El fin de un melodrama
JOSE FERNEY PAZ QUINTERO
ABOGADO CONSULTOR
Con la expedición del decreto presidencial en virtud del cual se acata una decisión judicial como debe ser en un Estado de derecho, encargándose de la gobernación del departamento de Caldas al Dr. Gabriel Vallejo, quién seguramente no ejercerá esa delegación por conocerse la terna que presenta el partido de la U. por ser su avalista electoral, se baja el telón del melodrama procesal que se montó alrededor de la orden de una sección del Consejo de Estado de suspensión provisional dando por terminado al parecer por ahora, la anarquía jurídica, judicial, abuso del derecho patrocinado por el encartado funcionario y sus asesores.
El empleo de vías antijurídicas, las dilaciones, estratagemas, recusaciones, recursos indebidos, generando un protagonismo mediático, e invocación como argumento de distracción de un concepto de la Sala de consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ajena a sus competencias contenciosas, como si tuviese fuerza vinculante y constituyera precedente jurisprudencial para la sala de conocimiento por cuanto no ejercen funciones jurisdiccionales, convirtieron un asunto de puro derecho, en un viacrucis procesal con graves consecuencias para la institucionalidad.
Se ha sostenido que la vida en sociedad impone la represión de la mala fe, del egoísmo y de actos, aún triviales que origina una persona en el ejercicio de sus derechos, en detrimento de otros, que nos permite distinguir entre la facultad que corresponde a su titular y la forma o modo como se hace uso de esa facultad, surgiendo de esta distinción la noción del acto abusivo.
Lo anterior para hacer referencia a la” mise en scéne “ que se montó en el caso de la demanda de nulidad contra la elección del Gobernador de Caldas, con suspensión provisional decretada por la sección 5 del Consejo de Estado, medida cautelar que con las nuevas normas de CPACA puede darse con la sola confrontación entre el acto demandado y las normas superiores invocadas como trasgredidas, operándose un cambio frente al anterior Código Contencioso que demandada la violación manifiesta, sin que ello implique prejuzgamiento, decisión que fuera objeto de toda clase de recursos, artimañas, ardides dilaciones, recusaciones, para evitar su cumplimiento o prolongar una continuidad en el cargo, que le permitió la realización de actos de gobierno y una excesiva contratación vigente hasta el 2019, con cuestionamientos por algunos sectores que deberán ser objeto de revisión por el gobernante entrante, como por los organismos de control para evitar sorpresas mayores.
El abuso del derecho según Marcel Planiol, en su obra “tratado elemental del derecho, puede equipararse a un acto ilícito, por estar obrándose sin derecho, por cuanto el derecho cesa donde el abuso comienza y que el acto abusivo, puesto que es ilícito, no puede importar el ejercicio de un derecho.”
De igual manera resulta interesante recordarle al funcionario demandado, como abogado que lo es, los conceptos de la doctrina francesa encabezados por León Duguit y Josserand, acogidos por la legislación colombiana, cuando afirman que los derechos subjetivos son relativos y no absolutos, esto es que no se pueden ejercer ilimitadamente y quienes abusen de ellos en detrimento de los intereses de los demás, que en el caso presente no es más que la sociedad caldense, deberán responder por sus inadecuadas conductas.
Caldas, integrada por una sociedad decente, culta, laboriosa, trasparente en sus principios, todavía está a tiempo de recuperar el tiempo perdido en su desarrollo político administrativo, pero para ello se requiere unidad de propósito de todos sus estamentos, aunando esfuerzos para rescatar el buen gobierno y la moral administrativa, en declive, departamento otrora de gran peso en el concierto nacional.
Que se ejerzan los derechos de defensa, es un principio constitucional, que se respete el debido proceso, es un postulado universal, pero a través de una controversia leal frente a la administración de justicia y no utilizando el subterfugio jurídico y menos aún responsabilizar al sistema judicial de las anómalas actuaciones y ambiciones de quien aspiró y de quienes lo avalaron, a sabiendas de la inhabilidad que sobre el candidato cernía, al tratarse de una prohibición inteligible, fácil de entender por cualquier persona con uso de razón, que no deja duda alguna, cuando el precepto legal señala, ”los gobernadores serán elegidos popularmente para periodos institucionales de cuatro años y no podrán se reelegidos para periodo siguiente“, por cuanto su misión no es más que ante la demanda instaurada , fallar en derecho.
De allí, que resulte incomprensible leer las declaraciones del gobernador saliente al tener conocimiento del acto administrativo presidencial de encargo, reproducidas por los medios de comunicación, cuando manifiesta, “Seré respetuoso de las decisiones judiciales,” cuando demostró todo lo contrario a lo largo de ese peregrinaje de trabas con apariencias jurídicas, tratando de impedir el cumplimiento de una decisión de ejecutoria inmediata, por cuanto esa es la finalidad que se persigue con la figura de la “ suspensión provisional, cuando es ordenada por un juez de la republica, no dudando en calificar esa desdeñosa manifestación como la frase de la semana.
Que mal momento la de esta sección territorial, todo por las ambiciones sin horizonte de unos pocos.
Adenda: Es una verdad de Perogrullo, que la sociedad necesita de un Estado, el que debe ejercer sus funciones de manera eficiente y con sentido ético, dejando de lado las inequidades en la tributación, el desbordado gasto público en ocasiones para satisfacer intereses diferentes a los sociales.
Imposible pedirle más esfuerzos tributarios a una población que debe asumir una avalancha tributaria de más de 70 gravámenes entre nacionales, departamentales, y municipales, con anuncio de una reforma integral (por definir, antes del plebiscito o después), teniendo como base el incremento del IVA en dos puntos, con afectación directa de las clases populares en su canasta familiar.
Al ser los partidos políticos los canalizadores de la opinión ciudadana, es de esperarse que por lo menos el liberal, salga en la defensa de esa extensa población totalmente desprotegida, que escasamente puede atender su precaria subsistencia.
Obvio que se deben pagar los impuestos para poder llevar una vida social civilizada, o como lo afirmara Thomas Hobbes, “el impuesto es el precio de la paz”; o la de Voltaire, “pagar impuestos significa invertir una parte de nuestro patrimonio para conservar la otra”, pero se le agregaría, atendiendo a criterios de razonabilidad y equidad.
Si se atacara la evasión, la elusión perversa, (a veces con interpretaciones amañadas y abusiva de la ley), no se tendría que acudir año tras año a reformas tributarias, que vienen asfixiando al contribuyente que observa cómo se incrementa el gasto público, la corrupción en todas las esferas y la desaforada nómina paralela, los cupos indicativos, para satisfacer cuotas políticas que luego se traducen en apoyo al sistema de gobierno.
Bogotá, Julio 26 del 2016