13 de abril de 2021
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Fiscalía confirma acercamientos con abogados de María del Pilar Hurtado

19 de julio de 2014
19 de julio de 2014

«Sí, la verdad es que algunos abogados han manifestado el interés que ella tendría en negociar con la Fiscalía», afirmó Perdomo.

Al parecer, la defensa de la exfuncionaria habrían enviado un cuestionario de preguntas a la Fiscalía, con el propósito de evaluar la situación jurídica de Hurtado quien se encuentra prófuga de la justicia.

El vicefiscal reiteró la solicitud para que Hurtado Afanador se acerque a negociar con la Fiscalía General un preacuerdo o un principio de oportunidad a cambio de información que permita establecer los hechos que motivaron y llevaron a la ejecución de un plan para seguir e interceptar ilegalmente a defensores de derechos humanos, magistrados de la Corte Suprema, periodistas y congresistas de oposición del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Cabe recordar que el pasado 16 de julio, la Fiscalía confirmó que Interpol negó por segunda vez la circular roja a Hurtado, quien se encontraba asilada territorialmente en Panamá desde noviembre de 2010.

El pasado 3 de julio la Corte Suprema de Panamá dejó en firme el fallo que declaró inconstitucional el asilo territorial otorgado por el Gobierno de dicho país a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado en noviembre de 2010.

La decisión se tomó al declarar improcedente el recurso de aclaración presentado el martes de la semana pasada por parte de la Procuraduría General de Panamá y con el que se buscaba revaluar la decisión tomada por ocho magistrados.

Con esta decisión se le pone punto final al asilo de Hurtado Afanador y se reactiva la orden de captura que existe en su contra para que cumpla la medida de aseguramiento en centro carcelario en el marco del juicio que se le adelanta por su presunta participación en las denominadas ‘chuzadas’.

Hurtado Afanador enfrenta actualmente un proceso en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación y conocimiento en los seguimientos e interceptaciones adelantadas en contra de un grupo de periodistas, dirigentes políticos, magistrados del alto tribunal y congresistas de oposición del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Por estos hechos la Fiscalía General la acusó formalmente por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Por estos hechos un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá la cobijó con medida de aseguramiento.