13 de abril de 2021
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Aprueban fumigación manual con glifosato contra los cultivos ilícitos

5 de mayo de 2016
5 de mayo de 2016

BOGOTA, 05 de mayo de 2016 (RAM) Durante su primera sesión extraordinaria de este año, el Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó a la Policía Nacional como ejecutor de la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre con el herbicida glifosato.

La aplicación de este método deberá estar acompañada de la presentación de los protocolos de salud ocupacional y otras medidas requeridas por el Ministerio de Salud, que permitan reducir los posibles impactos negativos y garantizar la protección de las personas que trabajen en terreno, así como de las comunidades que vivan cerca al área asperjada.

La aspersión terrestre empezará a regir luego de que se modifique el Plan de Manejo Ambiental adecuado a la aspersión terrestre con glifosato y se presenten los resultados de seguimiento. Una vez inicien las operaciones, el Puesto de Mando Unificado para la Erradicación de Cultivos Ilícitos revisará los resultados que arroje la revisión mensual a esta medida. Adicionalmente, el Consejo Nacional de Estupefacientes realizará una evaluación semestral del método de aspersión terrestre.

Esta evaluación deberá atender a los criterios de impactos en la salud, medio ambiente, costo y eficiencia.

Luego de que la fumigación aérea con glifosato como medida contra los cultivos ilícitos fuera suspendida por orden del presidente Juan Manuel Santos, siguiendo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que relaciona al herbicida con cáncer, el Consejo Nacional de Estupefacientes, CNE, ha aprobado de nuevo su aspersión, pero únicamente de manera manual.

No solamente se ha definido su forma de riego, el CNE además ha definido que se tendrá que implementar un protocolo de seguridad, proponer un plan de manejo ambiental y que se lleve a cabo una evaluación a la prueba piloto.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, mediante Resolución 1214 del 30 de septiembre de 2015, había ordenado la suspensión de las actividades del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con Glifosato (PECIG) en el territorio nacional, amparadas por el Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante la Resolución 1065 de 26 de noviembre de 2001, modificada por las Resoluciones 1054 de septiembre 30 de 2003, 0099 de enero 31 de 2003 y 672 de julio 4 de 2013, cuyo titular es el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Por su parte, el general José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, anunció que por la suspensión de la fumigación aérea con glifosato, se han incrementado los cultivos ilícitos en Colombia.

“Retirar de la estrategia la aspersión aérea de cultivos, por supuesto es un evento que no favorece, situación que teníamos para vencer los cultivos ilícitos y el aumento de ellos y al no tenerla pues debemos hacer los mayores esfuerzos, con la erradicación manual y como digo con la interdicción”, dijo Mendoza.

Durante su primera sesión extraordinaria de este año, el Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó a la Policía Nacional como ejecutor de la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre con el herbicida glifosato.

La aplicación de este método deberá estar acompañada de la presentación de los protocolos de salud ocupacional y otras medidas requeridas por el Ministerio de Salud, que permitan reducir los posibles impactos negativos y garantizar la protección de las personas que trabajen en terreno, así como de las comunidades que vivan cerca al área asperjada.

La aspersión terrestre empezará a regir luego de que se modifique el Plan de Manejo Ambiental adecuado a la aspersión terrestre con glifosato y se presenten los resultados de seguimiento. Una vez inicien las operaciones, el Puesto de Mando Unificado para la Erradicación de Cultivos Ilícitos revisará los resultados que arroje la revisión mensual a esta medida. Adicionalmente, el Consejo Nacional de Estupefacientes realizará una evaluación semestral del método de aspersión terrestre.

Esta evaluación deberá atender a los criterios de impactos en la salud, medio ambiente, costo y eficiencia.