11 de abril de 2021
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Una paz esquiva

26 de septiembre de 2016
Por Albeiro Valencia Llano
Por Albeiro Valencia Llano
26 de septiembre de 2016

albeiro valencia

Casi todos los gestos de paz que se han dado en el país fallaron, por la indecisión de una de las partes, por la mala fe y porque no han faltado los palos en la rueda. El general Rojas Pinilla, interesado en terminar la violencia política que se desató después del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, prometió una amnistía general (13 de junio de 1954) para los combatientes y logró la entrega de casi todas las guerrillas liberales. Guadalupe Salcedo encabezó una marcha con sus rebeldes y depusieron las armas ante el general Alfredo Duarte Blum; sin embargo, el 6 de junio de 1957 se encontraba Guadalupe reunido con sus amigos en una cantina en Bogotá, cuando fue rodeado por varios agentes de policía, quienes los asesinaron sin ninguna explicación. Ya había sucedido lo mismo con otros jefes liberales en Tolima, Huila, Santander, Magdalena y los Llanos Orientales, abatidos por organismos del Estado, después de firmar la paz. Ante los hechos, numerosos excombatientes engrosaron las filas del entonces dirigente liberal Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda Vélez). El intento de Rojas falló porque el gobierno militar no le quiso garantizar la vida a los guerrilleros que abandonaron las armas.

Durante el gobierno de Julio César Turbay se produjo otra amnistía. En los cuatro años de su administración (1978-1982) hubo numerosos hechos que agitaron el orden público y el país nacional por cuenta de las guerrillas, las mafias, el paramilitarismo y las operaciones encubiertas en Colombia. Se aplicó la Doctrina de la Seguridad Nacional, que era la visión de un mundo bipolar enfrentado irreconciliablemente. Los momentos más difíciles para el gobierno fueron los siguientes, protagonizados por el M-19: el robo de más de cinco mil armas en la guarnición militar del Cantón Norte de Bogotá, a principios de 1979; la toma de la embajada de República Dominicana, en febrero de 1980, y la invasión por la costa Pacífica (departamentos de Nariño y Chocó), que realizaron varias columnas guerrilleras. Era tal el caos político y social que se presentó el vacío de poder y el gobierno promulgó el Estatuto de Seguridad, amparado en la figura del Estado de Sitio; en este ambiente se dispararon las medidas represivas.

Frente a la aguda crisis el presidente Turbay firmó la “Ley de Amnistía” (23 de marzo de 1981), para facilitar la entrega incondicional de los levantados en armas, pero fue un tremendo fracaso. En consecuencia, el gobierno conformó una comisión de paz, dirigida por el expresidente Carlos Lleras Restrepo e integrada por representantes de los partidos liberal y conservador, las fuerzas armadas y la Iglesia (noviembre de 1981); pero esta comisión se desintegró a mediados del año siguiente, porque se presentaron serias discrepancias con los organismos castrenses que no permitieron que se reunieran con los grupos guerrilleros.

La estrategia política de Belisario

En medio del desgobierno, dijo el general José Joaquín Matallana que el país se encontraba ante una “guerra podrida” y que “ni la fuerza pública por sí sola puede liquidar el problema de la violencia revolucionaria, ni los grupos armados que buscan el poder pueden lograrlo por la fuerza”. Esto lo entendió muy bien el candidato presidencial Belisario Betancur quien prometió buscar una solución política y no exclusivamente militar para la interminable violencia que padecía el país; con la bandera del “sí se puede” derrotó a su contrincante Alfonso López Michelsen y alcanzó la mayor votación en la historia del país. Tan pronto se posesionó desarrolló su política de paz; así, el 19 de septiembre de 1982 constituyó la Comisión de Paz, integrada por 39 personas y presidida por Carlos Lleras Restrepo, a quien luego reemplazó Otto Morales Benítez.

En un contundente gesto de buena voluntad, dirigido a los grupos guerrilleros, el Congreso aprobó la Ley de Amnistía, el 19 de noviembre de 1982, que benefició “a los autores, cómplices o encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos, cometidos antes de la vigencia de la presente ley”. El país acogió con entusiasmo la amnistía y salieron de las cárceles 535 presos políticos: 417 del M-19, 23 del ELN, 60 de las FARC, 31 del comando Pedro León Arboleda y 4 de Autodefensa Obrera.

En esta tregua todas las guerrillas del país coindicen en buscar la paz y la apertura democrática. El 28 de marzo de 1984 la Comisión de Paz y el Estado Mayor de las FARC firmaron, en La Uribe, el documento de cese al fuego que empezó a regir dos meses después. En estos acuerdos se estipula que “los integrantes de las FARC tendrán derecho a organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión […] (para lo cual) el gobierno les otorgará, de acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes”.

Sobre esta base las FARC crearon el movimiento Unión Patriótica, el 11 de mayo de 1985, y se convirtió en un fenómeno político gracias al voto de opinión; para las elecciones de marzo de 1986 el movimiento obtuvo cinco senadores, nueve representantes, 18 diputados y 335 concejales. Pero surgieron los “enemigos agazapados de la paz” y crearon diversas organizaciones paramilitares, financiadas y orientadas por una inmensa cantidad de mecenas, ubicados en posiciones de poder. Y llegó el exterminio del movimiento político, porque el Estado no tomó las medidas necesarias para impedir la campaña sistemática del asesinato de sus líderes, militantes y simpatizantes. Ante las frustraciones se agudizó la guerra y la paz tuvo que esperar otra coyuntura política.