28 de marzo de 2024

Fiscalía pide que se confirme la medida de aseguramiento contra implicados de Interbolsa

2 de marzo de 2015
2 de marzo de 2015

Los procesados, socios gestores del Premium Capital, son señalados como presuntos responsables de los delitos de estafa, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies.

Asimismo pidió que se mantenga la determinación en contra del primer gerente de la firma Rentafolio Bursátil Financiero Ricardo Emilio Martínez, Natalia Zúñiga y Claudia Patricia Aristizábal directora administrativa de la Sociedad Valores Incorporados y gerente de Andian Capital Markets.

Las razones fueron expuestas durante una audiencia, en la que la defensa de los investigados apeló la decisión.

La delegada del caso Interbolsa, Alexandra Ladino indicó que no se trata de argumentos mentirosos o improvisados, sino del producto de una investigación seria y responsable ajustada a la ley que cumple con suficiencia las necesidades normativas que exige una solicitud de medida de aseguramiento.

Se presentaron los informes de la Policía Judicial, los de la Superintendencia Financiera y de la Superintendencia de Sociedades, los cuales fueron bien fundamentados y argumentados,  contrario a lo que replicaron ante el juez los representantes de la defensa.

Por ejemplo señaló, que al demostrar la necesidad de privarlos de la libertad por el delito de estafa en masa, se aportaron las declaraciones de las víctimas quienes fueron inducidas al error de forma dolosa.

“Fueron suficientemente relatados los grados de participación de cada uno de los procesados, la toma de decisiones en las entidades que representaban y las calidades de cada una de ellas; la Fiscalía partió de la gravedad de los delitos y la cantidad de personas naturales y jurídicas afectadas por lo que insisto en llamar una verdadera empresa criminal”,  afirmó la fiscal Ladino.

Por otra parte indicó que con relación a la posibilidad de conceder un principio de oportunidad a los imputados Juan Carlos Ortíz, Tomás Jaramillo y Ricardo Ramírez, a cambio de colaborar con información importante para la investigación, “no se ha firmado ninguna acta o constancia que contenga el interés de estas personas en un beneficio  contemplado en el Principio de Oportunidad (…) se trata de negociaciones preliminares que contienen unas matrices que deben ser materia de análisis por el Fiscal General de la Nación para establecer si es procedente conceder este beneficio”.