20 de abril de 2021
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48 meses de prisión y multa de 26.66 salarios mínimos mensuales por hacer uso indebido de la marca Camacol

5 de abril de 2016
5 de abril de 2016

Fallo del Juzgado Quinto Penal del Circuito se constituye en un precedente para la protección de los derechos del Gremio.

Bogotá, marzo 31 de 2016. A través de sentencia leída en audiencia, el Juzgado Quinto Penal del Circuito, con Funciones de Conocimiento, resolvió proteger los derechos de la Cámara Colombiana de la Construcción por el uso abusivo e ilegítimo que desde el año 2001 venía haciendo el señor Ricardo Urazán Noriega con la marca Camacol en la ciudad de Cúcuta.

El fallo de primera instancia protege los derechos de Camacol a través de las siguientes acciones:

  1. Condenar al Sr. Ricardo Urazán Noriega a la pena principal de 48 meses de prisión y multa de 26.66 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv) para el año 2011, como autor de la conducta punible de usurpación de derechos de propiedad industrial.
  2. Condenar al Sr. Ricardo Urazán Noriega  a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal de prisión.
  3. Condenar al Sr. Ricardo Urazán Noriega a la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
  4. Ordenar la cancelación de la personería jurídica de Camacol Norte de Santander, representada por el condenado.

El apoderado del Sr. Urazán, en la misma audiencia, interpuso recurso de apelación.  En este punto vale la pena resaltar que, en razón a la posición del inicialmente condenado y a su carencia de antecedentes, cumplirá la sentencia en libertad en caso de ser confirmada por el Tribunal.

Para la gerente de Camacol Cúcuta y Nororiente, Margarita Contreras, “el fallo se constituye en un importante precedente, no sólo para la protección de los derechos del gremio edificador, sino para resguardar el orden económico y social en la ciudad de Cúcuta, en donde la Regional Cúcuta y Nororiente tiene el uso legítimo de la marca, logrando disipar la confusión que existía entre  los actores de la cadena de valor de la construcción y las autoridades públicas de la ciudad”.