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La protesta o el derecho a disentir

8 de marzo de 2016
Por José Ferney Paz Quintero
Por José Ferney Paz Quintero
8 de marzo de 2016
 JOSE FERNEY PAZ QUINTERO
ABOGADO CONSULTOR

Ferney paz foto del 14 de abril de 015En Colombia como en la mayoría de los países las personas como integrantes de una sociedad acuden a las manifestaciones o marchas públicas para expresar que una parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política, gobernante o una medida de  gobierno.

Se ha sostenido que la esencia de la democracia radica en la libre expresión, el derecho a disentir sin limitación alguna, contrario a lo que en las estructuras absolutistas se acude a la criminalización o judicialización de la protesta como estrategia de Estado para perseguir a los llamados activistas sociales a través del hostigamiento, el encarcelamiento, la tortura, para quienes actúan motivados por opciones de vida y de desarrollo colectivo diferentes.

La protesta como clara exhibición pública de la opinión ciudadana, resulta ser uno de los mecanismos  más eficaces por estas épocas para formular la inconformidad a unas  políticas o leyes que van en contra del bien común.

La historia recuerda marchas sociales famosas como la de la sal encabezada por Gandhi para protestar contra el imperio británico año 1930,  la de Washington por los derechos civiles en 1963, la de Barcelona a favor  de  la independencia de Cataluña, las protestas de los astilleros de Gdansk  (Polonia), encabezados por  el  dirigente obrero Lech Walessa, en agosto de 1980, Premio Nobel de Paz en 1983 y presidente  de  su país entre  1990 – 1995, la de la primavera árabe entre el 2010 al 2014, que  produjeron derrocamientos de los gobiernos de Túnez, Egipto y otras más que han  servido para impulsar cambios de orden social, político y económico.

Ahora bien, en el caso colombiano han sido numerosas las manifestaciones populares para denotar la inconformidad social  o de apoyo a unas  tesis de gobierno, o de rechazo a la violencia de los grupos insurrectos, o el deseo de una paz, o  de mejoras  laborales, pero  que interesante sería también una protesta de la sociedad sana del país por la forma como viene operando la justicia colombiana en todas sus jurisdicciones, en donde prevalece el atraso, la congestión, la indebida utilización del principio de oportunidad, para unos principio de impunidad, una cúpula judicial sin proveer en su totalidad, una reforma al Consejo Superior con demanda contenciosa, el desinterés para  que se dé una justicia al día, la  falta de un sentido de pertenencia hacía una  de las misiones más nobles del ser humano, que nos  hace  pensar  que sin  una verdadera justicia, será imposible sellar  la paz que se negocia, por cuanto la misma tiene un punto de  partida y uno de llegada, la pronta y cumplida justicia. En materia penal no deja de sorprender las excarcelaciones de manera unilateral de insurgentes comprometidos en actividades delictivas y violatorias de derechos humanos, que bien podría constituir una deslegitimación institucional, a la que podría aplicársele la lapidaria frase del dramaturgo romano Publio Sirio, que la “absolución del culpable es la condenación del justo.”

De igual manera, la queja  también se extiende a la morosidad, al atraso, al desconocimiento de los términos procesales, a la desatención al ciudadano, al cierre de despachos, a la parálisis, como  viene ocurriendo  con un  corpúsculo sindicato que insiste en impedir  el  funcionamiento de los juzgados civiles y de familia  en Bogotá,  omitiendo  el carácter de servicio público  y permanente de la justicia, originando un clamor nacional de volver por la credibilidad del aparato judicial, sancionando la mora, cuando es imputable al operador judicial, que se discipline al abogado litigante dedicado a dilatar los procesos, y se dejen de lado los foros, seminarios, sobre el tema, en donde como lo expresara un letrado colombiano se “navega en un mar de conocimiento, con un centímetro de profundidad.”

Regresando a la  protesta, se deberá decir que el  disentimiento no  constituye anarquía, o como lo registra   el historiador Llano Isaza, en sus anotaciones sobre el derecho al disenso, éste tiene “principios, y tiene fines, tiene sus canales de expresión y no puede amenazar la vida misma de la colectividad.”

”Es un principio liberal, que le brinda a las minorías la posibilidad de contradecir a las mayorías y no verse atropellados por éstos.”

Con todo, no es  ilusorio pensar que la mayor esperanza de un país está en la capacidad de organización y participación del pueblo y  que mejor manera  que sea  a través de las marchas pacíficas, como la expresión  popular que puede obligar al Estado  y a sus gobernantes a rectificar o a ponerse a la altura  de la realidad social por ellos desconocidas, o inadvertidas, a diseñar nuevos criterios de prioridades, y a la clase política a emular en la capacidad de promover acciones que redunden en beneficio de las clases menos favorecidas por la fortuna.

Se está a tiempo para que tanto gobierno como clase dirigente, entiendan  y sean conscientes de la gravedad del momento que vivimos, puesto que, aunque se repite reiteradamente que nos encontramos al borde del abismo, actúan como  si no pasara nada, totalmente desatendidos de la realidad social.

Por el contrario, se les  escucha  a voceros del gobierno y a jefes políticos, frases de descalificación a las marchas programadas para los días venideros, por parte de las organizaciones obreras, sindicales y de otros sectores nacionales, como afrentosas a la paz y a la estabilidad  institucional,  sin aportar sustento alguno para dichas afirmaciones, y a pesar del descontento  anunciado, justificados algunos de esos reclamos de carácter laboral, siguen esperando indolentemente que el simple discurrir de los días resuelva todos los problemas que aquejan a la Nación, olvidando  el adagio popular, “en donde menos se piense, salta la liebre”, con consecuencias mayores.

Lo cierto es, que si defendemos la poca democracia que nos queda como sistema político, igual defensa para la movilización ciudadana y el debido ejercicio de la protesta pacífica y no sea aprovechada por sectores oscuros que solo buscan generar el caos, o recuperar apoyos  perdidos  cuando  tuvieron  la oportunidad de ser alternativa de poder.

En un gobierno  de talante liberal la protesta ciudadana es el ejercicio de un derecho y no puede ser considerada como delito. Los conflictos sociales no podrán ser resueltos, si se les judicializa.

Adenda: Que paradoja, mientras  algunos  hablan del buen momento del país, otros con sensatez y frialdad,  insinúan  los nubarrones  por el que se atraviesa, y que el  estamento  oficial  se niega  a reconocer.

Es  indudable que la imagen  del gobierno no es la mejor ante la población, no goza de popularidad según las últimas encuestas de opinión, las  cosas buenas  de su gestión son opacadas por las negativas,  el aumento del  desempleo en dos dígitos, la pérdida de confianza del consumidor y de los empresarios respecto al manejo económico, escándalos de corrupción  no  reconocidos  en su momento enviando una señal de  encubrimiento, el desplome ético de la policía nacional  en su cúpula, un proceso de paz  con serios interrogantes en donde   la verdad  y la claridad han estado ausentes, las arremetidas del ELN, la caída del precio del petróleo, que  como causa  exógena ha contribuido a la  devaluación, a la inflación, la sequía por el  fenómeno del niño, el zika que tiene angustiada una parte del país, la cascada de impuestos que hacen del país el de mayor cantidad de gravámenes tributarios, fuera de los enredos que plantea las pugnas internas partidistas.

La enumeración continua, con la parálisis de las exportaciones, con la siguiente anotación “las importaciones no han cedido suficientemente, lo que ha causado que el déficit de la balanza de pagos haya ascendido a niveles que causan alarma y que aceleran la devaluación del peso.”

Tiempos difíciles, que ameritan reflexión, manejo sereno y de mucho talante  por parte del presidente Santos, quien debería aprovechar el apoyo de sus bancadas en el Congreso para adelantar las  políticas que conduzcan a un buen gobierno en lo social, centrándose en los problemas internos que los tiene a granel, dejando de lado la pugnacidad, los dimes y diretes, que en nada  beneficia  la acción gubernamental. ¿Como le haría de bien  al ejecutivo oxigenar sus programas, con nuevas caras  en los carros oficiales?, ante el desgaste de algunos  de sus voceros, que solo ostentaron la dignidad, sin aportar  ejecución administrativa alguna.

Bogotá, Marzo 8 del 2016