Un compromiso con el futuro.

“Es preferible una paz injusta a una guerra justa”- Samuel Butler- novelista inglés.

No se necesita pasar por una Universidad (Facultad de Leyes) para saber que en los regímenes democráticos, en donde prevalece el Estado de Derecho, la normatividad, cualquiera que sea su piramidal, requiere de una parafernalia o trámites o protocolos por parte de la rama legislativa para la aprobación de las leyes. Cualquier acuerdo que se celebre entre un gobierno legítimamente constituido y un grupo subversivo al margen de la ley, da nacimiento a situaciones concretas de carácter político y jurídico que requiere la refrendación o aprobación  del constituyente primario por uno cualquiera de los medios de participación establecidos legalmente: así mismo, se necesita el concurso del órgano legislativo para la aprobación de las normas necesarias para su implementación, o sea, para la aplicación de métodos y medidas para el cumplimiento de lo acordado.   

Hubiera sido más fácil y expedito persuadir a una mayoría de colombianos para que apoyen la “refrendación” del acuerdo integral de Paz que se adelanta en la Capital cubana, si se hubiese divulgado oportunamente cada punto tratado y aprobado en su integridad por las partes, sin incurrir en mentiras o engaños, ni verdades a medias, ni con eufemismos hipócritas, y dando a conocer de primera mano y sin distorsiones el acontecer verdadero, lo que hubiese evitado que los amigos de la guerra  recurran a inventos o  comentarios infundados que solo han fomentado el escepticismo y la desconfianza, lo cual despeja el camino a fin de lograr que un electorado  niegue con su voto la aprobación,  lo que nos privaría de alcanzar una convivencia pacífica y armónica, anhelada por más de sesenta años. 

Mientras el interés personal, con fines políticos, se anteponga al interés general; mientras la envidia obstruya fines altruistas; mientras exista polarización producto de  diferencias inocuas en las política; mientras existan apetitos desbordados por las ansias de poder; mientras se recurra a prácticas ilegales para obtener y engrosar caudas  electorales, y mientras todas y cada una de estas ignominias apunten a torpedear la refrendación (aprobación) de un eventual acuerdo de paz, jamás lograremos el disfrute de una buena calidad de vida y seguiremos sumidos en una lucha fratricida y de la cual no somos ni arte ni parte, lo digo con conocimiento de causa porque he sido víctima de dos “pescas milagrosas”. Así de simple. 

Los acuerdos a los que se espera llegar en La Habana, requieren de una especie de protocolización que deberá ser plasmada en Ley, lo que entraña un recorrido espinoso, casi intransitable, que necesita superar obstáculos de gran envergadura, sobre todo, con más énfasis, en lo político que en lo jurídico, porque lo primero facilita la aplicación de lo segundo. Nuestra Carta consagra estos eventos jurídicos a saber: Asamblea Constituyente; mecanismos de participación ciudadana: referendo, plebiscito y consulta popular y un grupo de leyes. Se tiene que escoger uno cualesquiera de estos caminos para darle el tinte de legalidad a los acuerdos suscritos y poder llevar a cabo la implementación a través de leyes necesarias para su ejecución y desarrollo, que garanticen una paz duradera y estable. 

Cualquiera de estos mecanismos jurídicos, una vez superado, no encierra ningún tropiezo para lograr su objetivo desde el punto de vista legal; otra cosa muy distinta es mirarlo en su aspecto mecánico y de resultado, porque el gobierno no tendría la seguridad, y tampoco las FARC, de obtener un respaldo mayoritario en una refrendación popular de los acuerdos, sea este a través del constituyente primario o que se delegue en una Asamblea o por uno cualquiera de los mecanismos de participación o por el trámite de un conjunto de leyes. El resultado es impredecible, y sería como jugar a la ‘ruleta rusa’, y este gobierno, en su caso concreto, y habida cuenta de la oposición férrea que tiene, no se puede dar ese lujo aleatorio. 

El gobierno, en cabeza del Presidente, tiene que ser consciente y responsable de los compromisos recíprocos que negocia y a los que se compromete, ya que sabe de ante mano, que estos acuerdos no los va a suscribir con unas “Monjitas de la comunidad franciscana”, sino con gente ducha y marrullera, que tiene mejores Asesores nacionales e internacionales que los que puedan tener los negociadores del gobierno, que una coma mal puesta en un escrito ellos la saben capitalizar, que ellos se desmovilizan si tienen gabelas fijas a su favor, estos acuerdos no los hacen de manera gratuita, y es aquí donde radica el peligro a futuro, y, ojo, con las zonas de reserva campesina que no terminen en republiquetas, en donde prevalezca e impere sus veleidades y desmanes amedrentadores.   

Soy un amigo de los diálogos de paz, con las FARC y con todos los grupos al margen de la ley, y un convencido de que la paz se alcanza en esta oportunidad, sin poder predecir a que costo ni  la dureza de su hipoteca, pero a ratos me asaltan ciertos interrogantes, sin duda por desconocimiento de los diálogos, pero por conocer la ideología izquierdista (marxismo-leninismo) que inspiró el nacimiento de las FARC, y cuyo pilar es la justicia social, me pregunto: ¿Por qué la guerrilla no ha exigido reformas sustanciales en la estructura estatal como reforma a la política y a la justicia? Por qué no ha condicionado grandes reformas a la seguridad social en toda su cobertura y a una verdadera ley de tierras que favorezca al campesino? Qué busca la guerrilla en un futuro? ¿O es que ya no son los adalides de las causas sociales? 

De igual manera, la posición del gobierno, o al menos por su silencio, es desconcertante, hasta el momento se tienen temas cruciales en el limbo, como no aclarar o conjugar los verbos entregar y dejar, respecto al desarme, ya que su significado es completamente distinto, tampoco se ha tenido claridad con la reparación de víctimas, con la justicia transicional, su punibilidad, y en qué lugar y como se daría, y otras yerbas amargas que se quedan dentro del tintero. 

Es por todo esto, que sentí desconsuelo, tristeza e inseguridad cuando escuché al presidente  Santos, con un infantilismo y desconocimiento jurídico extremo, proponer un Congresito que ingeniaría y aprobaría las leyes trascendentales que llevarían explicita e implícita los controles efectivos para evitar su transgresión y abusos y que pondrían en funcionamiento, ejecución y desarrollo los acuerdos pactados en La Habana y refrendados en las urnas por la mayoría de los ciudadanos votantes. Semejante responsabilidad política, jurídica y gramatical (sintaxis, sindéresis, léxico, etcétera), no puede  entregársela alegremente a un CONGRESITO, y menos haciendo parte de éste una mayoría de politicastros de la comisión I  de Senado y Cámara; esta actitud no deja de ser un gesto de superioridad o prepotencia y un desprecio y burla hacia el pueblo colombiano. No hay derecho a tener que soportar semejante despropósito. 

El Congreso Nacional está conformado por una mayoría de personajes con un perfil que deja mucho que desear, de extraordinaria proclividad hacia el tráfico de influencias que les permite realizar los negociados o torcidos y que expelen hedor nauseabundo, clientelistas consumados sin impedimentos o inhibiciones, sin ética ni moral, expertos en el Concierto para Delinquir, por eso la facilidad para conformar contubernios macabros con criminales redomados como los que engendraron y criaron la criatura diabólica del paramilitarismo, hábiles en ‘micos’ legislativos y falsedades ideológicas y materiales en beneficio propio o de los suyos. Recuerden la penosa y fallida reforma a la Justicia. Es por ello que no se le puede confiar este delicado encargo. 

Una vez refrendado en las urnas por el pueblo los Acuerdos para la Paz, el camino más adecuado y democrático, así revoquen hasta la decisión del conclave cardenalicio y el Papa Francisco se tenga que devolver para Argentina, es una ASAMBLEA CONSTITUYENTE, si se quiere actuar dentro del ordenamiento jurídico y respetar el Estado de Derecho.

Manizales, agosto 20 de 2015