17 de abril de 2021
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Se corrompió la sal

15 de julio de 2014

william calderonLa ponencia viene siendo debatida por Yepes con el concurso de los conjueces Jaime Cordoba Triviño y Ricardo Hoyos Duque al igual que las magistradas Susana Buitrago y Lucy Yaneth Bermúdez.

Por otro lado, la contralora Sandra Morelli es llamada por la Fiscalia,  caso del que nos ocuparemos en próxima entrega de La Barca, pues merece también toda la atención de los colombianos por estar en veremos la libertad de esta honesta funcionaria.

 

Lucy Yaneth Bermúdez

Esta magistrada perteneció a la nómina del ex procurador vallenato Edgardo Maya Villazón y al llegar Ordoñez Maldonado a la dirección del Ministerio Publico fue removida de su cargo;  ahora ejerce como juez del caso. Por tratarse de una crucial decisión en donde el señor Yepes sostenía todo lo contrario a lo expresado, ahora sin inmutarse cambia de jurisprudencia sin el más mínimo recato, ¿qué podrá decirle a sus alumnos de facultad este conspicuo zamacuco del derecho?

La conducta  de los magistrados

El hecho de cambiar un proyecto de sentencia que ha sido sometido a una sala de decisión,  el cual por no lograr los votos mínimos requeridos para ser aprobado, por lo cual se requiera la designación de conjueces para alcanzar las mayorías, es una situación que se constituye en una violación al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y al reglamento del Consejo de Estado.

Los conjueces

Lo anterior ya que el artículo 115 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en consonancia con el artículo 36 del reglamento del Consejo de Estado determinan que los conjueces se llamarán para que alguna de las posturas que existen sobre el proyecto inicial alcance mayorías decisorias; es decir, los conjueces son llamados únicamente con el fin de que discutan y voten sobre las posiciones jurídicas que se han dado por quienes están a favor del proyecto y quienes no han acogido el mismo, pero teniendo como base que los votos que ya obtuvo una y otra posturas solo requieren ser completados para alcanzar mayorías, lo que indica que no es factible a quienes ya emitieron el sentido de su decisión modificar la misma y cambiar su decisión inicial.

El ponente

Esto es absolutamente perentorio en el caso del ponente, pues es su proyecto el que llevó a que se designaran los conjueces, por lo que él no puede modificar el mismo, ya que con ello se estaría cambiando el original, y no sería posible el llamamiento a los anotados conjueces, pues la Sala no ha discutido ni votado el nuevo proyecto, por lo que no podría considerarse que este no tiene el mínimo de votos, pues ni siquiera ha sido sometido a votación.

Absolutamente ilegal

Resulta importante precisar que, procesalmente, dicha incorrección es absolutamente ilegal, pues cuando la ponencia ha sido votada, la única posibilidad para su cambio es que la misma sea derrotada; es decir, que la decisión contraria a la contenida en el proyecto inicial alcance los votos requeridos, pues de lo contrario se habilitaría al ponente para engañar a la Sala teniendo dos posturas distintas sobre un mismo litigio. Situación que no está contemplada por la norma, pues la misma determina que es sobre el proyecto original que los conjueces deben pronunciarse, y el cambio de ponencia haría que se vote por uno totalmente distinto sobre el que la Sala no ha emitido su opinión, ni mucho menos su voto, por lo que no estaría la misma en un supuesto en que le falten las mayorías, lo que acontece con el nuevo proyecto presentado en el caso del Procurador por el magistrado Yepes.

ILEGAL E IRREGLAMENTARIO

Ahora bien, sobre que el ponente pueda cambiar de postura por un cruce de documentos con una de las integrantes de la Sala específicamente con quien ha disentido de su proyecto inicial, ello constituye una situación ilegal e irreglamentaria, esto teniendo en cuenta que el artículo 33 del reglamento del Consejo de Estado obliga a que las posturas sobre un proyecto sean puestas de presente de manera verbal o escrita ante los integrantes de la Sala; es decir, no es factible que los magistrados se envíen documentos o sostengan reuniones privadas con miras a que se modifique una ponencia, pues ello vulnera la publicidad que exige el reglamento respecto  del debate, circunstancia que no puede ser desconocida como aconteció en el caso de los magistrados Yepes y Bermúdez, donde el primero ha manifestado que en virtud de un documento entregado por la segunda fuera de sala y que no conocen los demás integrantes de la misma, modificó su proyecto original, situación contraria a la norma reglamentaria, que genera una irregularidad en el cambio de ponencia, la cual además genera dudas sobre el obrar de los Magistrados, pues dicho documento de observaciones debía ser presentado a la Sala para que todos sus integrantes lo consideraran, y con base en el mismo y en los argumento del proyecto original se determinará cual contaba con la aprobación de la mayoría.

Recordemos algunas normas

Reglamento del Consejo de Estado, Acuerdo 58 de 1999:

COMO AUN NO LES HAN ENTREGADO LAS CREDENCIALES A LOS SENADORES, HAY QUE PEDIR QUE TAN PRONTO LAS ENTREGUEN SE DEMANDE LA REELECCIÓN DE LOS SENADORES Y REPRESENTANTES QUE RESULTARON REELEGIDOS Y QUE EL CONSEJO DE ESTADO UNIFIQUE SU JURISPRUDENCIA Y DECLARE LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN DE ESOS CONGRESISTAS.