11 de abril de 2021
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Ratificadas sanciones a empresas y directivos del sector azucarero

1 de enero de 2016
1 de enero de 2016

Bogotá, 01 de enero de 2016. La Superintendencia de Industria y Comercio ratificó las sanciones impuestas a ASOCAÑA, CIAMSA, DICSA y a doce ingenios azucareros por cartelización empresarial, aunque en algunos casos redujo sus montos.

La Superintendencia las sancionó tras haber incurrido durante varios años en una conducta concertada, continuada y coordinada que tuvo por objeto obstruir o restringir importaciones de azúcar a Colombia.

La Superindustria redujo el monto de la multa a ASOCAÑA, después de revisar sus estados financieros, los cuales solamente fueron aportados por el gremio en el trámite del recurso de reposición. La reducción del monto de la multa se hizo de oficio por la Superindustria, a pesar de que ASOCAÑA no controvirtió la cuantía de la misma en el recurso de reposición.

En la misma decisión, la Superintendencia confirmó las sanciones a doce (12) altos directivos de los ingenios por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta anticompetitiva sancionada en la modalidad de cartelización empresarial, no obstante, a cuatro (4) de ellos, se les redujo el monto de la multa. Adicionalmente, la Superindustria exoneró a dos (2) altos directivos.

Las sanciones ratificadas por la Superintendencia de Industria y Comercio ascienden en total a 260 MIL MILLONES DE PESOS, y fueron tasadas de manera que se garantizara su proporcionalidad frente a la gravedad de la conducta y la capacidad de pago de los infractores.

De otra parte, la Superintendencia confirmó la instrucción impartida al Comité Directivo del FEPA y al propio Gobierno Nacional, para que a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural proceda a revisar el Fondo de Estabilización de los Precios del Azúcar –FEPA- en un término máximo de seis (6) meses, con el fin de asegurar que no sirva como instrumento para la repartición de cuotas de producción o suministro de azúcar en el mercado colombiano.

La Superintendencia de Industria y Comercio con esta decisión ratifica que la defensa de la libre competencia económica no solo es una obligación constitucional y legal sino un imperativo ético e inaplazable para la protección y el bienestar general de los consumidores, el buen funcionamiento del mercado y la eficiencia económica.

«Sanción de la Superintendencia no tiene ni pies ni cabeza»: Néstor Humberto Martínez

EL PAÍS, CALI

Como una decisión sin pruebas y que no tiene ni pies ni cabeza calificó el abogado Néstor Humberto Martínez, asesor legal de los ingenios azucareros, la ratificación de la sanción hecha por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, hacia dicho sector productivo.

Para el abogado, son varios los elementos que hay que analizar en el anuncio que hizo dicha entidad este jueves, con el cual no se cierra el caso sino que se le da inicio a una nueva etapa jurídica.

En esto coinciden Luis Fernando Londoño Capurro, presidente de Asocaña y el abogado de la entidad, Pablo Cáceres.

«La investigación empezó en la Superintendencia, pero terminará en la justicia. Por fortuna, Colombia es un Estado Social de Derecho y ahora nosotros vamos a iniciar acciones de nulidad y restablecimiento del derecho en este proceso», manifestó Néstor Humberto Martínez.

Para el abogado, la rebaja en el monto de la multa que inicialmente había sido de $324.000 millones y este jueves quedó fijada en $260 mil millones es «una prueba jurídicamente valiosa porque demuestra la ilegalidad del acto administrativo».

Además, en esta nueva etapa que inicia se buscará demostrar que no ha habido restricción en la impotación del azúcar, como dice la Superintendencia.

De igual manera, Néstor Humberto Martínez hizo un llamado para que se entienda que este caso no tiene que ver con el azúcar de consumo en los hogares colombianos, ni mucho menos en los precios que pagan los consumidores por el azúcar refinado, sino que es un asunto industrial.

«Es muy útil que la opinión pública entienda que este no es un debate que tiene que ver con los hogares colombianos. La Superindentedencia demostró que no hubo una afectación de los consumidores. El debate es sobre el azúcar industrial que importan las empresas. La queja fue presentada por las empresas nacionales y multinacionales fabricantes de alimentos», dijo Martínez.

Según las investigaciones de la Superintendencia, Asocaña, Ciamsa, Dicsa y 12 ingenios más, incurrieron en la conducta de acuerdos anticompetitivos o cartelización empresarial para obstruir de manera concertada, coordinada y continuada, las importaciones de azúcar hacia Colombia provenientes, fundamentalmente, de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

«No ha existido ni existe cartel para fijar cuotas»

Luego de conocerse la sanción, Asocaña, a través de un comunicado, manifestó que «esta decisión conlleva a un cambio radical en las condiciones para hacer negocios en Colombia y (…) constituye una infracción directa de la seguridad jurídica».