18 de abril de 2021
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La crisis azucarera

21 de octubre de 2015
Por Mario De la Calle Lombana
Por Mario De la Calle Lombana
21 de octubre de 2015

Por: Mario De la Calle Lombana

mario de la calleNo es ningún descubrimiento afirmar que el problema de las millonarias multas a distintos actores de la industria azucarera es gravísimo. La Superintendencia de Industria y Comercio acusa a los azucareros de cartelización ya que, según ella, se pusieron de acuerdo para obstaculizar importaciones de azúcar desde diferentes países hacia Colombia. En principio, la acusación debería creerse porque no se entendería que, por capricho de un funcionario o por presiones de los importadores interesados en traer el producto del exterior, una dependencia del gobierno de tan alto nivel como la Superintendencia se venga lanza en ristre contra todo un gremio de la producción tan importante para la economía del país y tan poderoso, como es el conjunto todo de la agroindustria azucarera, con el ánimo de deteriorar sus finanzas. Sin embargo, quienes se solidarizan con los azucareros afirman que la sanción es resultado de la presión que ejercen sobre el gobierno empresas como Nutresa, Cocacola, Nestlé y otras, cuyo poder económico tampoco se puede desconocer, dizque para “acabar con ese gremio y los ingenios”, y así poder comprar azúcar muy barata. Así lo afirma el presidente de Asocaña, doctor Luis Fernando Londoño Capurro, en reportaje concedido al diario El País y publicado por este el pasado 18 de octubre con gran despliegue, como que ocuparon con él toda la página A18 del periódico. Y es en este punto en el que el ciudadano desprevenido empieza a no entender lo que pasa. Si la campaña de las empresas mencionadas arriba realmente existe, como lo afirma Asocaña, y si su objetivo es que bajen los precios del azúcar, ¿no es esa una especie de confesión de parte? Porque querría decir que la existencia de los ingenios y del gremio azucarero tiene como consecuencia que los precios del azúcar sean artificialmente altos. Ahora bien: Si esas empresas pueden importar y de hecho importan (según lo afirman los propios defensores de los azucareros y el mismo doctor Londoño Capurro), ¿Como para qué diablos les iba a interesar si existen los ingenios o si dejan de existir? Si ellos pueden conseguir azúcar importado más barato, ¿por qué querrían que se acabe la industria azucarera, si no es la que les suministra el azúcar, y no puede tener influencia respecto a los precios que obtienen esas empresas en el exterior? No se entiende.

De acuerdo estamos en que nadie es culpable mientras no se le demuestre que lo es. El caso está aún en proceso porque, aunque ya existe una decisión de la Superintendencia, falta tramitar los recursos a que tienen derecho, como cualquier acusado, los empresarios azucareros. Si estos pueden demostrar que son inocentes, estaríamos ante un gravísimo error, de consecuencias imprevisibles, por parte de las autoridades. Pero mientras tanto, el ciudadano común no puede tomar partido en la disputa. Nos corresponde esperar el fallo final sobre este tema.

Los azucareros están moviendo cielo y tierra, no solo para tratar de demostrar su inocencia, para lo que tienen pleno derecho, sino para despertar la solidaridad regional, la solidaridad empresarial, la solidaridad de los sindicatos obreros, y lograr que terceras partes ejerzan toda suerte de presiones sobre el gobierno para que se levante la medida. Y a esos que presionan no les importa si el gobierno tiene razón y si los azucareros han actuado mal. No. A ellos solo les preocupan las consecuencias económicas que tendría la confirmación de las multas. Y, de cierta manera, tratan de achacar al gobierno la responsabilidad de esas consecuencias.

Nada más equivocado. Si el gobierno no tiene razón, repito, en acusar a los azucareros, es indudable que tendría la responsabilidad de haber generado, por ligereza, una problema mayúsculo, un pánico económico inaceptable un desprestigio general de toda una industria. Gravísimo y tal vez irreparable. Pero si los azucareros son culpables, es impensable el solidarizarse con ellos. Si de verdad han caído en prácticas que conducen a aumentar los precios de su producto en perjuicio de los consumidores que somos todos los colombianos, serías absurdo que esos mismos consumidores apoyaran a sus victimarios. La responsabilidad de lo que pase, si ese es el caso, es enteramente de quienes se hayan amangualado para buscar precios injustamente altos. Si fue así, cuando se reunieron a programar su estrategia deberían haber considerado la posibilidad de que los descubrieran, de que los sancionaran, de que esas sanciones pusieran en grave riesgo la estabilidad económica del gremio –y de paso de toda la región del valle geográfico del Río Cauca– de que cundiera el desempleo –como amenazan–entre los cerca de doscientos mil colombianos cuyo ingreso depende directamente de esa agroindustria. Si cometieron la falta, son ellos los responsables de sus consecuencias, no el gobierno que tiene la obligación constitucional y legal de hacer cumplir las normas y de castigar a quienes no lo hagan.