29 de marzo de 2024

Comisión Primera defiende autonomía del Congreso

7 de mayo de 2014
7 de mayo de 2014

 

«El fallo del contencioso administrativo incide de manera negativa en la autonomía del Congreso, en la separación de los poderes públicos y prácticamente da al traste con la actividad legislativa» agregó el parlamentario.

De igual manera, expresó que la sentencia que deriva responsabilidad sobre el Congreso de la República por hecho del legislador, implicaría que de aquí en adelante los congresistas tendrán que ser expertos en derecho constitucional. «Esa decisión no se adhiere a los preceptos constitucionales que prevén los requisitos para ser congresistas» preciso García.

Por su parte, el senador Luis Carlos Avellaneda dijo no estar preocupado por el fallo porque protege los derechos de los asociados y dijo estar de acuerdo con que sean establecidas las responsabilidades del Estado y del Legislativo.

«Debe quedar claro que en el fallo apenas se está declarando una responsabilidad del Estado y no la establece de manera individual a los congresistas», dijo Avellaneda.

Durante su intervención el senador Jorge Eduardo Londoño (Partido Verde), también defendió que la autonomía del congresista y afirmó: «si un congresista vota mal, lo que se debe afectar es lo que se votó mal y no a quien lo vota y si lo que se votó mal es una ley para eso está la acción pública de inconstitucionalidad que cualquier ciudadano puede enfrentar».

Los senadores Hernán Andrade y Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador), resaltaron lo preocupante de la situación que pone en juego la supervivencia del Congreso. «Este es el único país que no cuenta con inmunidad parlamentaria, única entidad que no cuenta con segunda instancia y tiene 9 controles popular, judicial, jurisdiccional, disciplinario, fiscal, electoral, patrimonial, ético y periodístico», dijo Enríquez Maya.

El respaldo del Gobierno

A su turno la directora de la agencia Nacional de Defensa del Estado, Adriana Guillen, dijo que esta es una sentencia que por su contenido tiene una importancia estratégica para la vida del Congreso de la República.

«Para nosotros lo que esta sentencia rompe es ese principio de seguridad jurídica y esta situación también tiene que ver con que el artículo 90 de la Constitución Política que no ha sido reglamentado por el Congreso de la República» puntualizó Guillen.

De igual manera, explicó que hay razones de Estado para interponer una tutela, acción que fue respaldada por la viceministra de justicia, Piedad Zuñiga y el viceministro de relaciones políticas Juan Carlos Restrepo, quien agregó: «nos preocupa que con esta sentencia se estén vulnerando dos principios fundamentales del constitucional general el tema de la inviolabilidad de los congresistas y la seguridad jurídica».

Así mismo, la Contralora encargada, Milena Borrero afirmó: «nos preocupa sobre manera los carteles de abogado buscando donde pueden demandar una taza, un impuesto, una contribución para buscar una retribución basado en esta jurisprudencia».

«La contraloría estará muy atenta sobre este debate y sus consecuencias para la democracia y el erario público» señalo la funcionaria.

Finalmente, el senador Juan Manuel Galán (Partido Liberal), afirmó que «el debate apenas comienza y el paso a seguir esta junto al presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, la asesoría jurídica para la defensa del Congreso, como poder soberano y máximo intérprete del interés general de los colombianos».