28 de marzo de 2024

Los pecados paramilitares de Sor Teresa Gómez

10 de octubre de 2013
10 de octubre de 2013

 

Gómez, de 57 años, era buscada desde hace más de una década por delitos como el homicidio en 2007 de una líder de tierras despojadas por paramilitares. Y fue capturada el pasado martes por la policía en una finca en una zona rural de Yumbo, Valle del Cauca.

A la diligencia judicial de hoy, Sor Teresa Gómez acudió con su abogado Henry Hernández ante una jueza penal del complejo judicial de Paloquemao en Bogotá.

La Policía denunció que al momento de su detención, la ex líder paramilitar presentó documentos falsos para tratar de despistar a las autoridades.

Ante los cargos, Gómez dijo que “no” aceptaba las acusaciones que la Fiscalía le imputó por la presunta “falsedad en documento, delito penado con mínimo un año de cárcel”.

El juzgado, sin embargo, se abstuvo de proferir en su contra una medida de detención preventiva toda vez que ya está condenada desde el 2011 a 40 años de cárcel por el delito de homicidio de Yolanda Izquierdo, una activista que luchaba para que Gómez y sus familiares y allegados les devolvieran a los campesinos del departamento de Córdoba, al noroeste del país y donde los Castaño tuvieron uno de sus bases, las tierras que les arrebataron mediante la fuerza.

Además la Fiscalía tiene pendientes investigaciones contra Gómez por la desaparición de 11 investigadores judiciales en los años 90.

“Ella está muy tranquila y trataremos de conseguir las pruebas para demostrar que es inocente” del asesinato de Izquierdo, explicó a la AP el abogado Henry Hernández.

Según las autoridades, Gómez es pieza clave en la familia Castaño Gil, la fundadora de las bandas paramilitares en Colombia y a las que se les acusa de ser las responsables de miles de muertos.

Gómez era buscada desde 2001. En ese momento la Fiscalía dijo que Gómez, casada con Manuel Gil, medio hermano de los Castaño, era la encargada de dirigir los asuntos económicos de la organización no gubernamental Fundación para la Paz de Córdoba, creada por los paramilitares de los Castaño.
Según el proceso, Gómez coordinaba la administración de las diferentes haciendas o fincas de la organización.

Sin embargo, hasta hoy no hay un cálculo de cuánta tierra pudo despojar y tiene a su nombre o de testaferros Sor Teresa Gómez, de acuerdo con la Fiscalía.

Gómez también manejaba las cuentas corrientes y las transacciones de dineros, según la Fiscalía, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), o el paraguas que agrupó a bandas paramilitares y comandadas por tres de los hermanos Castaño: Fidel, Vicente y Carlos.

A los tres se los da por muertos a manos de sus propias bandas. De Manuel, el esposo de la detenida, es poco lo que se conoce, pero estaría vivo.

Gómez Álvarez nació en Amalfi (Antioquia), la misma tierra que vio crecer el emporio criminal de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil en los años 80. Pese a que no comparte su mismo apellido, se le reconoce como hermana media o una hija adoptiva de las autodefensas.

Las autoridades tienen evidencia de que su lazo familiar con la casa Castaño es ser la esposa de Manuel Gil, uno de los hermanos de los jefes paramilitares. Es, además, suegra de José Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, quien dice que asesinó a Carlos Castaño por orden de Vicente.

Su accionar delictivo se concentró en el despojo de tierras, a sangre y fuego. Para ello contaba con el apoyo armado de los ejércitos paramilitares que crearon sus familiares. Su fachada fue la Fundación para la Paz de Córdoba (Fundapazcor). Esta ONG fue creada por los Castaño en los 90 con el fin de legalizar las tierras arrebatadas a los campesinos de Córdoba y Urabá, que terminaron en manos del Fondo Ganadero de Córdoba.

En la Fundación, el papel de Sor Teresa se inició como representante legal y gerente. Era la encargada de repartir, entre campesinos, tierras ‘donadas’ por los Castaño para reparar a las víctimas de la violencia. Pero desde 1999, esta mujer fue quien se puso al frente del pedido de esas tierras. Hay evidencia de que los campesinos les ofrecían entre 2 y 5 millones de pesos para que se fueran de ‘Las Tangas’, ‘Santa Paula’, ‘Jaraguay’, ‘Roma’, ‘Cedro Cocido’, ‘Pasto Revuelto’ y ‘Leticia’. Aunque varios aceptaron, después muchos de ellos no quisieron firmar la supuesta venta. Todos, sin embargo, tuvieron que abandonar las tierras.

Aunque se cree que nunca patrulló ni comandó operativos armados, en abril del 2006 se desmovilizó como paramilitar raso, pero después eludió la Ley de Justicia y Paz. Como un camaleón se vistió de la banda criminal los ‘Urabeños’ y apareció amenazando a las víctimas que reclamaban sus tierras tras el desmonte de las estructuras armadas de las autodefensas. Al parecer era la jefa de finanzas de esta banda de gatilleros y su nombre, detrás de extorsiones a mineros, empresarios y comerciantes de la costa atlántica.

Para esa época, Yolanda Izquierdo, líder campesina reconocida en el país, se convirtió en el más grande obstáculo que tenía Gómez para adueñarse de nuevos terrenos. En enero del 2007, antes de una versión libre del exjefe de las AUC Salvatore Mancuso en Medellín, la hermanastra de los Castaño citó a los campesinos a una reunión en la Notaría Tercera de Montería. Quería que firmaran un documento en el que aceptaban que habían vendido voluntaria y legalmente sus parcelas. Pretendía que todos callaran que Funpazcor los había obligado a vender.

Pero se negaron a firmar. Aparecieron amenazas y en ese mismo enero del 2007 Yolanda Izquierdo fue asesinada en el antejardín de su casa en Montería. Gómez Álvarez le habría pagado a un sicario, conocido como ‘Jawi’, para que cometiera el crimen por el que está condenada a 40 años de cárcel. El Juzgado primero especializado de Cundinamarca la sentenció por homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir.

Ahora, Gómez Álvarez deberá responder por sus pecados: cuatro órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, tentativa de homicidio, homicidio, amenaza, desplazamiento, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su caída no sólo marcó el fin del clan de los Castaño sino también el de uno de los más temidos enemigos de la restitución de tierras en Colombia.