21 de abril de 2021
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En la Lista Clinton hermanos Gallón y alias «Natilla»

24 de junio de 2015
24 de junio de 2015

Los  hermanos Gallón y alias “Natilla” (antioqueños) fueron incluídos en la Lista Clinton por la Oficina de Control de Activos Internacionales (OFAC, por su sigla en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La Oficina de Control de Activos Internacionales (OFAC, por su sigla en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó a cuatro ciudadanos colombianos, identificados como financieros criminales, narcotraficantes  o colaboradores asociados con el grupo criminal colombiano conocido como La Oficina de Envigado (La Oficina),  como también a una empresa relacionada con este grupo en Colombia, conforme a la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin). OFAC también designó hoy, conforme a la Ley Kingpin, a un importante enlace criminal del grupo criminal Los Urabeños (también conocido como El Clan Úsuga) con La Oficina. Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e  intereses en propiedades basadas en los Estados Unidos, o en poder o control de estadounidenses, en los que las personas y entidades hoy designadas tengan intereses, quedan bloqueados.  Por consiguiente, los estadounidenses tienen prohibido hacer transacciones con dichas personas y entidades.

“La Oficina y El Clan Úsuga dependen de poderosos traficantes de narcóticos como los designados hoy, quienes les proporcionan financiación a cambio de protección para sus operaciones de tráfico de narcóticos y para sus otras actividades criminales”, señaló John E. Smith, director encargado de la Oficina de Control de Activos Internacionales (OFAC). “Hemos hallado que una de las formas más efectivas de desestabilizar a estos influyentes grupos criminales es aislando a quienes los apoyan de la economía de Estados Unidos”.

OFAC designó a La Oficina de Envigado como narcotraficante especialmente designado, conforme a la Ley Kingpin el 26 de junio de 2014. Además de su involucramiento directo en el narcotráfico, La Oficina es cómplice en una variedad de actividades ilícitas que incluyen lavado de activos, extorsión y asesinato por encargo. La acción de hoy es la quinta dirigida contra La Oficina. Entre los individuos señalados con sanciones hoy se encuentran tres financieros criminales y narcotraficantes: Reinaldo Ochoa Mesa (alias “Natilla”), Juan Santiago Gallón Henao y Pedro David Gallón Henao. Las carreras de estos narcotraficantes de vieja data se han centrado en patrocinar las actividades ilícitas de La Oficina. Otro individuo, Hugo Humberto Giraldo Ochoa, ayuda en el lavado de los activos ilícitos de La Oficina. Por su parte, la empresa agrícola Semillanos S.A., con sede en Cereté, Córdoba, también ha sido designada por la OFAC ya que es propiedad o está controlada por Reinaldo Ochoa Mesa.

La OFAC también designó hoy a Octavio Cartagena Benítez (alias “Don Gabriel” o “Gabriel Paraco”), quien es uno de los enlaces principales de El Clan Úsuga con La Oficina. Una tregua acordada entre La Oficina y El Clan Úsuga en Medellín, en 2013, condujo a un acuerdo entre ambos grupos para compartir el poder en el desarrollo de sus actividades criminales. Cartagena Benítez trabaja con su contraparte de La Oficina, Juan Carlos Mesa Vallejo (alias “Tom”), quien fue designado por la OFAC el 16 de septiembre de 2014, para mantener el acuerdo de poder compartido entre La Oficina y El Clan Úsuga. El Presidente Obama identificó al grupo bajo su nombre oficial Los Urabeños por su papel significativo en el narcotráfico internacional conforme a la Ley Kingpin el 31 de mayo de 2013.

Las acciones de hoy fueron tomadas en estrecha coordinación con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos.

Desde junio de 2000, la OFAC ha designado a más de 1.700 empresas e individuos bajo la Ley Kingpin por sus vínculos con el narcotráfico internacional. Las condenas por violación a la Ley Kingpin van desde penas civiles de hasta US$ 1,075 millones de dólares por cada violación, hasta penas criminales más severas. Las condenas para funcionarios corporativos pueden representar hasta 30 años de cárcel y multas de hasta US$ 5 millones. Las multas a corporaciones pueden alcanzar hasta US$ 10 millones. Otros individuos pueden ser condenados a prisión hasta por 10 años y a pagar multas de acuerdo con lo dispuesto en el Título 18 del Código de los Estados Unidos para Violaciones Criminales de la Ley Kingpin.