de poder, nos hace pensar que el país está en subasta, en poder de mafias y pandillas organizadas, de mucho poder económico, social  y político, secuestrado por las corrupción, la politiquería y las mañas institucionales.

Razón le asistía al presidente Turbay cuando se inmortalizó negativamente con la frase “hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones,” ante  la imposibilidad  hoy por hoy de si la corrupción puede ser eliminada en su totalidad o no.

Un país que pretende obtener la paz social, no puede tener una justicia tan débil, como lo  es la nuestra que poco hace por garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos en igualdad de condiciones, justificando  las voces que  abogan por una Asamblea Nacional Constituyente en donde se  plantee  una reforma estructural al sistema judicial, la que ha sido imposible logar por el mecanismo legislativo, siendo su  mejor ejemplo la que se conoce  como  la de “equilibrio de poderes“, que resultó ser de desequilibrio de poderes, ejemplo de ello una sala  jurisdiccional disciplinaria al garete, con periodos vencidos,  regentadas por  personas  ungidas  por el cabildeo político , más no por el conocimiento y  la probidad académica.

La pesadumbre  que produce  como se  asalta  y se abusa del  erario público  por unos pocos, nos hace recordar  a la filósofa y escritora estadounidense (nacida en Rusia), Alissa Zinovievna, más conocida en el mundo de las letras bajo el seudónimo de Ayn Rand y fallecida en New york en marzo de 1982, cuando  expresaba: “cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras  que la corrupción es recompensa y la honradez se convierte en un auto sacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada”. Nunca más oportunas  para  la situación actual las  palabras trascritas.

Adenda: La sociedad caldense espera  que por parte de la sección quinta del Consejo de Estado se defina  la  situación política administrativa por la que atraviesa el departamento de Caldas ante la suspensión provisional del gobernador titular elegido para el período 2016- 2019 en proveído del  tres de marzo del 2016, sometido a  toda clase de  recursos, recusaciones,  incidentes, dilaciones con tintes de abuso del derecho que han impedido un pronunciamiento de fondo.

Lógico entender que al funcionario demandado le asiste el derecho de defensa, pero ejercido de manera racional, proceso  que persigue si se acataron las normas que gobiernan  el  trámite de elección popular, que  a la luz   de las normas  vigentes  no pareciera se hayan respetado  por el  encartado frente  a la claridad del  artículo 303  de la constitución política que establece la prohibición para acceder al cargo de gobernador, mandato inteligible, de fácil  entendimiento,  que no deja duda alguna, salvo para aquellos que  a sabiendas pretendieron burlar la norma para satisfacer intereses políticos, personales o de grupo, y allí se  señala: ” los gobernadores serán elegidos popularmente para periodos institucionales de cuatro años y no podrán ser  reelegidos para el periodo siguiente. “

Conviene recordar, que nuestro código civil   establece que “las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio.”

Que se  falle  con prontitud, es lo que se reclama para  despejarle el futuro a esta amable región que  ha tenido que soportar las contingencias de unas alianzas políticas que la tienen sumida en una interinidad  que  afectan  las políticas de desarrollo regional,  y de  prosperar  la  acción contenciosa, se impongan las  sanciones de ley con compulsas de copias a  los órganos competentes para que estos  hechos  no se vuelvan repetir, en donde  pierde  la sociedad, se debilitan aun más los partidos, con afectación del erario por las erogaciones presupuestales en el evento de  convocarse a nuevas elecciones.

Bogotá, Enero 17 2017