26 de febrero de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Principales amenazas para la mujer rural en el conflicto

9 de marzo de 2015
9 de marzo de 2015

La Defensoría evidenció que las dinámicas rurales mediadas por el conflicto armado constituyen una variable de primer orden en contra de los derechos de las mujeres.

Además de los factores generales de pobreza e inequidad en el campo, como la exclusión laboral, las barreras de acceso a bienes y servicios, la desigualdad frente al acceso a la educación y la relación asimétrica en la concentración de la tierra, entre otros.

Son cuatro los fenómenos de gran influencia dentro del conflicto armado que más padecen las mujeres, en primer lugar se sitúa, la minería ilegal asociada a la explotación sexual de mujeres y niñas, especialmente en sitios apartados de Colombia en donde operan grupos ilegales o trasnacionales. El segundo está logado a las economías ligadas al narcotráfico, seguido de a “explotación indiscriminada de hidrocarburos que arrasa con la propiedad territorial”, y por último, la persecución a las lideresas en los procesos de restitución de tierras.

De acuerdo con la Defensoría, la persecución a las lideresas en los procesos de restitución de tierras, se presenta con mayor fuerza en el departamento de Córdoba, particularmente en los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y Valencia, donde es apremiante la necesidad de retorno de la población femenina en resguardos como Alto Sinú, Esmeralda, Cruz Grande, Iwagado y Quebrada Cañaveral.

Asimismo se evidenció que los grupos armados posdesmovilización mantienen estrategias de despojo y concentración de tierras, a la vez que amenazan y en algunos casos atentan contra las mujeres que encabezan los procesos de restitución, hechos que sumados a la informalidad jurídica que ronda los títulos de propiedad, impide el ejercicio de los derechos.

En Chocó, la consolidación de entables mineros ligados a una industria aurífera criminal, ha significado el auge de sitios aledaños a los complejos de extracción, en los cuales se explota sexualmente a las mujeres y niñas, en muchas ocasiones con el conocimiento de los esposos y padres de familia, quienes son amenazados y en el mejor de los casos reciben dinero bajo intimidaciones como compensación por el abuso de sus compañeras e hijas. Lo anterior sin contar con la circulación de estupefacientes alrededor de estos lugares, la destrucción de la capa vegetal y la contaminación de las fuentes de agua.

En Caquetá, la amenaza para las mujeres en las áreas rurales la constituyen las economías cocaleras, controladas principalmente por la guerrilla, y que conllevan actividades de control social en las zonas de cultivo de hoja de coca y procesamiento de alcaloides, donde las mujeres no pueden transitar con libertad y son víctimas de las minas antipersonal.

Finalmente, en Santander, donde se focalizó el último estudio de caso documentado por la Defensoría, es la explotación creciente de hidrocarburos y el acaparamiento de tierras a partir de la compra a adjudicatarios baldíos, el despojo y desplazamiento de comunidades, así como el fortalecimiento de un mercado informal de terrenos para abrirle espacio a esa actividad de explotación, el mayor atropello contras las mujeres que habitan los espacios rurales en el Magdalena Medio.

Este diagnóstico, sumado a escenarios de riesgo como la radicalización en las movilizaciones agrarias y el conflicto por las tierras en regiones como el departamento del Cauca, agudiza un panorama en el que las mujeres se constituyen en víctimas de diferentes situaciones.