29 de marzo de 2024

Cannabis medicinal, evidencia científica e institucionalidad

8 de diciembre de 2015
Por Juan Manuel Galán
Por Juan Manuel Galán
8 de diciembre de 2015

Juan Manuel Galán

JuanManuelGalanEl proyecto de ley que busca regular la producción de cannabis medicinal en Colombia, tiene opositores. El Centro Democrático es uno de ellos. Su argumento es la carencia de evidencia científica que permita al Congreso de la República decidir sobre el uso medicinal del cannabis. Este alegato, ignora de tajo la institucionalidad colombiana facultada para garantizar la seguridad y la eficacia de medicamentos en el país, y atribuye a los congresistas facultades para las que ni fuimos elegidos, ni estamos capacitados. Me refiero a la evaluación de la evidencia científica que respalda un nuevo medicamento.

En Colombia, es la Comisión Revisora del INVIMA, la que define si hay o no evidencia científica suficiente para un nuevo medicamento. Son ellos los que por su perfil y entrenamiento, deben garantizar a todos los colombianos la calidad de los medicamentos que pueden encontrarse en el mercado.

Pregunto al Centro Democrático si considera que los miembros de su bancada tienen una preparación más específica o precisa, para decidir sobre la seguridad y eficacia de un medicamento? Esto, teniendo en cuenta que en ninguna parte del mundo se abordan este tipo de discusiones a través de partidos políticos o de algún parlamento pues aquellas, son cuestiones que se delegan a las agencias sanitarias creadas por Ley.

Un ejemplo lo refiere la Agencia de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) sobre el Tapentadol; un analgésico para el tratamiento del dolor, elaborado por Grünenthal. En los documentos de la FDA y la Organización Mundial de la Salud (OMS), queda comprobada la efectividad y el riesgo de adicción. Por esa razón, en Colombia, aunque la Comisión Revisora avaló el medicamento y el INVIMA otorgó registro sanitario, el Ministerio de Salud determinó que en virtud de su riesgo de abuso y de crear adicción debía clasificarse como medicamento de control especial, bajo estricta fiscalización del Fondo Nacional de Estupefacientes.

Este ejemplo me hace volver a mi pregunta inicial: ¿Acaso hay alguna justificación para que en el caso del cannabis se abandone la institucionalidad y normatividad del país en materia sanitaria, y se creen nuevos regímenes de fiscalización de usos médicos de las drogas? No hay acaso sustancias muchos más riesgosas y adictivas que el cannabis que actualmente se comercializan en el país, sin la mitad de restricciones que esta tendría? Las preguntas quedan sujetas al debate, que esperamos dar esta semana.