14 de abril de 2021
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LA ABSOLUCION DE PLAZAS VEGA

22 de diciembre de 2015

En el Palacio de Justicia hubo torturas y desapariciones forzadas. Absuelto el coronel (r) Plazas Vega, urge encontrar a los verdaderos responsables.

La Corte Suprema de Justicia ha declarado inocente al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega. De esta manera, el alto oficial queda absuelto tras la condena que había recibido por la desaparición de algunas de las personas que salieron con vida del Palacio de Justicia. Es una decisión del máximo tribunal que debe ser acatada por todos, a diferencia de quienes solo respetan los fallos si les son favorables. Sin embargo, urge establecer los responsables de delitos atroces que no han sido resueltos durante esos días trágicos. Las familias de los desaparecidos y el país lo merecen.

Las heridas por los horrorosos acontecimientos de noviembre de 1985, cuyo 30 aniversario se conmemoró recientemente, siguen abiertas. La culpabilidad inicial corresponde al M-19 por la irresponsabilidad y la estupidez de la toma. Eso no tiene discusión. Empero, es una tarea pendiente llegar hasta los máximos responsables de la fuerza desmedida impuesta, de la política de tierra arrasada que se utilizó sin valorar la vida de los civiles durante las últimas horas y, en especial, de las torturas sufridas por algunos de los sobrevivientes, así como la desaparición de 11 personas.

De ahí la importancia de la decisión de la alta Corte, luego de que Plazas hubiera sido condenado a 30 años de prisión en 2010. Da la razón a la defensa de quien proclamó reiteradamente su inocencia. Contrario a lo que se cree, su imputación no era por la contratoma sino por dos de las desapariciones. Alegó que su responsabilidad fue netamente como militar encargado de retomar el edificio y trasladar a los sobrevivientes hasta la Casa del Florero. Manifestó que de ahí en adelante no tuvo conocimiento de lo que sucedió con las personas que quedaron en manos de la Brigada 13 de Inteligencia Militar. A pesar de que la fiscal inicial del caso, Ángela María Buitrago, y la juez María Estella Jara aportaron una serie de pruebas y testimonios, la Corte Suprema los desestimó. Caso juzgado.

En declaraciones a los medios, Luis Alfonso Plazas insistió en que el único responsable de esas 27 horas es el M-19. No podemos estar de acuerdo. Tanto las investigaciones de la fiscal y la juez Jara, quien debió abandonar el país al día siguiente de proferir el fallo por la graves amenazas recibidas, así como los conceptos tanto de la Comisión de la Verdad como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han demostrado que hubo torturas y desapariciones forzadas. Culpar a una sola de las partes sólo sirve para desviar la atención de aquellos miembros del Ejército, el DAS o la Policía que estuvieron involucrados de manera directa en estos horrorosos delitos que aún enlutan a las familias de las víctimas.

No hay que olvidar el caso del entonces magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien salió vivo del edificio como lo demuestran videos y fotografías de la época. Su cuerpo lavado, y con un tiro de gracia, fue llevado a Medicina Legal, donde apareció de manera sorpresiva. En 2007, la fiscal Buitrago encontró en una bóveda secreta en el Cantón Norte la billetera y otros efectos personales de Urán. La billetera estaba perforada por un disparo, por lo cual se ha insistido en la hipótesis de que, luego de haber sido interrogado y torturado, fue ejecutado.

Así las cosas, lo único que desde hace 30 años vienen reclamando los familiares de las víctimas inocentes, en un largo y tortuoso peregrinar, es que se haga justicia. Han aparecido los restos de algunas de las personas desaparecidas pero sigue sin aclararse qué les sucedió luego de salir vivas del Palacio. Hace un mes fueron llamados a indagatoria 14 militares por las torturas llevadas a cabo, entre ellos cuatro generales. Absuelto el coronel (r) Plazas Vega lo mínimo es pedir que opere la justicia contra los responsables de los hechos.

EL ESPECTADOR/EDITORIAL