29 de marzo de 2024

MÁS COCA, MÁS COCAÍNA

3 de julio de 2015

Pésimos resultados para el país arroja el estudio de la agencia de las Naciones Unidas contra la Droga sobre incremento de cultivos ilícitos. Se señalan allí incentivos políticos y económicos.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), encabezada por su representante en Colombia, Bo Mathiasen, con la presencia del ministro de Justicia, Yesid Reyes, presentó ayer el informe “Monitoreo sobre cultivo de Coca 2014”, cuyos resultados son desastrosos para el país.

Las evidencias recogidas por los grupos de monitoreo de la UNODC indican que la cifra de cultivos de coca se incrementaron de 48 mil hectáreas en 2013 a 69 mil en 2014. Y la producción de cocaína como tal creció un 52,7 %.

Entre 2013 y 2014 el cultivo y producción de coca se incrementó en 11 departamentos del país. En Antioquia ese incremento fue del 131 %, al pasar de 991 hectáreas en 2013 a 2.293 en 2014. Pero son Putumayo, Nariño, Cauca y Caquetá donde más crecieron las cifras. De ahí que el Monitoreo diga que “los departamentos del sur del país y Catatumbo constituyen el principal reto para enfrentar el problema de la producción de cocaína”.

Esto lleva a una pregunta ineludible: ¿será casualidad que sea precisamente allí donde las Farc mantienen una incesante actividad delictiva, conectada directamente con el narcotráfico y con la habilitación y mantenimiento a sangre y fuego de corredores de tráfico de drogas?

Repárese que en este informe se hace referencia concreta al proceso de diálogo entre el gobierno de Colombia y las Farc, y a que uno de los puntos versa precisamente sobre el problema de las drogas y a la reducción sostenible de cultivos ilícitos. Dice la agencia de la ONU, en frase más que elocuente, que “es imposible entender este informe de monitoreo de cultivos de coca 2014 por fuera de este marco complejo”.

La UNODC plantea dos explicaciones para estos resultados: una política y otra económica. La política, a pesar del lenguaje diplomático del informe, es suficientemente preocupante: “algunas comunidades sienten que al tener coca tienen una mayor interlocución con el Gobierno”. Es muy posible que así sea. Paros cocaleros, patrocinados -según acusación de oficiales de la Policía y de miembros del Ejecutivo- por la guerrilla hacen temblar a los gobiernos que de inmediato ofrecen concesiones. Una forma de asegurar atención que las actividades legales no logran casi nunca.

Y la explicación económica, derivada del incremento del precio de la hoja en regiones estratégicas, circunstancia que, asegura la UNODC, “se suma a la reducción del riesgo de afectación por aspersión y erradicación manual”. Dicho con claridad: una reducción de los instrumentos de combate a los cultivos ilícitos, responsabilidad directa del Gobierno.

Estos resultados, malos sin discusión, se derivan del estudio del año 2014, es decir, sin haber entrado a regir aún la suspensión del uso del glifosato, según el acuerdo logrado con las Farc el 16 de mayo del año pasado. (“Las Farc-EP consideran que en cualquier caso en que haya erradicación esta debe ser manual”. Comunicado conjunto N° 36).

El Ministro de Justicia se limitó ayer a constatar que las herramientas de combate a los cultivos ilícitos y a las drogas no han sido eficaces, y que hay que insistir, como se viene anunciando desde los años 80 del siglo pasado, en “mecanismos de desarrollo alternativo”.

Lo cierto es que hay una dualidad en el discurso oficial al que, en todo caso, los cultivadores y narcotraficantes prefieren no atender, mientras se dedican a crecer su negocio al aprovechar incentivos políticos y económicos como los que de forma más o menos explícita deja entrever este informe internacional.

EL COLOMBIANO/EDITORIAL