28 de febrero de 2021
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Condenados por delitos contra menores de edad que paguen su pena tienen derecho a subsidios de vivienda

11 de septiembre de 2014
11 de septiembre de 2014

El Alto Tribunal falló una acción de inconstitucionalidad que interpuso el Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario contra el parágrafo 3° del Artículo 12 de la Ley 1537 de 2012, que excluyó expresamente de estos subsidios a los condenados por delitos contra menores.

Por medio de la Sentencia C-370 de 2014, que tuvo como Magistrado Ponente a Jorge Ignacio Pretelt, la Corte consideró que dicho parágrafo era inconstitucional y debía ser retirado del ordenamiento jurídico, toda vez que vulneraba el derecho a una vivienda digna y el principio de igualdad.

Para el tribunal, esta normatividad conllevaba efectos desproporcionados que terminaban sacrificando los derechos fundamentales de las personas que estuvieron privadas de la libertad por haber cometido cualquier delito contra un menor de edad, sin justificar el fin constitucional para la cual fue creada la medida y sin demostrar cómo lograría proteger los derechos de los niños y la prevención de comisión de delitos en su contra.

La Ley 1537 de 2012

En el parágrafo 3° del Artículo 12 de esta ley, el Congreso determinó que los destinatarios de los subsidios de vivienda serían quienes cumplieran con una serie de requisitos. A su vez, viéndolo como una medida disuasiva a la comisión de delitos contra menores de edad, excluyó expresamente de estos a las personas condenadas por dichos delitos.

Para María Lucía Torres, profesora del GAP de la Universidad del Rosario, esta exclusión generaba serias problemáticas en materia de derechos humanos: un doble castigo, pues se sancionaba a quien ya había pagado su condena por el delito cometido, estando esto último prohibido por la Constitución.

Además causaba una afectación a los terceros que estaban a cargo de quien cometió el delito y que podían ser menores de edad, pues a ellos tampoco se les permitía acceder a una vivienda y sobre ellos también recaía la estigmatización y el trato degradante, explicó la académica.

Al igual que en el famoso caso de “los muros de la infamia”, la Corte protegió los derechos y la dignidad humana de personas que, por haber cometido delitos contra menores de edad, por los cuales ya habían sido juzgados y condenados, no podían ser condenados eternamente.