28 de marzo de 2024

La inútil guerra contra las drogas

8 de mayo de 2016
Por Albeiro Valencia Llano
Por Albeiro Valencia Llano
8 de mayo de 2016

albeiro valencia

A pesar de todas las guerras contra las drogas prohibidas, y de los deseos por lograr un mundo libre de estupefacientes, hoy, 246 millones de personas son consumidoras habituales; el problema es más grave en Estados Unidos, donde las sobredosis son la primera causa de muerte no natural, pero, además, el país tiene la población carcelaria más grande del mundo, debido a la estrategia punitiva.

Desde el año 2012 el gobierno de Colombia inició un debate para revisar el paradigma prohibicionista que, en política de drogas, funciona en el mundo desde hace más de 40 años. En esta tarea recibió el acompañamiento de México y Guatemala, hasta alcanzar el apoyo de la región y el debate global sobre drogas, en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas (Ungass 2016), que se realizó entre el 19 y 21 de abril, en Nueva York. Los 193 miembros discutieron el borrador de resolución que se negoció en la Comisión de Estupefacientes de Viena; sin embargo, se logró muy poco para la magnitud de semejante problema.

La estrategia del presidente Richard Nixon

En el año 1971 el presidente Nixon declaró que las drogas ilícitas eran el principal enemigo de la humanidad y, poco tiempo después, desató una guerra total contra esta amenaza; así se explica la creación de la DEA (Drug Enforcement Adminstration), que algunas décadas después se había convertido en una poderosa agencia, con un gigantesco presupuesto, una fuerza de más de 10 mil personas y con una dotación de buques modernos, aviones, satélites de comunicación, radares y armas, para ejercer su función en más de 60 países de todos los continentes. El gobierno colombiano se sumó a este reto, como era de esperarse, y obtuvo a cambio miles de muertos, afectó la democracia, transformó la cultura, fortaleció las mafias y alimentó el conflicto interno.

Lo más lamentable es descubrir las razones que tuvo Nixon para esta guerra. El pasado mes de abril, la revista Harper’s publicó una declaración de John Ehrilichman, quien fue asesor del presidente, y explicó sobre el tema que Nixon tenía como grandes enemigos, la izquierda que se oponía a la guerra de Vietnam y los negros. Como no los pudo condenar en forma abierta decidió asociar a los “hippies” con la marihuana y a los negros con la heroína; de este modo criminalizó la droga, aunque la razón era una mentira. Pero pasaron los años y cuando se hizo el balance de esta política se descubrió que a Estados Unidos le convenía la guerra contra las drogas; allí hay grupos mafiosos que controlan el negocio, pero permanecen invisibles, de allá salen armas para la guerra que se vive en México, Colombia y otros países y a cambio reciben los dólares que produce el lucrativo negocio; en cambio nuestros países se quedan con la guerra, con el conflicto armado, con las mafias, con los muertos, con los desplazados y con las migajas que deja el mercado ilícito.

Una guerra bien perdida

Esta guerra contra las drogas ha resultado muy costosa, no logró los objetivos y produce más violencia; por eso aparecen nuevos actores criticando la política de Washington. Numerosos líderes de América Latina manifiestan su preocupación por la agudización de la violencia en estos países, donde se vive la tragedia de la droga, y le reclaman a Estados Unidos que cumpla su compromiso de responsabilidad compartida, reduciendo el consumo y controlando el tráfico de armas. Pero también los estadounidenses, piden repensar esta política; tres de cada cuatro encuestados piensan que la guerra fracasó; es que el país tiene la población carcelaria más grande del mundo, debido a la estrategia punitiva y por eso la gente plantea reemplazar la prohibición por la regularización del suministro y consumo de sustancias psicoactivas. Pero la cultura ha cambiado. En Holanda y Suiza las estrategias no represivas redujeron los problemas asociados al consumo de drogas, porque evitan la marginalización de los adictos. Por ejemplo, en Holanda se permite la venta y consumo de marihuana y hachís en los coffee-shops y, sin embargo, reporta el uso de drogas por debajo del promedio de Europa. En Estados Unidos 23 estados permiten la marihuana para usos medicinales y cuatro incluyen fines recreativos; Portugal, incluso, despenalizó el consumo de cocaína. Y mientras algunas naciones de Occidente han venido dando un giro, muchos países de Asia, y en especial los musulmanes, consideran que el consumo de drogas hay que atacarlo con medidas radicales, como la pena de muerte.

En Colombia ya sabemos lo que nos ha costado esta guerra; miles de compatriotas perdieron la vida, los carteles corrompieron a funcionarios del Estado en todos los niveles y ramas, contagiaron a los grupos guerrilleros, a los paramilitares y, hoy, las bandas criminales construyeron estructuras modernas y complejas, con ramificaciones en otros negocios como la minería. En esta costosa guerra el gobierno de Estados Unidos invirtió 9 mil millones de dólares en el Plan Colombia y el país, cada año, el seis por ciento del PIB. Por todo esto Colombia es una nación con autoridad moral y puede replantear la lucha antidrogas. En esta dirección se han venido tomando medidas radicales: en mayo de 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó suspender las fumigaciones con glifosato, que se había usado como uno de los símbolos del Plan Colombia; aquí se apoyaron en un informe de la Organización Mundial de la Salud que prendía las alarmas porque podía ser cancerígeno. Sobre esta medida, que implicaba un importante grado de rebeldía, se pronunció The New York Times, en un editorial, registrado con asombro como Colombia, uno de los países “más dóciles y dispuestos”, se atrevía a desafiar la autoridad de Estados Unidos.

Otra medida importantísima sobre el mismo asunto fue la legalización de la marihuana medicinal; y el pasado 15 de marzo la Corte Suprema de Justicia determinó que “la dosis mínima es la que cada persona necesite”. En otra sentencia el alto tribunal aclaró que esta jurisprudencia era para tratar al consumidor y no para proteger el microtráfico. Sobre este tema ya se habla de un gran mercado para explotar; la legalización de la marihuana, para fines medicinales, aparece como una oportunidad empresarial para tratar las enfermedades crónicas de una manera diferente. Y el debate sobre las drogas va girando hacia el concepto de libertad de los seres humanos, si el libre albedrío debe incluir la posibilidad de hacerse daño. Recordemos que la Corte Constitucional dijo, en 1993, que los ciudadanos pueden “decidir sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia”.

Por último, el presidente Santos perdió una gran oportunidad en la Asamblea General de la ONU, pues dijo que “Colombia no aboga por la legalización de las drogas ilícitas”. Habría sido suficiente con reconocer el fracaso del modelo antidrogas, porque solo con la legalización del comercio y la despenalización del consumo se acabaría esta larga guerra. El consumo de drogas es un problema de salud pública y de libertad individual y su prohibición creó un inmenso y lucrativo mercado controlado por las mafias del narcotráfico.