27 de febrero de 2021
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Colombia está indignada

2 de mayo de 2015

jose miguel alzate

Esas manifestaciones de los ciudadanos a través de miles de flores puestas en las mallas de las guarniciones militares, o de rechiflas en actos públicos contra el presidente Juan Manuel Santos, son la expresión espontánea de una nación que está cansada de la farsa que representa el diálogo en La Habana.

Colombia está indignada porque, ante un acto de salvajismo como el cometido por las Farc contra un grupo de soldados indefensos, la única reacción del Presidente de la República fue decir que se deben establecer plazos para lograr un acuerdo con el grupo guerrillero. Es decir, no hubo de parte del Primer Mandatario una reacción contundente contra un hecho que sembró dolor en hogares humildes. La actitud de Juan Manuel Santos demuestra que, para él, los colombianos del montón, esos que no llevan un apellido de clase, no tienen importancia. El secuestro de un general fue motivo para que se suspendieran las conversaciones. ¿No es más grave el asesinato de diez colombianos que se encontraban en estado de indefensión?

La solidaridad que han recibido las familias de los soldados asesinados, expresada en el masivo acompañamiento en las honras fúnebres por parte de ciudadanos para ellos desconocidos, es prueba del rechazo que en la opinión pública causa la actitud asumida por el Presidente frente a un hecho que llenó de dolor a toda una nación. Juan Manuel Santos debió haber condenado de manera categórica este acto violento. Como presidente, le faltó contundencia para reaccionar ante el cinismo del grupo terrorista, que culpó de esta masacre al Gobierno Nacional. Claro, ellos, los victimarios, actuaron aprovechando el cese de los bombardeos ordenado por Santos, que se suma a la orden dada a las fuerzas armadas de no atacarlos.

Con este acto violento que enlutó a diez familias colombianas, el grupo guerrillero demostró que no tiene voluntad de paz. Fue un duro portazo a la paciencia que el Gobierno Nacional ha tenido para mantenerlos sentados en la mesa de diálogo, no importándole que no quieran reconocer a las víctimas ni que sigan insistiendo en que no están dispuestos a pagar un solo día de cárcel por sus crímenes atroces. El ataque contra los soldados, que se encontraban durmiendo cuando sintieron los fogonazos de la armas, es un duro golpe contra un proceso que busca la reinserción de los terroristas a la vida civil sin siquiera exigirles la reparación, con sus propios recursos, de las víctimas. Un proceso que solo busca la impunidad para quienes han desangrado a Colombia.

Las escenas de dolor que los colombianos tuvimos oportunidad de ver durante los entierros de los soldados han tocado el alma del ciudadano del común. Esas expresiones de rechazo son un campanazo de alerta para el gobierno, que lo obliga a exigirles a los líderes de la guerrilla reunidos en La Habana compromiso para ponerle límites en el tiempo a unas negociaciones que se están extendiendo más de lo esperado. Dos años y medio de diálogo, sin resultados concretos en lo referente a la terminación del conflicto, dejan en los colombianos la sensación de que el grupo armado está dilatando las negociaciones para hacerse sentir fuerte en la mesa y, en consecuencia, exigirle al gobierno que acepte su propuesta de no pagar un solo día de cárcel si quiere que se firme un acuerdo.

Colombia está indignada. Y con razón. La brutal respuesta del grupo armado a la mano tendida de un gobierno que quiere firmar la paz a cualquier costo despertó en los ciudadanos un sentimiento que nunca antes, durante el tiempo que lleva el proceso de negociación, se había expresado: el de rechazo a un movimiento insurgente que lo que quiere es cogobernar. La opinión pública siente que la Farc no tiene una verdadera voluntad de paz. Si la tuvieran, ya habrían entregado a los menores de edad que permanecen en sus filas, y habrían liberado a los secuestrados que todavía tienen en su poder. El desescalamiento del conflicto se alcanza cuando cesen las incursiones violentas que siguen acabando con la vida de soldados y policías, y cuando el desminado sea total en todo el territorio nacional, sin zonas vedadas.