19 de abril de 2021
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Aprobado en primer debate proyecto de ley que moderniza el Código de Extinción de Dominio

14 de diciembre de 2016
14 de diciembre de 2016

Bogotá, 14 de diciembre de 2016 (RAM) Las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de ley que busca ampliar el concepto de crimen organizado, que permite contrarrestar cualquier organización delictiva. Además, agilizará lo relacionado con la extinción de dominio, respetando los derechos fundamentales de los afectados y garantizando un mejor manejo de los recursos por parte del Estado.

“Este proyecto de ley que moderniza la Ley 1708 y faculta al Estado para perseguir económicamente a los criminales. Es una lucha económica contra el crimen. Esta iniciativa le entregará herramientas al Estado para que sea más eficaz», afirmó el Viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho, Carlos Medina Ramírez.

Medina destacó la incorporación de una definición de crimen organizado que permitirá que la ley se aplique de manera rápida e inmediata, por ejemplo, en casos de corrupción.

Con este proyecto, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Hacienda recomiendan la enajenación temprana mediante la cual el Estado puede entrar a disponer, de manera casi inmediata, de los bienes incautados, garantizando los derechos de las personas que se vean afectadas por esta medida.

Para el Viceministro Medina, este instrumento debería convertirse a futuro en un elemento de persecución muy eficaz de los bienes de los corruptos. “Este proyecto de ley contribuirá a no seguir la dinámica típica según la cual los procesados terminan respondiendo solamente con unos años de cárcel y no devuelven el dinero”, indicó.

Medina también dio a conocer que hay unas normas relacionadas con justicia premial, que permitirá que se reconozca la colaboración para los terceros que denuncien y contribuyan con la justicia. Además, introduce una serie de modificaciones que permitirá una reducción importante en los términos de los procesos de extinción de dominio.

El dinero de extinción de dominio, además de ser destinado para las víctimas (en el caso de programas de generación de acceso a tierras), será distribuido entre la Rama Judicial, la Fiscalía General y el Gobierno Nacional.