4 de marzo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Poner de moda la ética

29 de marzo de 2015

Un terremoto cuya intensidad y nivel de afectación pueden ser menores que el que hoy se prevé si la Comisión de Acusación, instancia a la que la Constitución asigna la potestad de abrir un camino que permita la salida de esta crisis, es consciente de que tiene en sus manos una oportunidad de oro de desempeñar un papel histórico y así recomponer bastante de su maltrecha imagen.

Por lo pronto, hay que decir que lo ocurrido en las últimas semanas no solo se suma a un preocupante proceso de desprestigio de la Justicia, sino que ha abierto de nuevo el debate sobre las reformas para corregir males estructurales que hoy carcomen la legitimidad de la Rama.

Tanto en el marco de los debates que se han dado en el trámite del acto legislativo de equilibrio de poderes como en las discusiones que han suscitado el anunciado proyecto de autorregulación de las altas cortes y el decreto que busca mayor transparencia en procesos como la selección de magistrados, entre otros, se han puesto sobre la mesa iniciativas muy bien intencionadas.

Crear un tribunal de aforados, prohibir el cabildeo de abogados en las cortes, permitir un mayor grado de escrutinio ciudadano de los procesos de nominación y selección de magistrados, retirarles a los altos tribunales las funciones nominadoras y que el Ejecutivo y el Congreso no participen a su vez en la escogencia de los togados son algunos de los cambios que, a la luz de la crisis actual, bien merecen ser discutidos y aplicados.

Pero valdría advertir sobre cierto fetichismo normativo que vuelve a asomarse en este caso como en tantos otros capítulos de nuestra historia republicana. De nuevo, entonces, hay que recordar que si bien las leyes son necesarias, están lejos de ser suficientes. Y ser muy enfáticos en que si no hay una disposición ética de las personas, esto es, desde el ciudadano que requiere servicios de la Justicia hasta el alto magistrado, ninguna norma, por bien concebida que esté, podrá cambiar el complejo panorama. No hay forma de blindar un sistema de las malas intenciones de quienes lo rodean. Así de claro.

El caso es que, paralelamente a las reformas, que desde luego hay que introducir, urge una reflexión sobre un propósito que es, de lejos, más importante que cualquier decreto o ley: que se despeje toda duda sobre la integridad de los encargados de administrar justicia, pero también de los abogados, y de los funcionarios de las demás ramas del poder. Dicho de manera coloquial: que se ponga de moda la ética. Y es que, más relevante que cómo se nombra a un magistrado y quién lo ronda es, a fin de cuentas, cómo se comporta y actúa.

Es aquí donde hay que evocar a aquellos juristas recordados por sus fallos, pero también y sobre todo por sus actos y su carácter. Personas de una credibilidad a toda prueba, gracias a que su comportamiento era consecuente con sus palabras, con posturas que solían expresar a través de sentencias, antes que de infidencias. Y manteniendo siempre una prudente y necesaria distancia con los involucrados en los temas que debían pasar por su tamiz.

Este contacto se daba solo a través de mecanismos y conductos institucionales, nunca en corredores, restaurantes o casas de recreo. Severos magistrados que, en suma, mientras ocupaban su cargo no tenían más prioridad que los casos que debían fallar y que no gastaban, como ocurre hoy, parte importante de su tiempo en cálculos políticos, labor que termina contaminando el ejercicio de su magistratura.

Ahora, no deja de llamar la atención un cierto dejo a solidaridad de cuerpo que asoma en ciertas declaraciones de los togados. Postura errada esta de recurrir a la institución como escudo, cuando no hay mejor defensa que un real ejercicio de la transparencia que incluye apelar a la autodepuración cuando las circunstancias así lo exigen. No les falta razón a aquellos observadores que han hecho el símil entre esta coyuntura y la tendencia predominante hasta hace no mucho tiempo en la Fuerza Pública de jugar esta carta cada vez que había denuncias sobre comportamientos indebidos de alguno de sus integrantes.

El viacrucis de la justicia lleva ya varias estaciones. Es hora de una resurrección que no puede ser solo a base de normas, sino consecuencia de un agudo examen de conciencia de todos los que tienen relación con la Rama y que dé paso a una renovada postura moral. Solo así se podrá evitar una crucifixión de la majestad de la Justicia, que estamos a tiempo de evitar.

EL TIEMPO/EDITORIAL