11 de abril de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

INDULTO PARA EDWARD SNOWDEN

1 de octubre de 2016

En un editorial que causó polémica, el Washington Post pidió que no se le concediera indulto a Edward Snowden por haber filtrado material sobre el espionaje ilegal que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) realizaba en el resto del mundo y en territorio de ese país. Su posición, inesperada, demuestra la complejidad que el periodismo enfrenta ante las filtraciones obtenidas de manera ilegal, y lo difícil que es balancear la necesidad de informar con no fomentar la violación de la ley.

Snowden trabajaba para la NSA cuando descubrió que esa agencia estaba recolectando información en una cantidad sin precedentes en la historia. Todo sin autorización judicial en Estados Unidos y bajo un programa denominado Prism, que estaba permitido bajo las leyes estadounidenses, pero para obtener datos de personas en otros países. Por eso copió cerca de 1,5 millones de documentos con información clasificada y se los envió a cuatro medios: The Guardian, The Intercept, The New York Times y The Washington Post. Contrario a la táctica habitual de Wikileaks, donde todos los documentos de una filtración son publicados indiscriminadamente, Snowden les cedió a los periodistas la potestad de elegir qué publicar y qué no. Su interés, ha dicho siempre, es que el público sepa la puerta que abrió la tecnología para violar la privacidad de todos y que, a través de ese conocimiento, se empoderen y exijan cambios.

Desde entonces, la privacidad en la era digital se ha vuelto un tema de discusión mundial. Estados Unidos modificó sus leyes sobre el espionaje en su propia tierra y tuvo serios problemas diplomáticos con sus aliados cuando éstos se descubrieron vigilados. Snowden huyó, dado que lo quieren enjuiciar, y recibió asilo en Rusia. Tres de los cuatro medios que dieron a conocer las filtraciones le han pedido al presidente Barack Obama que le ofrezca el indulto por el aporte que le hizo al país al dar a conocer lo que ocurría. The Washington Post, en cambio, dijo que hacer eso sería fomentar la violación de las leyes para filtrar información.

Si bien el Post reconoce que la información publicada sirvió para provocar cambios legislativos en Estados Unidos, considera que haber dado a conocer Prism y cómo funcionaba la inteligencia de la NSA en otros países les hizo daño a las instituciones de su país. Dejando a un lado el hecho de que se priorice la privacidad de los estadounidenses por encima de las personas del resto del mundo, la incoherencia que salta a la vista en la posición del editorial es que fue el mismo Washington Post quien decidió publicar la información que ahora denuncia, y, por cierto, recibió con orgullo un premio Pulitzer por esa serie de artículos. ¿Puede un medio separarse de esta manera de su fuente?

Esa pregunta es vigente en Colombia también, donde es habitual que se viole la reserva del sumario cuando se filtran documentos que contienen información de interés nacional. Si unos datos han sido obtenidos de manera ilegal, pero hay un valor en que el público los conozca (como parece evidente en el caso de Snowden), es el rol del periodismo difundirlo, pero siempre teniendo de presente lo que está en juego. Tanto en el caso nacional como en el internacional, si los medios no realizaron la “chuzada” —como sí ocurría, por citar un ejemplo nefasto, con News of the World en Inglaterra—, no se puede argumentar que ellos tienen responsabilidad en el delito. Ahora, si la fuente es descubierta, es extraño que el medio que publicó la filtración no salga a defender el valor cívico que hay detrás del actuar de esa persona.

Snowden, a nuestro parecer, merece el indulto presidencial. Su actuar denota buena voluntad motivada por convicciones democráticas. Si un funcionario, sin importar su rango, se encuentra con violaciones a los derechos de las personas que están secretos, es su deber darlos a conocer, y los Estados deben reconocer el valor que ese tipo de filtraciones tienen para el bienestar del debate público de los países.