13 de abril de 2021
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En la judicatura niegan tutelas que buscan favorecer a Petro

27 de febrero de 2014
27 de febrero de 2014

Los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura recibieron la ponencia para resolver las más de 300 tutelas acumuladas que la Seccional de la Judicatura en Bogotá falló en contra de la destitución.

En 32 páginas, el magistrado Pedro Sanabria tumba esa decisión y niega las tutelas, con dos argumentos de fondo. El primero, que la sanción disciplinaria no viola derechos fundamentales de los que interpusieron las tutelas y que alegan que les están negando la posibilidad de ejercer el control político sobre la gestión del Alcalde si no se realiza la votación de revocatoria de mandato. Y segundo, que no es viable sostener que una sanción disciplinaria no puede aplicarse sobre funcionarios de elección popular.

La ponencia, que debe ser respaldada por al menos cuatro de los siete miembros de la Sala, empezará a discutirse el lunes y entre los magistrados hay consenso sobre la urgencia de evacuar el tema cuanto antes. Incluso, fuentes cercanas a la Judicatura señalaron que antes de una semana podría haber decisión sobre las tutelas, que en todo caso pasarán a revisión de la Corte Constitucional.

Si la posición de la ponencia –que en esencia coincide con lo decidido por el Consejo de Estado este martes– se impone, se abriría la posibilidad de que la destitución quede en firme antes de la revocatoria de mandato, que está prevista para el 6 de abril próximo.

Esto, porque la primera tutela resuelta por el Consejo de Estado marcaría línea para decidir las otras que están para revisión en segunda instancia y que fueron concedidas por magistrados del Tribunal de Cundinamarca.

Por 14 votos contra 11, el Consejo de Estado dejó este martes en claro que la tutela no es un mecanismo aplicable frente a las destituciones y reiteró que la facultad disciplinaria de la Procuraduría sí cobija a los funcionarios de elección popular.

Y aunque la defensa del Alcalde aseguró ayer que se la jugarán por buscar las medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se da por descontado que seguirá la ruta sugerida por el Consejo de Estado: interponer una demanda de nulidad contra la destitución y pedir una suspensión provisional dentro del mismo proceso, mientras se falla de fondo la demanda. En el escenario de que esa petición prospere, el caso se enredaría incluso hasta el final del periodo, que va hasta el 31 de diciembre del 2014.