11 de abril de 2021
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DE NUEVO EN LA HAYA

6 de octubre de 2015

Lo cierto es que Nicaragua se ha querido presentar como una víctima.

La semana anterior Colombia presentó ante la Corte Internacional de Justicia sus alegatos preliminares solicitando que el alto tribunal “desestime” las peticiones que formuló Nicaragua contra nuestro país. Este es un paso importante que debe entenderse en su justa dimensión, dado que tiene que ver con nuevas -y absurdas- pretensiones del país centroamericano en el área del Caribe.

La posición que sustentaron Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda en La Haya, como agente y coagente de Colombia, está avalada no sólo por su conocimiento jurídico del caso, sino por el asesoramiento externo de los expertos abogados internacionales que actúan como consultores del país. En esta primera etapa se espera que los jueces estudien en profundidad y acepten los argumentos y las pruebas que presenta el país con el fin de demostrar, entre otras cosas, que el Tribunal no tiene competencia para actuar frente a las dos demandas elevadas desde Managua. La Corte podrá, como lo ha hecho en otros casos, decidir si acepta o rechaza la solicitud planteada por Colombia en un plazo de seis meses. En este tipo de contiendas nada está asegurado, de ahí la importancia que tiene cada etapa del mismo.

Luego del fallo del 19 de noviembre de 2012, Colombia presentó de inmediato una nota ante la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante la cual denunciaba el llamado Pacto de Bogotá para que Nicaragua no pudiera llevarnos de nuevo a La Haya.

Según la canciller María Ángela Holguín y sus agentes, Nicaragua no sólo presenta vacíos legales en su argumentación, sino que hay elementos jurídicos que le permiten a Colombia manifestar que la denuncia, o retiro del país del Pacto de Bogotá, tenía efecto inmediato a partir de la presentación. De esta manera, y según la interpretación de la norma, la Corte quedó sin jurisdicción para tratar el tema. Nicaragua, por su parte, insiste en que la denuncia sólo tiene efecto un año después de presentada la nota. De esta manera, dicen, sus dos nuevas demandas habrían sido presentadas dentro de los plazos establecidos.

De otro lado, se han argumentado cuatro aspectos adicionales relacionados con las peticiones nicaragüenses. Hasta el momento de la presentación de la demanda no habían ocurrido incidentes en el Caribe entre las dos Armadas, es decir, que no hay ningún problema en ese sentido. Y si lo existiera, lo conducente sería resolverlo de manera bilateral. Sólo en caso de que no se solucionara se podría acudir al alto tribunal. Ante el fallo de 2012, el Gobierno manifestó que negociaría con Nicaragua un nuevo tratado de delimitación sobre la base de lo que se determinó en La Haya. Este proceso diplomático no se ha agotado entre Bogotá y Managua, ni se han presentado incidentes, lo que de hecho deja sin sustento el deseo de dicho país de ir ante la Corte.

De otro lado, el gobierno de Daniel Ortega argumentó que Colombia no ha cumplido el fallo de 2012. Según las normas de procedimiento, la Corte no tiene dentro de sus competencias la de monitorear los fallos que ella haya proferido. Y, por último, en caso de que no se diera cumplimiento al fallo en mención, el camino indicado sería el de acudir primero a la OEA, a su instancia de ministros de Relaciones Exteriores, y si allí no se decidiera nada, acudir entonces al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para exigir el eventual cumplimiento del mismo. Ninguno de estos pasos se ha agotado hasta el momento.

Lo cierto es que Nicaragua se ha querido presentar como una víctima y sustenta su condición sobre la base de una serie de hechos que contrarían aspectos procedimentales establecidos en las normas existentes. Además, parecen querer echar por la borda el ofrecimiento formulado por el presidente Juan Manuel Santos para llegar a un arreglo diplomático amistoso. Hay que esperar que los jueces se pronuncien frente a las excepciones preliminares para ver si se declaran competentes o no, aunque la posición de Colombia es la más acertada.

EL ESPECTADOR/EDITORIAL