13 de abril de 2021
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Ganó la Constituyente y la sociedad civil

3 de octubre de 2016
Por Jaime Araujo Rentería
Por Jaime Araujo Rentería
3 de octubre de 2016

Jaime Araujo Rentería

jaime-araujo-renteriaSi de verdad queremos reconciliar a Colombia, hay que hacerlo desde abajo, desde la base, y no desde la cúpula de la clase política que fue rechazada en el plebiscito de ayer por la inmensa mayoría del 63% de abstención. Por este motivo, el único instrumento para hacerlo es desde una asamblea constituyente, democrática, con representación mayoritaria de la sociedad civil, sin limitaciones, que se ocupe de todos los asuntos que interesan a la sociedad civil; que cree las nuevas instituciones que hagan posible los cambios estructurales que requiere el Estado y la sociedad colombiana.

Conocido los resultados del plebiscito, los colombianos, en su mayoría miembros de la sociedad civil, víctimas de la violencia del Estado y de las Farc, consideró que Santos y Uribe son una misma cosa; que ambos, por igual, han violado sus derechos fundamentales al trabajo, a la salud, a la educación, a la igualdad, a la libertad, a la vivienda etcétera; que ambos defienden el mismo modelo económico y han sido socios –y lo serán en el futuro– en la guerra que han hecho contra los derechos del pueblo; que ambos proponían la cesación de un conflicto armado, sin justicia social.

La sociedad civil sabía que cualquiera que fuera el resultado, al día siguiente, los desempleados seguirían sin empleo; los estudiantes sin escuelas y los enfermos sin atención médica y hospitalaria;  los jóvenes sin oportunidades y las mujeres discriminadas; etcétera. Que lo único cierto, eran los nuevos impuestos que pagaría el pueblo, especialmente su clase media, ya que los más ricos no pagan con el argumento de la seguridad inversionista de Uribe y de Santos.

Las víctimas de la sociedad civil tenían claro que, como en el caso del proceso de “Paz” con los paramilitares, otra vez se les iba a violar su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y la garantía de no repetición.

Por estas razones fundamentales y por otras adicionales, fue que no acudieron a ratificar los acuerdos de La Habana, pues, sabían que no era la paz con justicia social, que es lo que anhelan.

La gran síntesis de la jornada electoral de ayer, es que Santos y Uribe, tanto juntos como individualmente, perdieron frente a la sociedad civil con derecho a voto, pues, ese 63% de abstención es casi el doble del 37.1% que acudió a votar el plebiscito y que representan el 13.5% por el sí; y el 13.5% por el no, sin contar los votos nulos y votos no mercados (170.946+ 86.243= 257.189); más de un cuarto de millón de colombianos que también los rechazaron.

La nueva ‘avivatada’

Por eso sorprende que tanto Uribe como Santos propongan ahora, como fórmula mágica para enfrentar el rechazo de que ambos fueron objeto, un nuevo pacto para repartirse el poder y el gobierno entre ellos; otro acuerdo sin justicia social y con una nueva violación de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, que volverá a excluir al 63% de la sociedad civil (cerca de 21 millones de ciudadanos) y de otros miembros que vienen a ser esos 13 millones más de compatriotas que no votan, por ser menores de edad, pero que, como personas tienen los mismos derechos humanos que tienen los ciudadanos y por lo mismo hacen parte de la sociedad civil y deben ser tenidos en cuenta al momento de decidir sobre su destino.

Es importante recordarle a Uribe y a Santos que muchos de los votos que obtuvieron por el sí y por el no, fueron de miembros de la sociedad civil a quienes no se les dio otras opciones, como el voto en blanco o el voto por la constituyente, que no son amigos ni de la guerra de Uribe ni de “La Paz” excesivamente imperfecta de Santos, pues, quieren más que la cesación parcial de un conflicto armado, la paz con justicia social; esto es, con derechos humanos.

Como También es importante recordarles que no deben seguirle mintiendo a la sociedad civil, ya que si bien el presidente es el responsable del orden público, no es el dueño de la paz, pues, este es un derecho que ya tenemos los colombianos en el artículo 22 y que no vamos a dejárnoslo quitar ni Uribe ni de Santos, ni de la FARC.

No basta con que el presidente reconozca su derrota; es necesario que asuma las consecuencias de la misma, como las asumió David Cameron, el primer ministro inglés, cuando perdió su propuesta de continuar en la unión europea; como las asumió el general Charles de Gaulle, cuando el pueblo francés le dijo no a su propuesta; como debió asumir las consecuencias también un dictador como Pinochet, cuando perdió su plebiscito en Chile.

En el caso de Colombia, como quiera que el plebiscito involucró a todo el gobierno, que hizo campaña por el sí (sin respetar la sentencia de la corte constitucional), entonces, todo el gobierno debe asumir su responsabilidad política; y en política, la responsabilidad se asume ¡renunciando!.

Ha llegado el momento en Colombia de nombrar un gobierno provisional, cuyo primer acto, sea la convocatoria inmediata de una asamblea nacional constituyente, con representación mayoritaria de la sociedad civil (no de la clase política); esto es de las organizaciones sociales, democrática, sin limitaciones que cree las nuevas instituciones que hagan posible los cambios estructurales que requiere el Estado y la sociedad colombiana.