18 de abril de 2021
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Corte Suprema tumbó fallo que obligaba a pagar más de $15.000 millones a trabajadores de Ecopetrol

3 de junio de 2015
3 de junio de 2015

BOGOTA, 03 de Junio de 2015 (RAM). Por irregularidades en el fallo de primera y segunda instancia por parte de los jueces al emitir una condena contra Ecopetrol, luego de que 500 trabajadores demandaran a la compañía por incumplimientos en las convenciones colectivas de trabajo, y que de acuerdo con la sentencia proferida por la Corte, obligaba a la estatal petrolera a pagar más de 15 mil millones de pesos en reconocimientos por diferencias salariales a los demandantes, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, anuló los fallos proferidos por un juzgado del Tribunal Superior de Cúcuta.

Los funcionarios habían fallado en primera y segunda instancia a favor de aproximadamente 500 contratistas de Ecopetrol, subcontratados por 6 consorcios y uniones temporales, que participaron en la construcción de los oleoductos en los campos del Pozo petrolero de Tibú y Campo Río Zulia. Ellos querían que se les reconocieran diferencias salariales, prestaciones, dotaciones, y todo lo que en general recibe un empleado de planta.

La Corte encontró que hubo irregularidades en las decisiones de primera y segunda instancia pues “desconocieron abiertamente nociones elementales, pero de carácter trascendental, de varias disciplinas del derecho…Y sin escrúpulo alguno, haciendo caso omiso de la naturaleza jurídica de las empresas contratistas de la demanda, y aún de ésta propia, con fundamento en la mera actividad laboral de los trabajadores, concluyó en un abuso de la tercerización laboral que nadie había propuesto en el proceso, ni siquiera en la alzada”, indica un aparte del fallo.

La presidenta de la Corte, Clara Cecilia Dueñas, explicó que “Las razones por las cuales la Sala Laboral emitió este pronunciamiento es porque creemos que hubo una vía de hecho al violarse derechos fundamentales del debido proceso y del derecho al acceso de la administración de justicia, ese sentido fue ordenado dejar sin efectos las decisiones del Tribunal de Cúcuta, tomadas por tres magistrados, dos de ellos a favor y uno que salvo en voto”, afirmó la magistrada.

Para el alto tribunal hubo inconsistencias relacionadas con los servidores en este caso, ya que fallaron sobre un motivo que no había sido solicitado por los demandantes y generó esta indemnización millonaria.

“Sin abundar en mayores razonamientos, como ocurrió con el Tribunal, la Corte concluye que la citada providencia de primera instancia fue fruto del arbitrio del juzgador, no de los razonamientos probatorios y jurídicos que a ella se debían al tenor de las normas citadas”, señala la sentencia.

Y añade “Su desconocimiento, aplicación indebida o interpretación errónea conducen a la afectación de los derechos materiales de las partes del proceso e impiden su realización y efectivización, llegando, inclusive, a desconocer la directiva constitucional que rige la administración de justicia, por ser sabido que en sus actuaciones prevalecerá el derecho sustancia”, precisa la sentencia.

Ante dicha acción judicial proferida por el Alto Tribunal de Cúcuta, la Sala de Casación laboral de la corporación compulsó copias para que se investiguen las posibles “conductas punibles y disciplinarias” en las que incurrieron los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, Félix Galvis y Fernando Castañeda, así como el juez tercero laboral del circuito Samuel Darío Rodríguez Duarte.