18 de abril de 2021
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¿Y la desigualdad?

13 de julio de 2014

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, acaba de revelar las cifras de pobreza en Colombia. Se trata, como se esperaba, de un parte positivo, pues desde el año 2008 el país viene en una tendencia reduccionista que, inclusive, ha merecido elogios por parte de la comunidad internacional.

La nueva tasa de pobres, según el organismo oficial, es de 30,6%, lo que representa una mejora con relación a 2012, cuando el indicador se situó en 32,7%.

En cifras absolutas eso quiere decir que en un año el Estado habría sacado de esa condición a 820 mil personas, población equivalente a la de una ciudad como Cúcuta si nos atenemos a las mismas proyecciones del Dane. (Para tenerlo presente, en Colombia se considera pobre a una familia de cuatro personas que tiene ingresos mensuales de hasta 824.000 pesos).

En la región Caribe el comportamiento no fue uniforme: si bien disminuyó en todas las ciudades, con excepción de Sincelejo, Riohacha se mantiene como la segunda ciudad con mayor pobreza en Colombia, y en Montería y Barranquilla amentó la pobreza extrema. (El Dane ubica a una familia en esa situación si el ingreso de todos sus miembros no supera los 368.000 mensuales).

Aún así, el dato global indica que en la región se mantiene la misma línea decreciente del país, que ahora habría que confrontar con el crecimiento vegetativo de la población para decantar el impacto real de la cifra. Habría que decir, mientras tanto, que en general cada vez somos menos pobres.

Lo que sorprende de las cifras oficiales es el coeficiente Gini, un estadístico que sirve para calcular la desigualdad en los ingresos. Entre más cerca esté la cifra a 1, más desigualdad hay, de manera que los países apuntan siempre a llevar el indicador a 0. Pues, el informe del Dane sostiene que esta medida se mantuvo en el mismo índice de 2012, es decir, 0.539. Inclusive aumentó en las áreas metropolitanas de nuestras ciudades, lo mismo que en Montería y Sincelejo. La otra revelación que trae el informe, en consecuencia, es que seguimos siendo lo mismo de desiguales que antes.

¿Por qué llegamos a esta aparente contradicción? Por una razón que hemos venido exponiendo en estas páginas editoriales: más que crecer, la Nación tiene que apuntar a redistribuir y, en tal caso, hacerlo con propósitos de equidad.

A las autoridades económicas les compete, por naturaleza, rodear de condiciones políticas, tributarias, legales y de mercado a los agentes de producción para que encuentren atractivo instalarse y mantenerse en el territorio. De esta manera cumplirían, como aparentemente lo hacen las nuestras, el sentido misional de la regulación en aras de la necesaria generación de riqueza.

Pero la experiencia en algunos países latinoamericanos que han crecido a ritmos sorprendentes sin impactar las condiciones sociales de sus habitantes indica que en tanto más crezcan, las economías requieren de gobiernos fuertes y decididos que sean capaces de socializar los beneficios que se van obteniendo.

En momentos en que nos disponemos a iniciar un período presidencial que anuncia grandes reformas para el país, necesitamos que el gobierno despliegue la voluntad política que puede estar faltando, a fin de que la nueva riqueza se socialice entre las manos que no la detentan hoy.

En las iniciativas legislativas sobre los impuestos que nos regirán o los nuevos sistemas prestacional y de salud que nos cubrirán, el gobierno tiene una oportunidad de confirmar la vocación social prevista y garantizar que quienes tienen más aporten en esa proporción a los que tienen menos. Esa es la ecuación que está pendiente.  

EL HERALDO/EDITORIAL