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Formación y ética del abogado.

19 de abril de 2016
Por José Ferney Paz Quintero
Por José Ferney Paz Quintero
19 de abril de 2016
JOSE FERNEY PAZ QUINTERO
ABOGADO CONSULTOR

Ferney PazInforman los medios de comunicación que el gobierno nacional prepara una ofensiva para mejorar la calidad de las facultades de derecho, por cuanto muchas de ellas no presentan la acreditación requerida para la formación profesional que demanda esta carrera, con implicaciones serias en la actual crisis por la que atraviesa la administración de justicia, como en la materialización de los derechos de los ciudadanos.

El abogado se erige como órgano intermedio entre el juez y la parte, siendo un servidor del derecho, al ejercer como juez primario al hacer el primer filtro de los asuntos que se le confía por parte de sus poderdantes.

Cierto es, que existe una profunda crisis en la actual formación de los abogados, en donde concurren responsabilidades tanto estatal, de la academia, el ánimo de lucro de los entes privados, la ausencia de programas que capaciten a verdaderos profesionales en el conocimiento de las normas, de la historia del país, de la propia institucionalidad, la sociología, la ética, las humanidades, el correcto manejo del lenguaje, sus reglas de ortografía, con una ausencia cómplice de verdaderos controles disciplinarios para con aquellos que trasgredan las barreras de la moral y la ética profesional.

Ante la corrupción a todo nivel, la sociedad siente el apremio de purificar las costumbres, de regresar por los senderos de la ética aplicada a todas las instituciones, para los profesionales, para los funcionarios estatales, para la justicia, últimamente impregnada por este cáncer , resaltándose la necesidad de retomar el camino del “ deber ser,” conductas muchas veces deshonradas por procederes torticeros como el mal ejemplo del magistrado Pretelt que a través de estratagemas sigue apegado a su sillón a pesar de las graves acusaciones que pesan sobre sus actuaciones en el ejercicio del cargo.

No nos llamemos a engaño, la falta de un verdadera vigilancia respecto al acceso a la profesión jurídica, la validación de programas sin sustento académico, escuelas de “garaje”, un nulo seguimiento a la calidad y los contenidos que allí se imparten, ha generado una incredulidad de la sociedad frente a ese abogado que se ha formado con graves falencias en lo académico, así como en lo ético.

Si se presentan fallas en la formación jurídica, es imposible exigir un buen y adecuado ejercicio de esta nobilísima profesión, la que debe contener una integralidad y multidisciplinariedad, un cambio de mentalidad de ser un simple operador de normas, a un promotor de convivencia social, que entienda a cabalidad el concepto de justicia y de su compromiso con la sociedad a la que pertenece, sin olvidar que una eficiente aplicación de la misma es generadora de la convivencia pacífica, como la que el país viene buscando de tiempo pretérito.

Ahora bien, ¿hasta qué punto se ha venido ejerciendo el control efectivo a la parte ética al ejercicio del derecho,? respuesta que debe estar orientada en reconocer que se ha fallado protuberantemente al entregársele por la Constitución del 91 el control disciplinario a un ente con origen político, con designaciones desafortunadas, producto del cabildeo partidista y no por las condiciones académicas de los elegidos, con decisiones cuestionadas y no pocos escándalos publicitados por los medios que terminaron por desacreditar ese órgano de control disciplinario, hoy en día al garete, que al decir verdad, no infunde ninguna confiabilidad a los disciplinados y sociedad civil.

Ese consejo Superior creado con los mejores augurios por la constitución del 91 buscando una autonomía, independencia y racionalización de la rama judicial, con dos salas especializadas, una administrativa y otra jurisdiccional disciplinaria, integradas en su comienzo por juristas, ex magistrados unos, ex constituyentes otros, con reconocimiento profesional y académico, no queda si no el recuerdo de una institución que en los primeros años sentó las bases de la justicia del futuro, la creación de la carrera judicial, los iniciales mapas judiciales, el ingreso de la informática y su modernización en el área de los recursos físicos.

De tiempo atrás he propugnado por la seriedad y rigurosidad en el ejercicio profesional, hasta el punto de invocar en mis escritos sobre justicia, la imperiosa necesidad de sancionar las conductas dilatorias, que fuera de congestionar los despachos judiciales, crean litigios inocuos o fraudulentos, pudiéndose estar incurriendo en un claro abuso del derecho.

Litigar sin razón valedera atenta contra el principio de la lealtad frente a la administración de justicia.

Pero así como desnudamos esta realidad jurídica, tenemos el deber de reconocer y exaltar la labor silenciosa y abnegada de un alto número de profesionales del derecho y de jueces que con decoro han ejercido sus labores a lo largo de los años, dando ejemplo de limpidez, rectitud y sentido de pertenencia, disciplina académica, que nos hace sentir satisfechos de ejercer esta profesión, lo cual significa que todavía hay luz en la poterna y guardianes en la heredad.

Ha llegado el momento de librar una campaña desde las aulas universitarias, en donde se forma al futuro profesional y juez, para que se valore la importancia del abogado en el desarrollo de la comunidad, con un vehemente llamado a las jurisdicciones para que se respete el ejercicio profesional y el valor del litigante en el debate procesal, que a veces encuentra actitudes llenas de soberbia y dogmatismo judicial, como queriendo desconocer la importancia de este en el trámite contencioso.

Y como nada es para siempre, olvidan que el tránsito por la actividad jurisdiccional muchas veces es transitorio, con regreso algún día al ejercicio, como suele ocurrir cuando hacen dejación de esas altas investiduras para volver hacer el ciudadano de a pié.

En otros términos, la humildad y sencillez en el ejercicio jurisdiccional, debe ser la constante, siendo la recomendación para quienes aspiran alcanzar dichas dignidades.

Ahora bien, se impone educar al abogado del futuro más como conciliadores de litigios, en contraste con la profunda exploración de que son objeto los procedimientos jurisdiccionales de carácter controversial, debiéndose encaminar hacía allá los programas académicos para impulsar estos mecanismos alternativos, dejando de lado esa vocación de pleiteadores por cuya conducta se refuerzan las tendencias sociales de conflictividad, característica del medio en que nos hemos desarrollado.

Hace bien el gobierno en plantear estas reformas, para modificar la actual enseñanza del derecho, que nos hace evocar con nostalgia aquellas épocas en las cuales se miraba la profesión con respetabilidad, tarea a la que debemos comprometernos todos para ubicarla nuevamente a esas empinadas cumbres, como pilar fundamental de la vida social de los colombianos.

No olvidar, que saber de leyes, no es saber derecho, esta es una disciplina amplia, que requiere una formación integral, un permanente contacto interdisciplinario, que le permita entender la realidad social y el medio en donde desarrolla su ejercicio profesional.

Por último, como ética la abogacía es un constante ejercicio de la virtud, sufriendo a diario tentaciones por los negocios que se le plantean, algunos cediendo a las mismas, la gran mayoría ondeando trasparencia y trabajo honesto, profesión que al decir del maestro Eduardo J. Couture, se constituye “en la más noble de todas las profesiones o el más vil de todos los oficios.”

Adenda: Ser coherente, no es más que mantener una misma línea con una posición previa. El gobierno nacional en su cacareada reforma de equilibrio de poderes, cuya constitucionalidad se encuentra demandada ante la Corte Constitucional, fuera de las acciones contenciosas contra las instituciones judiciales allí consagradas que tienen a la rama judicial en el limbo jurídico en lo que respecta a sus órganos de gobierno, defendió la tesis de eliminar las funciones electorales de las altas Cortes, por considerar que esa era una de las causas de la politización de la justicia, tesis que encontró respaldo en la opinión ciudadana y comunidad jurídica, como punto de inicio para una verdadera reforma judicial.

Para sorpresa y desconcierto se le escuchó decir al señor presidente cuando posesionaba a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en la conformación del denominado Tribunal por la paz, encargado de juzgar e imponer sanciones a los responsables de los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado, podría intervenir dicha corporación, lo que significa que se le daría nuevamente funciones electorales, las que tanto defendieron en la discusión de la reforma precitada.

Igualmente surge la pregunta, ¿Si dicho tribunal está por fuera de la estructura judicial, no teniéndosele en cuenta para ejercer esas funciones de juzgamiento, ¿cuáles son los argumentos de peso para que se le otorgue a la Corte Suprema la facultad para intervenir en su designación?

En temas de tanta connotación, lo único que se le pide al gobierno nacional y en particular al jefe de Estado es coherencia, de lo contrario se envía un mensaje de improvisación y de demagogia gubernamental.

BOGOTÁ, Abril 19 2016.