17 de abril de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

LA SANCIÓN A LOS AZUCAREROS

13 de octubre de 2015

La decisión de la SIC contra el supuesto cartel del azúcar concierne a todo el país. Son los consumidores los que más atentos deben estar a la función de vigilancia y control.

La semana pasada, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), encargada por ley de vigilar y hacer cumplir el régimen de libre competencia y de defensa de los consumidores, anunció la imposición de una sanción multimillonaria (324 mil millones de pesos) a buena parte del sector azucarero (empresas y directivos) y al gremio que las reúne, Asocaña.

Dice la SIC que las investigaciones llevan a concluir con certeza que 12 ingenios azucareros, varios directivos y entidades gremiales incurrieron en cartelización empresarial, “por haber incurrido durante años en una conducta concertada, continuada y coordinada para obstruir importaciones de azúcar de otros países hacia Colombia”. Los ingenios se han comportado como un bloque que, asegura la SIC, ha eliminado la competencia en un mercado que por su naturaleza debe ser libre y plural.

La opinión pública ha asistido a un intenso e inevitable debate, pues la decisión de la SIC, que es de primera instancia y fue tomada con el previo concepto unánime del Consejo Asesor de Competencia, implica onerosas consecuencias económicas para el sector azucarero, y de allí que esta decisión sancionatoria haya adquirido dimensión política y regional, pues afecta de modo directo al Valle y al Cauca.

La reacción de los ingenios ha sido de indignación. Se sienten perseguidos, y algunos de sus voceros atribuyen incluso motivaciones políticas a la sanción. Esgrimen argumentos como la afectación inminente a los empleos y a la propia viabilidad de la industria. Y además, cosa que no ha pasado con otras empresas involucradas en investigaciones y sanciones por cartelización y vulneración de los derechos de los consumidores, los azucareros han comenzado por el punto más lógico: niegan de plano las acusaciones y afirman no haber incurrido en las prácticas que la SIC considera haber probado.

Por eso es tan importante estudiar la resolución sancionatoria emitida por la SIC (la 80847 del 07/10/2015). En sus 197 páginas se hace el recuento de los hechos y la relación del material probatorio que llevó a esa entidad a tomar la drástica sanción. No puede tacharse como un expediente improvisado ni falto de sustentación legal. Sustentación que tendrá que mostrar su solidez en estrados judiciales cuando los distinguidos y muy poderosos abogados que representan a los azucareros enfilen sus espadas jurídicas –y algunos, políticas– para hacer valer, legítimamente, ni más faltaba, la defensa de sus clientes.

Mientras el desenlace procesal llega, los colombianos deberíamos tener en cuenta varias cosas. La primera, que hay un reciente régimen legal de defensa de la competencia y de protección al consumidor que obliga a las empresas y protege a los ciudadanos. Por ello, pleitos como este interesan a todo el país, pues en ellos se definen cosas que a todos nos afectan. Segundo, que el actual superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, ha asumido con seriedad sus funciones y con rigor sus competencias de vigilancia y control. Sin perjuicio de los argumentos de las empresas afectadas, esa labor debe ser acompañada y vigilada a su vez por los consumidores.

Y una tercera, no menos importante: si al final se determina que, en efecto, hubo restricción a la libre competencia y el Estado puede asegurar que se retoma la normalidad en el mercado, la ciudadanía debe estar atenta a que los precios –que se presumen menores– del azúcar beneficien al consumidor final, y no pasen a engrosar las rentas de otros grandes productores que hoy son los que reclaman por los elevados precios del azúcar.