Por un Estado eficiente: ¿Lo tenemos?

José Ferney Paz Quintero
Abogado Consultor

Presenta el gobierno a la consideración del Congreso una reforma tributaria que al decir de  expertos en esa área poco tiene de estructural, pero si mucho de impositiva, fiscalista, en detrimento de las clases populares, media  e independiente, que siempre  son los paganinis cuando  se acude  al incremento de los  gravámenes  o de unos nuevos como se plantea en la misma.

Pretende el gobierno central con los recursos de la tributaria tapar el enorme hueco fiscal ocasionado por su opulencia derrochadora, incremento de la burocracia, los cupos indicativos, la exagerada publicidad oficial en los diferentes medios de  comunicación, gastos profusos y corrupción generalizada en un país pobre con poca inversión social.

El ciudadano del común se pregunta si en lugar de  gravar con más impuestos , que sobrepasan los 70 entre nacionales, departamentales y municipales,  se racionalizara  tanta burocracia oficial que abunda en todas las entidades territoriales, entes que podrían funcionar con  menos funcionarios, bien preparados, con salarios  justos  que correspondan a  su desarrollo académico, oficinas muchas de ellas atiborradas con empleados ajenos al concepto de administración publica, cuotas políticas para cumplir compromisos adquiridos, hacen que la estructura institucional del país sea demasiada complicada, ineficiente y generadora de corrupción.

No es ajeno el concepto que define al burócrata, como un experto intrigante a sueldo, la mayoría paseados por todas las dependencias de las entidades oficiales, especializados en no hacer nada, intocables por  los padrinazgos políticos que los protege, a quienes sólo les responden y obedecen, sin sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la administración pública.

Ahora ¿qué no decir respecto a la cascada de organismos descentralizados, oficinas estatales con funciones y nóminas  paralelas, estructuras burocráticas  que no cumplen con el real concepto de  burocracia?, que se refiere a una forma de organización que pretende obtener precisión, claridad, exactitud y eficiencia en las tareas asignadas para el logro de los fines para los que fue creado el Estado, que nos hace recordar a Max Weber como pionero de los procesos administrativos.

De allí que se sostenga y con suficiente razón, que si el estado entrara en unos serios procesos de racionalización, de reestructuración administrativa, de eliminación de  las nóminas paralelas y entidades sin funciones, control a los viajes al interior  y exterior  con  pago de  elevados viáticos que a la postre constituyen factor salarial, de la cantidad de escoltas  para proteger  a ex funcionarios que lo dejaron  de ser  meses o años atrás, convertidos muchos de ellos en sus mensajeros personales, disfrutando indebidamente los gajes de la burocracia, con carros blindados, uso de celulares, beneficios estos extensivos a miembros de sus familias, seguros estamos no se necesitaría crear nuevos impuestos, en donde se castiga a la clase pobre, independientes, pues solo bastaría con la voluntad política actuando con noción de patria, para recortar  los exagerados gastos del Estado, que hoy por hoy desangra el presupuesto nacional al que contribuimos todos

No es secreto alguno  que existen un sin número de organismos  oficiales que no responden al concepto de lo que debe ser una entidad pública, que han demostrado su  total ineficiencia, con  ausencia de  manuales de funciones e índices de rendimiento, manejadas con criterio clientelista, adjudicadas a políticos  cercanos al gobierno,  con frondosas  nóminas, denunciadas por  actos de corrupción, donde  los organismos de control  no se hacen presentes o miran para otro lado  para no incomodar  al político de turno que contribuyó en la elección de  quienes  dirigen esas instituciones .

Estudiosos del tema de la estructura estatal  comentan con argumentos  sólidos  lo poco que aportan  a la modernización  administrativa instituciones como la  Contaduría y Auditoría  generales de la nación, entidades que solo reprocesan información de los ministerios y suplantarlos en sus funciones, pero que si le cuesta a la nación  56 mil millones  de pesos anual para su  funcionamiento.

Igualmente aluden a la Superintendencia de economía solidaria que en teoría asume funciones  imposibles de realizar, que corresponde a la vigilancia y control de más de 15 mil entidades de economía solidaria, cooperativas, fondos de empleados, con un costo anual de 24.500 millones de pesos, entidad que se ha quedado corta en  la vigilancia de  un centenar de  cooperativas tramitadoras de libranzas,  donde están en peligro más de 500 mil millones de pesos de incautos inversionistas que confiaron  en el control estatal, caso de Elite International, Vesting Group Colombia, Estraval, entre otras,  la  mayoría de ellas intervenidas por la  súper sociedades por malos manejos e iliquidez.

Se alude también a una dependencia denominada Unidad administrativa especial del servicio público de empleo, que aparte del empleo de sus centenares de empleados es nula su contribución a la generación del mismo en el país, empezando por el desconocimiento  de la entidad por parte  de la ciudadanía con un presupuesto anual cercano a los  34 mil millones de pesos.

Una Procuraduría general de la Nación con presupuesto superior a los cuatrocientos mil millones  y una agrandada nómina de procuradores  judiciales a lo largo y ancho del país, con funciones  inocuas que constituye la causa  por  la puja de los partidos por obtener  ese  organismo estatal, el cual podría funcionar con  una tercera parte de su planta de personal, al igual que la defensoría del pueblo.

Una autoridad Nacional de televisión (ANT), heredera de la antigua comisión nacional  de televisión, con funciones anodinas, integrada por cuotas  de poder político  y sectorial, que le representa al Estado  un presupuesto anual de $ 283 mil Millones de pesos aproximadamente, como muchas entidades más, que bien podrían ser sometidas a la consideración y evaluación ciudadana mediante una encuesta de opinión, en donde el correo electrónico de los colombianos  podría ser el canalizador de esta medición.

Unas contralorías territoriales, que al decir del contralor Maya Villazón recién posesionado se han convertido  en un  nido  de corrupción en la provincia colombiana,  con  clara injerencia partidista, entidades que deberían  ser  eliminadas , sin contar  las cuantiosas sumas  invertidas en los programas de descongestión judicial con resultados negativos para  la justicia al día.

En síntesis, poseemos un  país con   una excesiva burocracia, de muchas normas, leyes, ordenanzas, acuerdos, decretos, directivas, circulares internas, muchas  de ellas  por encima de la ley, jefes jurídicos que legislan, ¿qué sentido tiene para su utilidad práctica,?  ninguna, por cuanto todo sigue igual, mal trato  al usuario, mal servicio, negligencia, dilación en las decisiones, descortesía hacia el ciudadano, el desconocimiento de los fallos de tutela, nepotismo en el sector público y remotas posibilidades de mejoramiento.

Todo lo anterior  merece una  sana reflexión respecto a la inmensa cantidad de  dinero del erario público que no cumple  con una  verdadera función social, sin contar  las ciclópeas sumas que  se lleva la corrupción en todas sus manifestaciones, que genera interrogantes  cuando se  alude a reformas  tributarias   con el fin de obtener mayores recaudos  para el fisco nacional.

Reconocemos que es obvio y obligación de todo ciudadano el pagar los impuestos, si se quiere llevar una vida social civilizada, que nos recuerda la expresión de Thomas Hobbes, “el impuesto es el precio de la paz”, o la de Voltaire, “pagar impuestos significa invertir una parte de nuestro patrimonio para conservar la otra“, pero se le  agregaría, atendiendo sanos criterios de equidad, razonabilidad y justicia social.

Adenda: Dura será la tarea del Min hacienda de convencer  al Congreso y a la ciudadanía de las bondades  de esta  cuestionada  reforma tributaria, en los momentos en que se  le  acusa  de ser  el jefe de debate de la inhabilitada aspirante  a la Procuraduría ternada por el presidente Santos, ( reforma del 2015 – puerta giratoria) recibiendo  dardos  de ser un funcionario rentista y clientelista, debiéndole además al país explicaciones sobre el sonado caso Dragacol en donde se configuró un inmenso deterioro patrimonial en contra del estado colombiano.

Bogotá, Octubre  25 2016.