7 de marzo de 2021
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Siguen líos por fotomultas en Calarcá (Quindío)

3 de enero de 2015
3 de enero de 2015

Esto tras las denuncias realizadas por la falta de pago de los salarios de varios empleados de la firma Trans Port Tech S.A.S., empresa que operó el sistema de fotomultas en el municipio.

Hace unas semanas, funcionarios de esta empresa interpusieron al menos 10 acciones de tutela en contra del municipio con el objetivo de que la administración respondiera por los salarios de los empleados, pero solo una fue fallada en contra del municipio según Valdés.

“El juez falló a favor de dos personas que pusieron una tutela y procedimos a pagarles, pero así mismo nosotros hemos ganado otras nueve tutelas”.

Al parecer los empleados completan tres meses sin recibir sus salarios pero «así esta administración sea un socio aliado de Trans Port Tech S.A.S., no vamos a seguir transfiriendo recursos», enfatizó la mandataria.

En 2012, la Alcaldía de Calarcá creó Trans Port Tech S.A.S., una sociedad conformada por el Municipio, Empresas Públicas de Calarcá (Emca) y una firma privada llamada 101 Corp.

El sistema de fotomultas en Calarcá salió de funcionamiento luego de que un juzgado de la localidad ordenó a finales de 2013 la suspensión de la cámara que detectaba el exceso de velocidad en un sector conocido como La Española, en la vía que de Calarcá conduce al Valle.

Valdés afirmó que «solo el juez decidirá cuándo esta empresa dejará de funcionar».

Mientras tanto la Subsecretaría de Tránsito de Calarcá continúa recaudando el dinero de los comparendos impartidos entre noviembre del 2012 y octubre de 2013.

Desde sus inicios en octubre de 2012, el sistema de fotomultas causó polémica. El primer radar instalado solo duró unos 45 días hasta que fue destruido por varias personas. Alcanzó a impartir 7.611 comparendos, de ellos el 93 por ciento fueron a turistas.

La implementación de este sistema le costó al alcalde Juan Carlos Giraldo, una suspensión de su cargo e inhabilidad especial por 12 meses. Finalmente, Giraldo fue destituido en octubre de 2014 por «irregularidades» en un contrato de vigilancia en el municipio.

ARMENIA
EL TIEMPO