28 de marzo de 2024

Corte Constitucional tumba Tribunal de Aforados y revive Comisión de Acusación

15 de julio de 2016
15 de julio de 2016

BOGOTA, 15 de julio de 2016 (RAM) La Reforma al Equilibrio de Poderes, el acto legislativo bandera del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, aprobado por el Congreso de la República en junio del 2015, sufrió un nuevo descalabro por parte de la Corte Constitucional, al declarar inexequible el ‘articulito’ que tumbaba la inoperante Comisión de Acusaciones, a cambio de la creación del Tribunal de Aforados, que permitiría juzgar a altos funcionarios del Estado como, los magistrados de las altas cortes y al Fiscal General de la Nación.

Han herido de muerte a la aplaudida Reforma de Equilibrio de Poderes, en un segundo round de demandas, pues, aparte de darle continuidad a la Comisión de ‘Absoluciones’ (Comisión de Acusaciones) la cuál reemplazaría al Tribunal de Aforados, a comienzos del mes de junio, el Alto Tribunal revivió la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (los administradores de la Rama Judicial) la cual, se anulaba en el mencionado acto legislativo.

Con la ponencia del magistrado Alejandro Linares, la Corte Constitucional dio fin al acto legislativo, argumentando que al haberse aprobado la eliminación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y en su lugar crear el Tribunal de Aforados, se generó una sustitución de la Constitución y hubo vicios de procedimiento al violarse el principio de conectividad.

La Corte estudió una demanda que presentó el exfiscal General Eduardo Montealegre, quien estimaba que la eliminación del antejuicio político que se hace ahora en la Comisión de Acusaciones de la Cámara para después procesar a un aforado por la presunta comisión de un delito, sustituyó a la Constitución Política.

Para Montealegre era también de suma gravedad que la Comisión no había quedado listada en la Constitución entre los organismos que pueden administrar justicia. “Esto no es un juego. Primera vez en el país que se abre una tesis que fue abolida en la Constitución de 1991 de que existan funcionarios que puedan afectar derechos fundamentales sin jueces”, señaló en su momento.

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Con este nuevo reversazo en el acto legislativo de iniciativa gubernamental con el que se busca generar cambios constitucionales respecto al balance y ajuste entre las varias instituciones que conforman el Estado, casos como el del expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, acusado por presuntamente recibir dádivas a cambio de emitir fallos resolutorios a favor de terceros, continuarán en el limbo, pues la Comisión de Acusación, encargada de investigar a los altos funcionarios, solo ha fallado un solo caso, el del General Rojas Pinilla, (presidente de Colombia entre 1953 y 1957) quién resultó condenado por el Congreso, en 1959, y declarado indigno por abuso de autoridad y concusión, pero siete años después, la propia Corte Suprema de Justicia, absolvió al general y le devolvió sus derechos políticos y civiles.

De cierto es que, al parecer, el legislativo adoptará la iniciativa de una Nueva Constituyente, para realizar de forma y de fondo una verdadera “Reforma de Equilibrio de Poderes”.