24 de mayo de 2019
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Hecatombe

2 de junio de 2015
Por José Ferney Paz Quintero
Por José Ferney Paz Quintero
2 de junio de 2015
JOSE FERNEY PAZ QUINTERO
ABOGADO CONSULTOR

Ferney paz foto del 14 de abril de 015La palabra hecatombe, entendida como desgracia, catástrofe, caos, desastre, bien puede ser aplicada al momento difícil por el que atraviesa la justicia colombiana y otras instituciones, aunque se quiera negar u ocultar la verdadera realidad, ante los hechos tozudos que a diario denuncian los medios especializados   palpados objetivamente por la sociedad civil.

Conveniente recordar que tres fueron entre otros los factores más importantes que se le plantearon a la población colombiana para reformar la constitución de 1886 que con todos sus defectos era una obra jurídica coherente y de gran contenido conceptual, con las modificaciones introducidas por las reformas de 1905, 36, 45 y 68.

.-El desprestigio del Congreso de la República y la necesidad de introducirle cambios a su estructura y funcionamiento legislativo.

.-La falta de credibilidad del sistema judicial para hacerla operante, pronta y cumplida.

.- El narcotráfico como factor de corrupción y perturbación de la paz social.

Han trascurridos más de 24 años y el interrogante que se plantea el ciudadano del común es si el país ha experimentado cambios sustanciales con esa nueva constitución sometida a más de treinta reformas y en tránsito la denominada de Equilibrio de poderes, que ha pasado por todas las peripecias tanto internas como externas, con oposición abierta de las Cortes y del Fiscal General, con argumentos no tan sólidos e interpretaciones sesgadas de lo que debe entenderse por autonomía e independencia judicial, que se expresan en la capacidad de decidir objetivamente de manera imparcial los conflictos que se sometan al conocimiento de los jueces y no en la defensa de privilegios, canonjías, prerrogativas que han venido siendo objeto de cuestionamientos por la sociedad civil y comunidad jurídica.

Todas estas presiones la tienen en suspenso para la aprobación en su octavo debate en plenaria de Cámara, corriendo rumores de un posible hundimiento por vencimiento de los términos legislativos que expiran el próximo 19 de junio, al dilatar intencionalmente la discusión, constituyéndose en un punto de honor para el gobierno de evitar otro descalabro en esta materia.

Destacamos la figura jurídica de la tutela o derecho de amparo como mecanismo de protección a los derechos individuales permanentemente violados por los entes oficiales y en especial en materia de seguridad social, observando con preocupación el abuso de la misma en casos en que no debe operar, muchas veces para beneficiar intereses patrimoniales de personas jurídicas, generando suspicacias respecto a las decisiones que se han tomado convertidas en noticia nacional, como el sonado caso en donde aparecen involucrados magistrados de la Corte Constitucional y a la espera de una decisión de la comisión de acusaciones, la que seguramente no se dará, prohijando una impunidad si se cometió una actuación dolosa o retrasando las aclaraciones que ameritan las denuncias.

Llama la atención la noticia respecto a la presentación de una acción de tutela para impedir el trámite de dicho acto legislativo en su último debate constitucional, por considerar los tutelantes que por parte de las comisiones de ética del Congreso de la República no se resolvieron las recusaciones presentadas contra 76 parlamentarios al inicio del séptimo debate, viciando   de nulidad la actuación correspondiente.

La falta de seriedad jurídica llega hasta estos extremos de tratar de imposibilitar el curso normal de dicho acto legislativo, que no siendo el más avanzado en materia de justicia, da incipientes pasos para una estructural reforma que habrá que hacerse en el corto plazo, desconociéndose de plano que en el evento de existir vicios de procedimiento es a la Corte Constitucional a la que le corresponde decidir sobre esas demandas de inconstitucionalidad que puede promover cualquier ciudadano contra los actos reformatorios de la constitución, pero jamás por vía de la tutela, que debió haber sido rechazada por el funcionario o sala respectiva, si en verdad se aplicara con rigor el ordenamiento jurídico existente y sancionar estos abusos del derecho, que no son más que leguleyadas que producen asombro y desconcierto .

Lo anterior nos lleva a concluir que seguimos con los mismos males y algo habrá que inventarse para recobrar la confianza ciudadana y que alguien o ciertos sectores se oponen a los verdaderos cambios estructurales en justicia, en política, en lo electoral, en lo tributario, y que manejan exorbitantes poderes.

Regresando al titular de la columna, se debe decir que desconocer que hay una hecatombe en materia de justicia, sería una insensatez, por no ser eficiente, pronta y cumplida, ahogada en escándalos, la congestión y atraso judicial, con un agravante, que en los últimos años se ha perdido la seguridad jurídica y ella se da cuando un Estado es capaz de proporcionar reglas de juego claras, derechos y obligaciones precisas de los ciudadanos entre sí y de estos frente al Estado, así como mecanismos ágiles y eficaces para resolver los conflictos, factores por desgracia ausentes en el momento presente.

Hecatombe en materia política, en donde no hacen presencia en el panorama nacional partidos políticos fuertes y vigorosos que fortalezcan la débil democracia que se tiene, que estén en contacto con el interés colectivo, hoy más afanados por otorgar avales que les garantice unos votos, extendidos en ocasiones a personajes de dudosa reputación social y política.

Que los resultados de las elecciones regionales en España sirva de ejemplo a lo queda de partidos tradicionales en Colombia, en donde movimientos emergentes hacen temblar a los partidos históricos de esa nación, cuyos efectos   pueden extenderse a otras latitudes.

Hecatombe social, que se traduce en el desmoronamiento de una sociedad polarizada por el proceso de paz que se discute en la Habana, y la indiferencia frente a los millones de desarraigados que deambulan por las calles de los grandes centros urbanos y centenares de niños que ven en las esquinas de los semáforos su medio de subsistencia .

Hecatombe tributaria, por la cascada de impuestos, tasas y contribuciones, que agobia a la clase media e independiente, aunados a los establecidos en el plan de desarrollo, más los que se anuncian en la denominada reforma estructural al sistema tributario.

Hecatombe por la forma como se realizan las elecciones que no garantiza la trasparencia del voto, burlando la voluntad popular por el fraude, la compra descarada del sufragio, la trashumancia, que dio lugar a una declaración del presidente del Consejo Nacional Electoral, en el sentido de no contar con los mecanismos y recursos para controlar este fenómeno que se ha extendido a nivel nacional para las elecciones del mes de octubre de hogaño.

Hecatombe ambiental, por el precario interés para proteger nuestras cuencas, y las zonas

hídricas, una pérdida acelerada de la biodiversidad por ausencia de políticas de desarrollo sustentable.

Hecatombe en materia de seguridad ciudadana, sobre todo en los grandes centros urbanos, en donde el fleteo, el robo, la extorsión, el hurto a residencias,  el atraco callejero, es la constante diaria, inclusive a pocas cuadras de la casa presidencial.

Razón le asistía a Montesquieu, cuando afirmaba con razón o sin ella, que “cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a poco sin notarlo “. Y cuando ello ocurre, hay un solo perdedor: la sociedad entera.

Olvidaba anotar por último, que esta frase de hecatombe, fue empleada en su momento por un ex presidente, cuando dejó abierta la posibilidad de una segunda reelección, advirtiendo que sólo la contemplaría en caso de una hecatombe, situación política que no se dio, por prohibición de la Corte Constitucional, en fallo con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto.

Adenda: Resulta incoherente que mientras la motivación central para la llamada reforma de equilibrio de poderes era la eliminación de la figura de la reelección, esta se sostenga para los contralores locales y personeros, demostrando una vez más que esa clase de política tradicional sigue vigente, y la mejor manera es la de continuar eligiendo a estos funcionarios a través de los concejos y Asambleas donde el cacicazgo regional maneja a su antojo el panorama político de dichas corporaciones..

Igualmente, de manera silenciosa se abre paso en esa mal llamada reforma la posibilidad de que los congresistas sean ministros, sin mediar un plazo de inhabilidad, que en la práctica no es más que una estafa al elector que otorgó un mandato para un período legislativo, lo que pone de presente se aprovecha este mecanismo constitucional para beneficio propio, dejado de lado los intereses de la Nación.

Y, luego se preguntan, ¿el porqué de la desaprobación ciudadana frente   a la rama legislativa?, o la que formula un columnista de este portal. ¿No habrá en este país un hombre o una mujer capaz de reformar la justicia y sus malas costumbres?, y se le agregaría, o un gobierno.?

Bogotá, junio 2 2015.