Tribunal Superior dejó en firme proceso contra Luis Alfonso Hoyos
El exasesor espiritual de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga es procesado por ordenar recolectar información reservada del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.
EL ESPECTADOR
BOGOTÁ, 02 de septiembre de 2016. Por unanimidad la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme el proceso que se adelanta en contra de Luis Alfonso Hoyos Aristizábal por presuntamente haberle ordenado al ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda Ardila obtener información y datos reservados de los negociadores de la guerrilla de las Farc en el proceso que se adelantaba en La Habana (Cuba) con el Gobierno.
Al resolver un recurso de apelación presentado por la defensa del exasesor espiritual de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga la Sala consideró que no se presentó ninguna violación a sus derechos procesales. En este sentido reseñó que Hoyos Aristizábal fue citado en julio de 2015 a audiencia de imputación de cargos, sin embargo además de no acudir salió del país argumentando falta de garantías procesales.
Para los magistrados, la solicitud de contumacia presentada por la Fiscalía General fue justificada y no vulneró el derecho a la defensa ni al debido proceso del procesado. Cita que pese a que existían acciones de tutela por estas citadas vulneraciones las mismas iban dirigidas a comentarios hechos por el entonces director del CTI, Julián Quintana y no a los trámites procesales.
En el fallo dado a conocer este jueves en audiencia pública se manifestó que hay una constancia que las tutelas presentadas fueron negadas en diferentes instancias judiciales. “Cierto es que el procesado no ha comparecido”, precisó el magistrado ponente al manifestar que pese a que se sabe que está en Miami (Estados Unidos) nunca se ha dado una dirección exacta para localizarlo y citarlo.
“Ha contado con una defensa técnica adecuada”, precisó el ponente del caso al asegurar que no se presentó ninguna violación a los derechos procesales cuando se avaló procesarlo como persona ausente. Para la Sala Penal tampoco existe méritos o argumentos para declarar la nulidad de todo lo actuado como lo pidió su abogado defensor.
La acusación
Considera la Sala que la Fiscalía General explicó de manera clara durante la audiencia de imputación de cargos la presunta participación de Hoyos Aristizábal en los delitos de espionaje y uso de software malicioso.Incluso existe un registro de audio en la cual su abogado defensor indica que no tiene más dudas sobre el tema, excepto por la identidad de las personas con las que se habría concertado su defendido para delinquir.
En su concepto la imputación de cargos cumplió con los requisitos exigidos por la ley, es decir fue clara y transparente. “No se advierte exabruptos jurídicos”, precisó el magistrado al rechazar la petición de la defensa del imputado frente a las falencias que habrían rodeado la imputación de cargos celebrada el 21 de agosto de 2015 en el complejo judicial de Paloquemao.
Según la investigación de la Fiscalía General, Hoyos Aristizábal contactó al ‘hacker’ Sepúlveda debido a su capacidad para obtener información de carácter reservado y secreto. La idea era obtener datos sobre unos negociadores de la guerrilla de las Farc en las negociaciones de paz.
Para el ente investigador esto se trataba de un secreto político y no podía estar en manos de personas no autorizadas o de un particular. Esta información solamente podía ser revelada por el Presidente de la República, de no ser así se considera una actividad delictiva puesto que afecta la seguridad nacional.
El papel de Hoyos
No apareció su imagen pero si su voz en el video revelado en marzo de 2015 por la Revista Semana. En las imágenes aparece el entonces candidato presidencial por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga en la oficina ubicada en el norte de Bogotá con el experto en informática.
En la misma se hace referencia a la necesidad de conseguir información para darle “un duro golpe” al proceso de paz. Para la Fiscalía General el objetivo de esa información era adelantar una campaña de desprestigio en contra de las negociaciones publicando datos reservados en redes sociales.
Era un arma de doble filo puesto que también se quería afectar la imagen del entonces candidato presidente Juan Manuel Santos. Se obtuvo a información reservada del Ejército y a bases de datos de desmovilizados de la guerrilla y otros grupos armados ilegales y del grupo antiterrorismo de la Sijín, evidentemente era información reservada y no podía estar en manos de un particular.
“Demostró claros intereses para atacar el proceso de paz”, explicó el fiscal en referencia a Hoyos Aristizábal. Pese a que su formación profesional y su extensa experiencia sabía que esta información era reservada y afectaba la seguridad nacional, sin embargo, no presentó denuncia formal ante las respectivas autoridades.
La publicación de esta información reservada puso en riesgo la integridad de los desmovilizados de los grupos armados ilegales esto debido a que entregan datos reservados sobre los frentes de los que se desmovilizaron,ubicación, anillos de seguridad, gustos y riesgos de los comandantes guerrilleros.
Esta información no puede caer en manos de particulares puesto que es de uso exclusivo de las agencias de inteligencia. “Se puso en riesgo la seguridad del Estado, afectando el sometimiento a las autoridades por parte de los miembros de grupos armados ilegales” que existe desde hace 15 años.
