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Les quedamos a deber

Por José Ferney Paz Quintero
23 de junio de 2015
Por José Ferney Paz Quintero
23 de junio de 2015

Una sociedad decadentista

JOSE FERNEY PAZ QUINTERO
Abogado consultor

Ferney paz foto del 14 de abril de 015Informan los medios escritos sobre los eventuales beneficios para quienes defraudaron la confianza pública en el escandaloso episodio de Interbolsa y Fondo Premium, quienes pretenden a través de sus apoderados obtener se les conceda prisión domiciliaria donde continuarán seguramente disfrutando de las comodidades de sus espaciosas residencias y manejando vía internet sus indelicados y oscuros negocios, mientras los miles de inversionistas seguirán a la espera se les devuelva sus ahorros de toda una vida entregados de buena fe a estos cacos de cuello blanco y timadores profesionales.

La casa por cárcel no puede ser el destino para esos personajes investigados por una serie de delitos financieros, que van desde la captación ilegal de dineros, hasta el concierto para delinquir, porque iría en contra de la búsqueda de la reparación integral a las víctimas y un errado mensaje del propósito que debe orientar una seria política de Estado de combatir la captación ilegal en beneficio de unos perfumados ejecutivos que en la práctica no son más que consumados delincuentes.

Coincidimos en que esta figura debe operar a favor de aquellos procesados que no representan un peligro para la sociedad y su calificación debe estar precedida de un jurídico análisis del acervo probatorio por parte del juez competente, ciñéndose a lo reglado en la norma sustantiva y procedimental y no al vaivén del criterio subjetivo del funcionario, que pareciera estar sucediendo por la disparidad de posiciones de los jueces a la hora de conceder tal beneficio.

Desconcierta la forma como se mal interpreta la ley que permite la detención extra mural, concebida para los que demuestren no constituir un peligro social y con la certeza de las autoridades de poder ejercer el debido control sobre los mismos y como ayuda para evitar la creciente congestión o hacinamiento carcelario, fenómeno que no puede ser invocado para favorecer a peligrosos estafadores que en la mayoría de los casos emplean el poder de la corrupción tratando de esquivar la detención intramuros, o cárcel.

Si bien el Código de Procedimiento Penal prevé que la detención preventiva en establecimiento carcelario como medida de aseguramiento puede sustituirse por la del lugar de residencia en determinados eventos, no menos cierto lo es, que le corresponde al funcionario judicial verificar que quienes reclaman tal beneficio cumplen con los requisitos de ley, que entre otras cosas son taxativos, o en otros términos específicos.

Es que quienes abusaron de la confianza pública, a pesar de que no han cometido delito alguno con características violentas, no significa que no haya victimas, por cuanto el proceder es de tal sutileza que reemplaza la violencia al lograr que el incauto inversor entregue o ceda su dinero convencido de que es la mejor decisión financiera que puede tomar.

Si las autoridades judiciales no actúan con la mayor rigidez aplicando las herramientas legales de que disponen investigando con objetividad ese descalabro bursátil, de conocimiento público cuando se intervino a destiempo la firma comisionista Interbolsa, que dio lugar a la frase de cajón del presidente Santos, que ningún ahorrador perdería un solo centavo, estaremos avocados a presenciar el abuso del derecho por habilidosos apoderados, muchos   colindando en faltas contra la ética profesional, así como a la pasividad de un sistema judicial, diligente para las causas menores y protagonista ante los medios, con principios de oportunidad, más parecido al de impunidad, reclusiones extra muros, vencimiento de términos, recursos, recusaciones, excarcelaciones, tutelas por vía de hecho, y condenas insustanciales que no corresponden al daño económico y social realizado, como la recientemente impuesta al celebro de ese ardid, Rodrigo Jaramillo.

Y como el cinismo es, ha sido, y será la característica de estos defraudadores, no es raro que nos sorprendan en un futuro con demandas contenciosas de reparación por los perjuicios irrogados, cuando a todas luces se configuró la captación irregular de dineros, la triangulación dolosa de capitales pertenecientes a las carteras colectivas, así como el no reintegro de los mismos a miles de colombianos que hoy por hoy sufren las penurias de su ingenuidad y desconocimiento de cómo funciona el mundo de la bolsa, en donde los organismos oficiales, omitieron cumplir con su obligación de supervisión, o simplemente miraron hacia otro lado, pudiéndose haber incurrido en una clara responsabilidad estatal, aspecto procesal que tendrá que dirimir la jurisdicción contenciosa administrativa frente a las demandas incoadas por los afectados.

Lo cierto es, que estos personajes con elevados estatus socioeconómico, los Jaramillos, padre e hijo, Ortiz, Maldonado, y otros más que integraban ese combo de timadores, han violado las leyes y deben ser castigados con penas de reclusión, permitirles otra clase de sanción penal, no es más que una burla a la sociedad y una bofetada a la justicia, si es que la tenemos. prisión que debe ser de verdad y no en pabellones con beneficios , y privilegios que desdicen del sistema carcelario , cuando de por medio está el poder del dinero.

Es de confiar que la Procuraduría General de la Nación, ejerza la representación de la sociedad civil, vigilando el desarrollo de esos procesos, para que opere la sanción penal, ya que la social no se cumple en nuestro medio, cuando se rumora la postulación para una alcaldía de la importancia de la Manizales, de alguien también comprometido en estas actividades indebidas de captación ilícita, denunciado en días pasados por un medio televisivo.

ADENDA: La inversión de valores en la sociedad viene siendo la constante en el momento actual, en donde el respeto, el honor, la dignidad, la trasparencia, la rectitud, la verdad, la coherencia, se ha venido perdiendo, colocándose de manifiesto un nuevo concepto de sociedad decadentista y venida a menos.

Ejemplos como los de una clase política contaminada en hechos de corrupción, sin contar con aquellos que coadyuvaron en esa etapa oscura del paramilitarismo, urdimbre que todavía no ha sido posible de desmontar, corriéndose el riesgo que esos dirigentes cuestionados o sus patrocinados, regresen al debate electoral venidero, empresarios, contratistas y altos ejecutivos vinculados al soborno para obtener beneficios personales, aunque tengan que acudir a la compra de conciencias.

Gobernantes elegidos por votación popular que defraudaron esa confianza al utilizar indebidamente los dineros públicos en actividades diferentes al bien colectivo, cuando lo fueron para provecho propio, como lo demuestran fallos judiciales, disciplinarios y fiscales, o con sentencias contenciosos por haber obrado irregularmente en la inscripción a sabiendas de la inhabilidad existente, y a pesar de ese grave antecedente, se insiste en una aspiración sin considerar los perjuicios irrogados al presupuesto nacional, sin que haya operado la acción de repetición, por que así lo consagra la norma legal.

Unos voceros judiciales que se resisten a perder algunas pequeñas gabelas que les recortó la mal llamada reforma de equilibrio de poderes, entre ellas las electorales y amenazan con un referendo para que el pueblo se exprese sobre la misma, como si la sociedad Colombiana estuviera dichosa por la forma como viene operando el sistema judicial, en donde la característica es la congestión y el atraso, sin considerar los permanentes escándalos en actos de corrupción, ocupando un quinto puesto en la encuesta de medición de transparencia por Colombia.

Un Magistrado de la República que acude a las argucias, estratagemas, para dilatar una investigación en su contra por graves denuncias en su ejercicio jurisdiccional en la desprestigiada comisión de acusación, unos congresistas que abandonan sus funciones dejando de aprobar proyectos de interés general, como el de la promesa presidencial para reducir el porcentaje por salud a los pensionados, por viajar al exterior para presenciar el partido de la selección Colombia, un proceso de paz inentendible por los atentados, voladuras de oleoductos, masacres, reclutamiento de menores, daño del medio ambiente, condiciones e imposiciones que semana tras semana trazan los turistas voceros de esa insurgencia armada.

Y por último, unos funcionarios públicos que anteponen la labor misional por diseñar sus aspiraciones políticas futuras; nos hace pensar que nada bueno nos deparará el horizonte, salvo que se reflexione y se piense en favor del interés ciudadano, deponiendo ambiciones, favorecimiento de grupos, la voracidad burocrática y contractual, aplicación correcta de las leyes, que garantice la seguridad jurídica, con un solo objetivo: recuperar la moral, la ética social y administrativa.

 

Bogotá, junio 23 de 2015.