Defensor del Pueblo repudia y lamenta muerte de niña con “balón bomba”
Bogotá, 02 de diciembre de 2016 (RAM) El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, repudia y lamenta el hecho de violencia en el cual resultó víctima fatal una niña indígena embera de 6 años, a causa de la manipulación de un artefacto explosivo abandonado por un grupo armado ilegal, en inmediaciones del río Geya, municipio del Bajo Baudó, el día 26 de noviembre pasado y del cual las autoridades nacionales competentes sólo tuvieron conocimiento hasta el día de hoy, a causa de las dificultades propias del acceso a estos territorios.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado enérgico a las autoridades del orden nacional y local para que se desplieguen todos los planes y programas necesarios para prevenir la vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que, como en el caso de la región del Baudó, están expuestos al accionar de grupos armados ilegales y a ser víctimas de graves vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, debido a la presencia de artefactos explosivos, municiones sin explotar o minas antipersonales en la zona.
La Entidad había advertido la presencia de estos artefactos explosivos y los riesgos que ellos suponen para los niños, niñas y comunidades de la región del alto, medio y bajo Baudó, a través de diferentes informes de riesgo y notas de seguimiento.
En su condición de órgano de control del Estado que vela por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la Defensoría del Pueblo está comprometida con el propósito de lograr la eficacia y garantía de los derechos de los colombianos, especialmente de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo o se ven afectados a causa del accionar de grupos armados ilegales, y por eso exhorta a las autoridades nacionales a tomar todas las medidas urgentes para que estas víctimas vean garantizados y restablecidos sus derechos de manera integral.
De la misma manera hace un llamado a los grupos armados ilegales a que respeten en todo momento las normas del Derecho Internacional Humanitario y especialmente mantengan a la población civil al margen de cualquier clase de acto producto de la confrontación o las hostilidades.
