8 de marzo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
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¡Esto sí es un verdadero despelote!

6 de marzo de 2015

Situación qué, de tiempo atrás, se viene presentando con regularidad por los continuos brotes de salvajismo violento y escándalos de corrupción que arropa a la sociedad con metástasis letal de esta última pandemia en toda la institucionalidad, lo que genera desconfianza e inseguridad ciudadana con respecto a los deberes y obligaciones del Estado a través de sus órganos.

Colombia es un país peculiar entre todos los que conforman los cinco (5) continentes. Los aconteceres mencionados son desconcertantes e ininteligibles y requieren de un ingenio de extrema perversión de difícil aceptación en una mente humana. El modus vivendi de los colombianos discurre como la antípoda de aquel idealismo plasmado por Platón en su obra La República o el concebido por Tomás Moro en la Utopía; el primero, consideró que un mundo ideal era aquel en el que todos sus miembros viviesen felices y satisfechos, o sea, en un mundo justo, pues un Estado es ideal si en él reina la justicia; para el segundo, el Estado perfecto es el caracterizado por la convivencia pacífica, el bienestar físico y moral de sus habitantes, y el disfrute común de los bienes. Ideales inalcanzables y distantes a millones de años luz.

Para el lado que se mire en las tres ramas del poder público sólo se ve corrupción, desafueros, veleidades, desaciertos, errores crasos y demagogia empalagosa con promesas utópicas, y, lo peor, es que las creemos y seguimos con la acostumbrada mansedumbre, además, con nuestro silencio cobarde pareciera que acabáramos olvidando y aceptando tanta ignominia, no podemos perder de vista y de la memoria histórica las ‘chuzadas del DAS, los falsos positivos, Agro Ingreso Seguro, el Cohecho para asegurar la reelección presidencial, el carrusel de la contratación y de las pensiones, la fallida reforma a la justicia, la aberrante reelección del Procurador por parte del Senado, no obstante haber sido rechazada por la mayoría del país.

Tenemos el mejor poder legislativo(Congreso) que el dinero pueda comprar, con una mayoría de parlamentarios proclives a la corrupción en todas sus manifestaciones y, aunque parezca mentira, muchos siguen siendo apoyo incondicional a la prolongación del paramilitarismo a través de las ‘bacrim’, y todo este malabarismo clientelista y delictivo es notorio y conocido por el Consejo de Estado en lo que toca con el tráfico de influencias y, respecto, a lo penal por la Corte Suprema, quienes se hacen los de la ‘oreja mocha’ y la ‘vista gorda’ y callan e imparten una oprobiosa justicia selectiva a cuenta de retribuciones y favores burocráticos.

Y ni qué decir de algunos togados de las altas cortes que mantienen relaciones non sanctas con personajes oscuros, que toman decisiones internas inexplicables y en contra de la normatividad, la asombrosa metamorfosis cerebral para cambios abruptos e inesperados en sus fallos y jurisprudencias con marcado favorecimientos, sobre todo en lo relacionado con los procesos sobre narcoparamilitarismo, la cínica y desvergonzada venta de la conciencia a cambio de unos cargos burocráticos para postular al procurador, la manera sutil como se va reviviendo algunas prerrogativas que se concedían y que quedaron consignadas en la conciliación de la fallida reforma a la justicia, y, ¿qué tal el carrusel de las pensiones?

Las instituciones a diario son pisoteadas por los mismos funcionarios que las regentan a quienes desde cuna no les inculcaron los mínimos principios de ética ni de moral ni de urbanidad.  Para nadie es un secreto los tumbos, yerros y ciertas hechos de corrupción que se han dado en las Altas Cortes, en el Congreso, la Fiscalía, la Contraloría o la Procuraduría, y todo sigue igual y nada pasa y campea la impunidad  y  el constituyente primario continua de ‘idiota útil’ y sin decir ni mu, acompañado en su silencio cobarde por los acuciosos medios de comunicación tanto los de la prensa como los de la radio.

Sólo quedaba una institución impoluta que servía de consolación y orgullo para todos, no obstante tener su designación un tinte politizado: La Corte Constitucional, compuesta por nueve (9) magistrados a quienes se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, no siendo la mayoría de sus miembros la luz jurídica deseable. Y, para asombro general, sucedió lo que se esperaba habida cuenta de su origen: su permeabilización por la gangrena cancerígena de la corrupción. Tengo la percepción, casi inequívoca, de que la Corte Constitucional fue permeada, no voy a tragarme ese cuento chino de que todo son fábulas o que estamos frente a un Abogado de apellido Pacheco que sufre de mitomanía o que en su cuerpo se reencarnó Esopo.

Que la historia no se repita como ocurrió con el caso de Yidis Medina, por parte de la Corte Suprema se tipifico el delito de Cohecho en una sola vía y se condenó a quien recibió, más no a quien ofreció y que siguen orondos en calle larga. Este bochornoso e inadmisible episodio que macula la Corte Constitucional no puede quedar en la impunidad, sin un castigo ejemplar, y que sirva de paradigma para que se deje de lado tanta hipocresía y se llene de valor para una verdadera reforma a la justicia y a la política, sin que medie el consentimiento de los togados y, ojala, sin el de los legisladores, así se tenga que recurrir a una Asamblea Constituyente, sí es que queremos una Paz duradera y estable. El constituyente primario merece un poco de más respeto. ¡Carajo!

Mi percepción no es gratuita ni traída de los cabellos. No, la forma como se dieron y se desarrollaron los hechos deja mucho qué desear: la forma poco usual como se escogió la tutela para su eventual revisión; por qué la reacción tardía de los magistrados salpicados?  Por qué los otros magistrados que tenían conocimiento de la historia, callaron? Qué espera el Consejo Superior de la Judicatura para meter en cintura al Abogado Pacheco? Qué espera la Fiscalía para solicitar la privación de la libertad del Abogado de marras por el delito de Cohecho? Se les olvidaría a los magistrados encargados de la guarda de la Constitución, el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, y que trata del “Deber de denunciar”, y que en este caso concreto, debería de haberse realizado de manera inmediata? Callaron los otros magistrados por cobardía o por solidaridad de cuerpo?

 

Manizales, marzo 6 de 2015.

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