13 de abril de 2021
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Los asesinatos selectivos

5 de diciembre de 2016
Por Albeiro Valencia Llano
Por Albeiro Valencia Llano
5 de diciembre de 2016

albeiro valencia

Por: Albeiro Valencia Llano

Desde el año 2012 han sido asesinados 124 integrantes del movimiento de izquierda Marcha Patriótica (MP), lo que coincidía con los avances de los acuerdos en La Habana. Desde que empezó el cese del fuego bilateral y definitivo, fueron acribillados 20 líderes campesinos; pero con el triunfo del NO, el pasado 2 de octubre, arreció la ofensiva contra los dirigentes sociales. Estos asesinatos selectivos fueron entendidos como un saboteo a la paz, favorecido por la polarización política de los colombianos. Como respuesta el gobierno creó una comisión de alto nivel encabezada por el ministro Juan Fernando Cristo, pero no han encontrado un plan sistemático de exterminio, sino “casos aislados”. Sin embargo, es claro que los tentados van dirigidos contra líderes de comunidades que respaldan el proceso de paz, son dirigentes locales y comunales, activistas de derechos humanos, abogados de víctimas y de desplazados, miembros de organizaciones humanitarias y de restitución de tierras. Todo esto hace parte de la escalada anunciada por grupos paramilitares, pero que fue subestimada y negada por voceros del Gobierno nacional. Recordamos que así empezó el genocidio de la Unión Patriótica (UP) y por esta razón exclamó la dirigente Aida Abella que “Nos están repitiendo la dosis”.

¿Sabotaje a los acuerdos?

Desde hace varios años las organizaciones de izquierda vienen denunciando el rearme de los grupos paramilitares que fueron bautizados con el nombre genérico de Bandas Criminales (Bacrim), pero que actúan con las denominaciones de Águilas Negras, Urabeños, Rastrojos, Libertadores del Vichada, Ejército Anti-restitución de Tierras, AUC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, etc.; todas mantienen la misma vieja estructura. Esto ocurre en regiones de alta influencia de las FARC y en el entorno de las zonas de concentración guerrillera acordadas con el gobierno colombiano.

Los últimos asesinatos traen los recuerdos de la ola siniestra de la llamada Guerra Sucia. El 18 de noviembre fue asesinado, en San Vicente del Caguán, Erley Monroy, líder de la Asociación Campesina Ambiental de Losada Guayabero. Este mismo día fue acribillado por sicarios Didier Losada, presidente de la Junta de Acción Comunal de Platanillo en La Uribe, Meta. Al día siguiente sufrió un atentado Hugo Cuéllar, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Victoria, en La Macarena, Meta; al otro día le llegó el turno a Rodrigo Cabrera, asesinado en Nariño.

En Caloto (Cauca) se ha recrudecido la violencia contra MP pues han asesinado a ocho de sus dirigentes. Al respecto dijo Carlos Guevara, coordinador del sistema de información del programa Somos Defensores que “Marcha Patriótica ha sido observada de una manera particular por muchos actores armados que la sienten muy afín a las FARC y que la consideran su movimiento político y social”; agrega que esta organización, de origen campesino, lo único que busca es alcanzar la paz y un país más justo, pero la situación es tan grave que “este puede ser el talón de Aquiles de la paz en Colombia porque los líderes y los defensores de DDHH son las personas que van a implementar los acuerdos en los territorios”.

La campaña de hostigamientos contra dirigentes sociales se agudizó el 25 de noviembre y duró tres días; en este lapso se realizaron cinco atentados y numerosos actos de acoso y persecución contra campesinos y defensores de derechos humanos, en Cali, Cartagena, Santa Rosa (Bolívar) y Barrancabermeja. En esta última ciudad circuló un panfleto firmado por el comando urbano de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en el que ofrecían recompensas por la cabeza de líderes sociales y por los supuestos colaboradores de la guerrilla. En concreto el Clan del Golfo amenazaba a siete líderes sociales, campesinos y militantes de MP, incluyendo a la exsenadora Piedad Córdoba, quien planteó que “lo que esta gente quiere es torpedear y amenazar el acuerdo” y anotó que “detrás de los asesinatos de Marcha Patriótica, están sectores escondidos en el paramilitarismo”.

Una mirada a la historia

Lo que se quiere evitar es que se repita la historia de la UP, pues parece que detrás de los crímenes contra líderes sociales están las mismas fuerzas oscuras o los “enemigos agazapados de la paz”. La UP surgió en mayo de 1985 como resultado del acuerdo de “Cese al Fuego, Tregua y Paz”, suscrito el 28 de marzo de 1984, en La Uribe, entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC; y en marzo de 1986, consiguió la más alta votación de un partido de izquierda en Colombia, hasta ese momento. Pero los sectores de la extrema derecha no soportaron este golpe de las fuerzas democráticas y pusieron en ejecución el llamado Plan Baile Rojo, dirigido a asesinar a los miembros de la UP que ocuparan cargos de elección popular. Después se implementaron otros proyectos dirigidos al exterminio del nuevo movimiento: Plan Cóndor, Plan Esmeralda, Plan Golpe de Gracia y el Plan Retorno. Así se crearon organizaciones paramilitares, se montó una maquinaria de guerra y terror que contó con una inmensa cantidad de mecenas, ubicados en posiciones de poder, producto de una alianza de narcotraficantes y bandas criminales, apoyada por miembros de la clase política y económica y por elementos de la fuerza pública y de los cuerpos de seguridad del Estado.

La situación política y social ha cambiado, pero la fragilidad del cese del fuego exige que se acelere la implementación de los acuerdos.