17 de abril de 2021
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La pérdida de la confianza ciudadana

26 de enero de 2016
Por José Ferney Paz Quintero
Por José Ferney Paz Quintero
26 de enero de 2016
JOSE FERNEY PAZ QUINTERO
ABOGADO CONSULTOR

José Ferney PazLa credibilidad no es más que una cualidad y hace referencia a la capacidad de ser creído para generar confianza en los demás.

La confianza en el campo de las  instituciones son condiciones básicas para el cabal  funcionamiento de una democracia, circunstancia que pareciera no se está dando desde hace tiempo en el país, agudizándose en el momento actual, llegando a niveles preocupantes que necesariamente obliga al Estado como estructura jurídica a tomar radicales decisiones para tratar de revertir esa negatividad.

No se podrá desconocer que estamos inmersos en una crisis de credibilidad, en donde afloran los múltiples escándalos de corrupción tanto en el sector público como privado, un sentimiento de desconfianza hacia el gobierno central por la falta de claridad en ciertas políticas de Estado, de frustración por la venta de Isagen, como un activo estratégico de la Nación, lo que viene sucediendo en materia del proceso de paz, con informaciones fragmentadas, lo referente a la proyectada reforma tributaria, la de pensiones, unos  movimientos y partidos políticos ajenos a la realidad social, rescatando los serios esfuerzos de la corriente liberal para actualizar su ideario como partido abanderado de las masas populares, o del vulgo doliente, como la denominaba el Dr. Gaitán, aprestándose para su próximo congreso programático e ideológico en el mes de mayo  de hogaño.

Y si de aceptación hablamos, ¿qué no decir de los bajos índices de des favorabilidad de la rama judicial,? en donde se está imponiendo como regla general, la protesta, el cese de actividades, sin que exista  autoridad alguna que les recuerde que la justicia es un servicio público de carácter permanente, porque así lo establece la constitución política, (artículo 228) a la  que estamos obligados cumplir, causándonos desconcierto los titulares de prensa que aluden  a más de 90.000 procesos represados como consecuencia de la parálisis judicial de la última semana, que se ha convertido en el santo y seña cuando  a sus integrantes no gustan de alguna decisión de carácter laboral,  incrementándose la congestión y el atraso judicial, fenómenos estos que hacen imposible la aplicación de una justicia , eficaz, eficiente, pronta y cumplida.

De igual manera  las vicisitudes por las que atraviesa la Policía Nacional con claros  enfrentamientos de poder en las líneas de mando, denuncias de hechos que atentan la trasparencia y la moral administrativa, organismo en mora de ser rescatado por la Presidencia de la República como su instancia superior, devolviéndole el prestigio y autoridad a esta institución encargada de  garantizar la seguridad  interna de los colombianos.

No nos llamemos a engaño, el factor confianza no es precisamente lo que hoy se percibe, por cuanto nadie puede dudar de lo importante que es para el ciudadano confiar en su gobierno, el que debe estar instituido para ayudarlo y protegerlo, con verdaderas acciones de estado que contribuyan  a su desarrollo y no se le considere a todo momento como sujeto tributario, en donde las cargas impositivas, muchas de ellas exageradas le hacen imposible el diario vivir, pero si observa con perplejidad como se abusa del erario público, el despilfarro presupuestal, la cascada de contratos  otorgados a un privilegiado estamento que en la mayoría de las veces lo único que tiene para mostrar como  experiencia, es la cercanía con la cima del poder.

Se está a tiempo de recuperar esa confianza pérdida, y para ello se impone una reflexión por parte de quienes integran las esferas públicas y privadas de la Nación y lo primero que se debe hacer es analizar fríamente las razones por las cuales se ha deteriorado esa confianza ciudadana, en donde la clase gobernante y política deben responder con resultados, utilizando las herramienta constitucionales y  legales de que disponen, el mejoramiento de  la calidad  de vida de  sus  gobernados y  electores,  entendiendo que no toda la  actuación debe estar  enfocada  en las negociaciones de la Habana, por cuanto también se deben priorizar asuntos que tocan con la creación de empleo, la salud al borde del caos, en donde humildes colombianos mueren en los puentes peatonales, en  las puertas de los hospitales cerrados y muchos de ellos clausurados, la seguridad tanto urbana como rural,  la defensa de un salario digno y justo para esa clase trabajadora, y algo que no puede pasar de soslayo, como es la voluntad política para enfrentar la corrupción y todo aquello que atente contra los dineros públicos que constituyen vaso sagrado.

La síntesis de lo expuesto se puede consignar en lo que pide la sociedad sana del país: que se gobierne y se aplique el marco normativo existente con trasparencia, si se desea ganar día a día esa confianza perdida, que sólo se recupera con compromiso, exponiendo la verdad ante los administrados y siempre actuando en pos del bien general.

La desconfianza es un pecado que no puede permitirse  en ninguna de las tres ramas del poder público, y menos aún en la justicia, que como la colombiana viene cargando con un lastre de su ineficacia  a través de los últimos años, con gran evidencia en la parte penal,  alimentando las conductas desafiantes de grupos e individuos que abiertamente desconocen las autoridades legítimas para  administrar justicia y sorprendentemente reciben un tratamiento benévolo  por parte del Estado.

Adenda uno: Lamentable decirlo, pero la protesta judicial reciente por la expedición de unos acuerdos que crean los centros judiciales para las jurisdicciones de familia y civil por parte de la debilitada y extenuada Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que no infunde  autoridad alguna frente a la comunidad judicial, demuestra una vez más que la rama judicial no encuentra su rumbo manteniéndose en el ojo del huracán de la opinión pública, que observa perpleja como no ha sido posible  estructural una verdadera reforma, que manteniendo los presupuestos de independencia y autonomía se oriente hacia el ciudadano como verdadero usuario del sistema.

Los paños de  agua tibia, que con bombos y platillos anunció el gobierno en su cacareada reforma de equilibrio de poderes, no ha entrado en funcionamiento a la espera de una decisión de la jurisdicción contenciosa administrativa por demanda por la forma como se constituyó y eligió el denominado Consejo de Gobierno, que  en su mecánica no tiene nada que  envidiarle  a las campañas  electorales de la clase política.

¿A usted paciente lector no le parece que ha llegado la hora que la sociedad  exija un revolcón total en las estructuras judiciales y no estar a toda hora  pendiente si los despachos judiciales están abiertos y cuando ello ocurre soportar la indefinición de los procesos, por causas que van desde la congestión, atraso, vacancia judicial, de semana santa y de fin de año, contrariando el carácter permanente de la justicia, seminarios, encuentros de las jurisdicciones, cambio de secretario, permisos, elaboración de estadísticas, paseos de alta mar, el día de la rama, almuerzos prolongados en reputados restaurantes en conciliábulos muchas veces de  carácter político, mientras los procesos esperan su lectura y estudio?

Adenda dos: Recuerdo de un insigne Magistrado:  A propósito del tema  y a raíz de la columna “Una justicia Banalizada”, recibí un mensaje de  un apreciado amigo y colega, en donde trascribe unas  líneas  escritas por su señor padre el ex magistrado Clímaco Sepúlveda Zuluaga  por la década de los setenta, con motivo de la celebración por sus 25 años como Magistrado de la Sala Penal del H. Tribunal de Manizales, en donde  consignó las siguientes ideas que  tienen vigencia para el momento actual : ”Los pueblos exigen que sus jueces sean auténticos sacerdotes en el desempeño de sus funciones. Que sean de una vida pública y privada sin margen siquiera de sospecha, de una consagración a su trabajo que excluya toda otra actividad contraria a su oficio, de una probidad moral y mental que les permita interpretar y aplicar la norma legal sin reserva alguna de índole personal, social, política o económica y de una  tan invulnerable fidelidad a la justicia, que ninguna otra posición por cenital que sea, alcance a sobornarlos. Porque ya lo dijo Thomas Jefferson:”Haz solamente tu deber y el mundo te dará crédito aunque fracases”.

Eran otros tiempos y otros  togados  que honraron  la dignidad  de ser jueces. Sirva esta adenda, para exaltar la memoria de tan ilustre jurista, convertido desde  hace varios años  en peregrino de la eternidad.

Bogotá, Enero 26 del  2016.