La protesta o el derecho a disentir
JOSE FERNEY PAZ QUINTERO
ABOGADO CONSULTOR
En Colombia como en la mayoría de los países las personas como integrantes de una sociedad acuden a las manifestaciones o marchas públicas para expresar que una parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política, gobernante o una medida de gobierno.
Se ha sostenido que la esencia de la democracia radica en la libre expresión, el derecho a disentir sin limitación alguna, contrario a lo que en las estructuras absolutistas se acude a la criminalización o judicialización de la protesta como estrategia de Estado para perseguir a los llamados activistas sociales a través del hostigamiento, el encarcelamiento, la tortura, para quienes actúan motivados por opciones de vida y de desarrollo colectivo diferentes.
La protesta como clara exhibición pública de la opinión ciudadana, resulta ser uno de los mecanismos más eficaces por estas épocas para formular la inconformidad a unas políticas o leyes que van en contra del bien común.
La historia recuerda marchas sociales famosas como la de la sal encabezada por Gandhi para protestar contra el imperio británico año 1930, la de Washington por los derechos civiles en 1963, la de Barcelona a favor de la independencia de Cataluña, las protestas de los astilleros de Gdansk (Polonia), encabezados por el dirigente obrero Lech Walessa, en agosto de 1980, Premio Nobel de Paz en 1983 y presidente de su país entre 1990 – 1995, la de la primavera árabe entre el 2010 al 2014, que produjeron derrocamientos de los gobiernos de Túnez, Egipto y otras más que han servido para impulsar cambios de orden social, político y económico.
Ahora bien, en el caso colombiano han sido numerosas las manifestaciones populares para denotar la inconformidad social o de apoyo a unas tesis de gobierno, o de rechazo a la violencia de los grupos insurrectos, o el deseo de una paz, o de mejoras laborales, pero que interesante sería también una protesta de la sociedad sana del país por la forma como viene operando la justicia colombiana en todas sus jurisdicciones, en donde prevalece el atraso, la congestión, la indebida utilización del principio de oportunidad, para unos principio de impunidad, una cúpula judicial sin proveer en su totalidad, una reforma al Consejo Superior con demanda contenciosa, el desinterés para que se dé una justicia al día, la falta de un sentido de pertenencia hacía una de las misiones más nobles del ser humano, que nos hace pensar que sin una verdadera justicia, será imposible sellar la paz que se negocia, por cuanto la misma tiene un punto de partida y uno de llegada, la pronta y cumplida justicia. En materia penal no deja de sorprender las excarcelaciones de manera unilateral de insurgentes comprometidos en actividades delictivas y violatorias de derechos humanos, que bien podría constituir una deslegitimación institucional, a la que podría aplicársele la lapidaria frase del dramaturgo romano Publio Sirio, que la “absolución del culpable es la condenación del justo.”
De igual manera, la queja también se extiende a la morosidad, al atraso, al desconocimiento de los términos procesales, a la desatención al ciudadano, al cierre de despachos, a la parálisis, como viene ocurriendo con un corpúsculo sindicato que insiste en impedir el funcionamiento de los juzgados civiles y de familia en Bogotá, omitiendo el carácter de servicio público y permanente de la justicia, originando un clamor nacional de volver por la credibilidad del aparato judicial, sancionando la mora, cuando es imputable al operador judicial, que se discipline al abogado litigante dedicado a dilatar los procesos, y se dejen de lado los foros, seminarios, sobre el tema, en donde como lo expresara un letrado colombiano se “navega en un mar de conocimiento, con un centímetro de profundidad.”
Regresando a la protesta, se deberá decir que el disentimiento no constituye anarquía, o como lo registra el historiador Llano Isaza, en sus anotaciones sobre el derecho al disenso, éste tiene “principios, y tiene fines, tiene sus canales de expresión y no puede amenazar la vida misma de la colectividad.”
”Es un principio liberal, que le brinda a las minorías la posibilidad de contradecir a las mayorías y no verse atropellados por éstos.”
Con todo, no es ilusorio pensar que la mayor esperanza de un país está en la capacidad de organización y participación del pueblo y que mejor manera que sea a través de las marchas pacíficas, como la expresión popular que puede obligar al Estado y a sus gobernantes a rectificar o a ponerse a la altura de la realidad social por ellos desconocidas, o inadvertidas, a diseñar nuevos criterios de prioridades, y a la clase política a emular en la capacidad de promover acciones que redunden en beneficio de las clases menos favorecidas por la fortuna.
Se está a tiempo para que tanto gobierno como clase dirigente, entiendan y sean conscientes de la gravedad del momento que vivimos, puesto que, aunque se repite reiteradamente que nos encontramos al borde del abismo, actúan como si no pasara nada, totalmente desatendidos de la realidad social.
Por el contrario, se les escucha a voceros del gobierno y a jefes políticos, frases de descalificación a las marchas programadas para los días venideros, por parte de las organizaciones obreras, sindicales y de otros sectores nacionales, como afrentosas a la paz y a la estabilidad institucional, sin aportar sustento alguno para dichas afirmaciones, y a pesar del descontento anunciado, justificados algunos de esos reclamos de carácter laboral, siguen esperando indolentemente que el simple discurrir de los días resuelva todos los problemas que aquejan a la Nación, olvidando el adagio popular, “en donde menos se piense, salta la liebre”, con consecuencias mayores.
Lo cierto es, que si defendemos la poca democracia que nos queda como sistema político, igual defensa para la movilización ciudadana y el debido ejercicio de la protesta pacífica y no sea aprovechada por sectores oscuros que solo buscan generar el caos, o recuperar apoyos perdidos cuando tuvieron la oportunidad de ser alternativa de poder.
En un gobierno de talante liberal la protesta ciudadana es el ejercicio de un derecho y no puede ser considerada como delito. Los conflictos sociales no podrán ser resueltos, si se les judicializa.
Adenda: Que paradoja, mientras algunos hablan del buen momento del país, otros con sensatez y frialdad, insinúan los nubarrones por el que se atraviesa, y que el estamento oficial se niega a reconocer.
Es indudable que la imagen del gobierno no es la mejor ante la población, no goza de popularidad según las últimas encuestas de opinión, las cosas buenas de su gestión son opacadas por las negativas, el aumento del desempleo en dos dígitos, la pérdida de confianza del consumidor y de los empresarios respecto al manejo económico, escándalos de corrupción no reconocidos en su momento enviando una señal de encubrimiento, el desplome ético de la policía nacional en su cúpula, un proceso de paz con serios interrogantes en donde la verdad y la claridad han estado ausentes, las arremetidas del ELN, la caída del precio del petróleo, que como causa exógena ha contribuido a la devaluación, a la inflación, la sequía por el fenómeno del niño, el zika que tiene angustiada una parte del país, la cascada de impuestos que hacen del país el de mayor cantidad de gravámenes tributarios, fuera de los enredos que plantea las pugnas internas partidistas.
La enumeración continua, con la parálisis de las exportaciones, con la siguiente anotación “las importaciones no han cedido suficientemente, lo que ha causado que el déficit de la balanza de pagos haya ascendido a niveles que causan alarma y que aceleran la devaluación del peso.”
Tiempos difíciles, que ameritan reflexión, manejo sereno y de mucho talante por parte del presidente Santos, quien debería aprovechar el apoyo de sus bancadas en el Congreso para adelantar las políticas que conduzcan a un buen gobierno en lo social, centrándose en los problemas internos que los tiene a granel, dejando de lado la pugnacidad, los dimes y diretes, que en nada beneficia la acción gubernamental. ¿Como le haría de bien al ejecutivo oxigenar sus programas, con nuevas caras en los carros oficiales?, ante el desgaste de algunos de sus voceros, que solo ostentaron la dignidad, sin aportar ejecución administrativa alguna.
Bogotá, Marzo 8 del 2016