15 de abril de 2021
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¡Tenemos Procurador!

2 de noviembre de 2016
Por mario arias
Por mario arias
2 de noviembre de 2016

Por: mario arias gómez

Mario Arias defDespués de siete años y medio de confiscada la Procuraduría General por el crecido don nadie, A. Ordóñez, envilecido y marrullero canalla, de moral de puertas p’afuera, quien socavó la institucionalidad y convirtió en fortín politiquero la entidad que utilizó como soporte de su desenfrenada aspiración presidencial, que lo transmutó en un declarado uribista, cuya afinidad con su ideología se remonta a cuando era concejal (agosto/1987), en que pregonaba: “Las autodefensas se ajustan a las normas de la moral social”. Inquisidor medieval, cuya función misional fue interferida por la ideología de godo que lo llevó a utilizar temas morales como banderas políticas: El matrimonio igualitario, la diversidad, despenalización del aborto, el consumo de drogas; los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, etc.

Arrogante “Corruptor general de la Nación”, que se dedicó a cultivar sus arcaicas ideas y vetusto credo religioso y a desafiar la majestad de la justicia al no tener quien lo rondara; a visibilizarse en los medios saturados con su obesa figura con cargaderas, a costillas del Gobierno al que acosó, hostilizó, maltrató y prejuzgó sin término. Gestión caracterizada por perseguir las minorías; hostigar políticas de vanguardia; la variopinta diversidad de la comunidad LGTBI; la “pecaminosa ideología de género”, antípodas de sus creencias y postulados; en prodigar gollerías a quienes pudieran servirle, a favorecer secuaces; mostrándose implacable con la izquierda y con la derecha sumiso y condescendiente, lo que lo llevó a desgañitarse por la libertad de Santiago Uribe, mientras riguroso persiguió -sin tregua- a Petro y “Teodora”.

Ponzoñoso oportunista que maquinó su reelección con puestos y prebendas con las que cautivó magistrados y congresistas, lo que motivo que el CE anulara tardíamente la fraudulenta ratificación, con un tibio fallo que le conservó intactos los derechos civiles y políticos al camandulero en cuestión, sin una ejemplar sanción, que forzara al insolvente moral, a expiar en vida sus pecados. Procuraduría que manejó como cortijo privado, dependiente de su libertinaje.  Luego de la tácita destitución, conserva intacto el extravagante esquema de seguridad que modificó, cayendo en un claro “conflicto de interés”, al extenderla a cuatro años más luego del retiro, contrastando con la reducción que ordenó al otro día de posesionado, en desmedro de su antecesor, Edgardo Maya.

Demasía que le cuesta al erario la bicoca de veinte mil millones de pesos, que pagamos sin chistar los colombianos, para que el engreído faraón, pueda continuar en campaña política que inició parejo al jurar cumplir la función de “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos” -Art. 277 numeral 1º-, y que fue el primero en violar tal precepto, imbuido por el desbordado apetito de poder, lo que dejó en entredicho la imparcialidad de sus actuaciones como máximo juez disciplinario.

Licenciosa ambición (cuasi-dictatorial) que alimentó con puestos que distribuyó entre familiares y amigos de los altos jueces y senadores que tuvieron que ver con la nominación y votación del fundamentalista. Canje de recíprocas cortesías que sirvió para reclutar caciques electorales con miras a la aspiración antedicha. Así mismo la discrecionalidad disciplinaria, de férula selectiva para golpear a los competidores, lo que borró de tajo las fronteras entre el derecho y la política. Pesadilla corporativa, nunca antes vista en la historia de la Procuraduría.

Actuaciones que el cavernoso, hegemónico y vetusto leguleyo, justificó con  promiscuo lenguaje entreverado con sus bárbaras certezas políticas y religiosas, que sirvieron de escudo para desacreditar a la izquierda. Ejemplo icónico de esta vil táctica, fue la burda y criminal persecución contra Piedad Córdoba, doblemente destituida con base -lo determinó el CE- a pruebas recaudadas ilegalmente, cuando no sembradas o fraguadas, desmoronadas por la justicia contenciosa que las consideró conjeturas o meras especulaciones. Argucias del fastidioso tinterillo-prevaricador, manifestado como curador de las buenas costumbres, a quien le espera luego de revocadas sus decisiones, la consecuente “Acción de repetición” que le obligará reintegrar la indemnización que el Estado deberá cancelar por la dolosa decisión del irresponsable “perseguidor”, que con escalofriante ingenuidad, se cree un Napoleón redivivo y supone que podrá ceñirse él mismo la corona de Emperador, como re-escribir la historia desde su arcaico punto de vista, nutrido con un acervo filosófico de baratillo. Marrullerías padecidas por la subyugada galería de funcionarios que cayeron en sus garras y dogmas de fe, anquilosadas mañas, miopes máculas que afloraron en los banales, polémicos y reñidos fallos -fuera de ética- que como activista de falsos juicios, dictó como juez y parte. Cartujo que olvidó el “recorderis” de Cristo a los discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, y si ustedes se corrompen, ¿cómo evitar que se corrompa el pueblo cristiano?

Desviación de función -que no tiene parangón- en que está incurso el abusivo individuo que dejó de lado sus obligaciones de proteger los derechos humanos, asegurar su efectividad y resguardar los intereses de la sociedad, interpretados a su amaño, lo que amerita la revisión de todas las 2.806 sanciones impuestas, incluidas las de los 24 congresistas cesados. Hablantinoso malandro -venido a más- que deshonró el cargo, ultrajó la decencia, el pudor, el decoro y sigue opinando -como ayer- sobre lo divino y humano. Calculadamente insiste en criticar gratuitamente a Santos, al que acosa, maltrata, matonea, lanza impunes improperios que plagia de “San Uribe”, quien se dice lo tiene como candidato.

“Tribuno del pueblo”, heredero del Tribunal del Santo Oficio, rodeado de la pandilla de amigos y parientes que le nombró a 31 senadores y siete magistrados de la CS, probada violación del artículo 126 de la “Charta” que reza: “Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos… con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos…”, esto, por razones de pulcritud en la función pública, doblemente imperdonable -en su caso-, al precisar que se trata del encargado constitucional de defender la legalidad, los derechos e intereses de todos. Falencias que sobresalen en la postrera decisión que el CE tomó después de casi cuatro años de atropello, fallo que reitera que ningún funcionario está por encima de la Constitución y la ley, y que debió resolverse antes, si se toma en cuenta que estaba en juego la legitimidad de quien encarnaba el respeto a la legalidad. “No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”.

Por fortuna hoy corre un hálito de higiénica frescura, con la elección del nuevo Procurador, quien en su primera declaración dio muestra de su talante al asestarle al mofletudo y sucio Ordóñez, severo “nocaut” al enrostrarle: “Vengo a ofrecer garantías de equilibrio e imparcialidad y desechar esas ideas peregrinas que convirtieron en la reciente historia la institución en un instrumento de persecución política, vocera de radicalismos”. Agregó: “no soy descendiente del sectarismo político”; mi paso por la entidad no será para crear “una especie de monopolio de un sector político”. Haré una Procuraduría garantista, “donde estén representadas todas las expresiones de la ciudadanía, los partidos y los movimientos sociales, sin exclusiones«. “Me propongo en primer lugar resucitar los valores cívicos y ciudadanos de un Estado social de derecho, probo, tolerante, garantista y respetuoso de la ley”. Y terminó: “Hoy más que nunca es necesario un Ministerio Público que entienda que no somos un país dividido por la política, sino unido por la necesidad de que callen los fusiles, que construya puentes de diálogo para fortalecer la cohesión social tan necesaria siempre pero nunca como ahora”. Que así sea. Amén.

Bogotá, 2 de noviembre de 2016