Minorías

Juan Sebastián López Salazar

Es muy positivo para el desarrollo de una democracia que exista el activismo y que las minorías puedan y hagan defender sus derechos. Nuestra Constitución ha establecido que somos un Estado pluralista y que todos somos iguales ante la ley. También la Carta nos dice que podemos desarrollar libremente nuestra personalidad, difundir libremente nuestro pensamiento, tener las creencias que queramos y expresarlas. Las minorías cuentan con todos esos derechos y tienen también la libertad de asociarse y luchar por ellos.

Aquí sobresalen dos minorías: la que lucha por los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI. La lucha por los derechos de las mujeres ha logrado grandes triunfos: despenalización parcial del aborto, ley de cuotas, prerrogativas a las madres cabezas de familia, entre otras. Sin duda alguna, grandes aportes para nuestro País.

Por otro lado, la comunidad LGTBI también puede anotarse otros triunfos al bolsillo: derechos de seguridad social y el matrimonio igualitario.

Lo anterior es excelente. Somos un país vanguardista, así a muchos les moleste que los demás, en especial las minorías, tengan derechos.

Pero el activismo se ha centrado en esas dos minorías —quizá porque están muy cerca a los distintos poderes— y ha dejado por fuera a las minorías que no son urbanas, como los indígenas, los negros, los campesinos. No todos tienen la misma importancia en la agenda social del país.

Colombia ha mantenido una política racista que llegó con los españoles y la iglesia católica y que sigue sin superarse. Ni siquiera con el activismo que hacen los jueces blancos, ricos y muy bien educados de la Corte Constitucional.

Daré un ejemplo de cómo se desarrolla dicha política: un mestizo o blanco va sin ningún problema a un hospital donde le van a suministrar medicina occidental. Preferiblemente acetaminofén y un formato de acción de tutela. Pero ese mismo mestizo o blanco no iría, con la misma tranquilidad, donde un grupo indígenas a que tratasen su enfermedad. Y seguro el indígena tampoco querrá ir al hospital de mestizos o blancos a que lo traten de algún mal.

Tampoco querrá el indígena que lo eduquen en otras creencias y así sucesivamente. Pobres indígenas y  negros: No cuentan con un magistrado en la Corte Constitucional igual a ellos, para que se sientan representados, como las minorías urbanas. O con una representación notable en el Congreso o en algún otro poder. Ni los medios de comunicación se preocupan por ellos.

Profundicemos un poco más. En la Guajira se mueren de hambre cada momento niños wayúus, porque no les garantizan los derechos en igualdad de condiciones, no cuentan con una representación política suficiente y tampoco —a  diferencia de otras minorías— se toman medidas para que su cosmovisión sea respetada y deje de ser considerada inferior o de otros tiempos y ya digna de ser olvidada o superada. De hecho, en su mayoría estos indígenas son personas que cuidan la tierra donde viven y la que les da su sustento. Nada más racional.

Lo mismo pasa en el Cauca, donde, precisamente, la senadora Paloma Valencia Laserna sugirió que se dividiera el Departamento en dos, uno para los blancos y mestizos y el otro para indios, negros y zambos. La “doña” solicitando, con plena tranquilidad, el establecimiento de un apartheid en pleno siglo XXI!

Y los medios de comunicación son grandes cómplices de la política racista —e incluso se podría decir— de eliminación sistemática de las minorías. Pero de las minorías débiles o periféricas. Porque, sinceramente, el activismo homosexual se mueve en los cimientos de la clase alta económica, política y académica. Sí. Aquí la comunidad homosexual está en cargos en el Congreso, en las altas cortes, ministerios, o sea en todos los poderes públicos, y por tal razón es la minoría más visible, casi la única. Pero,  ¿la participación negra?,  ¿la indígena?,  ¿la campesina? ¿Será que si les damos representación en el Congreso se toman el poder y nos volvemos otro Haití? Como lo pensaban nuestros próceres.

Entonces, somos un país que critica a Viviane Morales por proponer su referendo, que, en verdad, no ataca derechos de la comunidad homosexual —la adopción no es un derecho—. Pero callamos cuando la comunidad indígena es educada por la iglesia católica en contra de sus creencias para socializarlos en las nuestras, o cuando les imponemos nuestra medicina. Ante esas verdaderas violaciones de derechos humanos nos sumimos en recalcitrante silencio.

Y estas minorías inexistentes son las que verdaderamente sufren. En el Cauca se libra el conflicto con gran intensidad. Y no se matan los blancos como la señora Valencia Laserna, sino las minorías. En la Guajira se mueren los wayúus de hambre y la ayuda que le brindamos es contraria a su cosmovisión, provocándoles toda una tortura. En Chocó hay desnutrición y conflicto.

Y ahora a los campesinos, a quienes en el Acuerdo de Paz se propuso llevarles los derechos de segunda generación, pero les dijimos que No desde la urbe. Y después los tratamos de salvajes y bárbaros por andar levantados en armas.

Quizá porque la gran academia de la urbe enseña que lo importante son los derechos de primera generación, como si a un pobre o a un campesino sin recursos o a un abandonado de la periferia, le importara mucho el libre desarrollo de la personalidad o la sagrada libertad de expresión o incluso la propiedad privada, que nunca podrá ejercer.

Colombia está en mora de tomar políticas en favor de las minorías del campo y la periferia. Y medidas que sean acordes a sus derechos humanos. Es decir, que respeten sus creencias, sus medicinas, sus cosmovisiones. Y así poner fin a un Estado que, en pleno 2016, aún alienta el racismo.