13 de abril de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Control a fotomultas surte su primer debate en Senado

9 de junio de 2016
9 de junio de 2016

 

 

foto multas en chinchina

BOGOTA, 09 de junio de 2016 (RAM) La Comisión VI de Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca regular las fotomultas en el país al establecer la obligatoriedad de un concepto previo para la instalación de las mismas.

El senador Lizcano aseguró que la iniciativa busca acabar el negocio de particulares y municipios de foto detección “tramposa y a dedo”.

“El poner sistemas de cámaras y fotomultas a dedo, sin establecer unas características claras, no ayuda en la nada la movilidad y sólo se presta para el gasto de recursos públicos”, agregó.

Lizcano dijo que con la iniciativa no solo impone un concepto previo a la instalación, sino que se define que una vez entre en vigencia de ley, el Ministerio de Transporte reglamentará lo pertinente a calibración, ubicación y condiciones bajo los cuales se puede utilizar los sistemas de foto detección y/o cualquier otro medio tecnológico de medición de velocidad.

“Al imponer un concepto técnico obligatorio se elimina la posibilidad de instalar cámaras y restricciones a la movilidad y se corrige la incoherencia entre las condiciones de estado de vía e infraestructura y la señalización de la misma, incluidos máximos de velocidad”, explicó.

ABC del proyecto 

¿Qué propone el proyecto?

El proyecto de ley No. 102 de 2015 – Senado propone incluir un concepto técnico obligatorio previo a:

  1. La instalación, puesta en operación y cobro de multas impuestas mediante fotomultas y otros mecanismos técnicos.
  2. La instalación de resaltos o cualquier elemento de señalización de vías.

Si el concepto no existe, o es negativo, no podrá instalarse, operarse o cobrarse una multa por este mecanismo.

¿Quién daría el concepto técnico?

La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, si la vía es nacional; y/o el Ministerio de Transporte, si la vía es competencia de Alcaldes y Gobernadores.

¿Cómo funciona hoy?

Las entidades territoriales tienen competencia de acuerdo al Código Nacional de Tránsito, de usar los mecanismos tecnológicos, incluidas las fotomultas, para ejercer la vigilancia de las vías.

Los recursos recaudados van a planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial, de acuerdo al art. 160 de la Ley 769 de 2002.

La ley actual sólo establece dicha competencia, pero no determina ningún criterio técnico para su implementación.

¿Cuál es el problema?

Que la movilidad es un propósito estrechamente ligado con criterios técnicos y si no se aplican, los esfuerzos realizados a la fecha para mejorar la malla vial del país no rendirán ningún fruto.

El poner sistemas de cámaras y fotomultas ‘a dedo’, sin pensar en las características de la vía, no ayuda en nada a la movilidad, y sólo gasta recursos inútilmente.

Si se continúa así, no tendremos un país mejor conectado y más competitivo.

¿Cómo así que se convirtió en un negocio?

Cualquier poder o competencia puede utilizarse mal. En este caso, hay ciertos lugares donde se han impuesto, por ejemplo, límites de velocidad o señalizaciones que no concuerdan con la malla vial y que por supuesto la gente termina incumpliendo y generando multas, las cuales se cobran. Eso ya es un problema, pues son multas derivadas de señalizaciones incoherentes, y por lo tanto, injustas. Pero además deben sumarse los problemas de uso de estos recursos.

Es, en otras palabras, crear restricciones ridículas para generar grandes cantidades de dinero a costa del ciudadano y de la movilidad del país, dinero que muchas veces termina en corrupción.

¿Cuál es el problema de las concesiones?

En varios casos los sistemas de fotomultas no los instala o cobra directamente la entidad territorial, sino que lo concesiona. El contratar con terceros es legal. El problema es que a veces la distribución del recaudo es dispar: la entidad territorial se queda con lo menos, y el operador con la mayor parte. Incluso en algunos casos se establecen mínimos de recaudo, y si no se llega a estos, le corresponde a la entidad territorial ‘completar la cuota’ con sus recursos.

No hay que olvidar que estas son concesiones que duran hasta 20 años: esto significa permitir que una empresa se lucre durante 20 años por multas injustas y anti técnicas.

¿Cómo corrige el proyecto estos problemas?

Al imponer un concepto técnico obligatorio se elimina el instalar cámaras y restricciones a la movilidad ‘a dedo’.

También se corrija la incoherencia entre las condiciones de estado de la vía e infraestructura y la señalización de la misma, incluidos máximos de velocidad, permitiendo una movilidad no sólo mayor sino también justa.

Finalmente, se le pone una traba a la corrupción, restringiendo la posibilidad de generar recursos injustamente, y de que se contrate elementos y servicios innecesarios con recursos del estado.

¿Qué pasará con los mecanismos que ya se encuentran instalados?

Quedan suspendidos hasta contar con el concepto. Deberán modificarse de acuerdo a lo que diga el concepto, y desmontarse si el concepto es negativo.

En cuanto a los resaltos y mecanismos de señalización, tendrán 4 meses para tramitar el concepto y actuar acordemente. Si no se tramita, alcaldes y gobernadores tendrán que retirar sin excepción estos elementos, so pena de sanción por mala conducta.