10 de abril de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Registraduría fijo las condiciones y los costos para particulares que requieran información

12 de septiembre de 2013
12 de septiembre de 2013

 

Así mismo estableció las condiciones y el procedimiento para entregar dicha información, que requieran los particulares.

De acuerdo con la Resolución 8410 del 22 de agosto de 2013, las empresas y entidades que requieran la información de cualquier ciudadano, podrán tener certeza del “nombre, el apellido, el número de documento de identidad, la fecha de expedición del documento de identidad y la vigencia de la cédula de ciudadanía, (informando de ser el caso, la fecha y el motivo por el cual se dio de baja el documento en los casos de cancelación o suspensión de la vigencia)”. Los demás datos que reposan en el Archivo Nacional de Identificación, ANI, tienen carácter reservado de conformidad con el artículo 213 del Código Electoral. Entre los datos reservados están los datos biográficos de la persona, su filiación y fórmula dactiloscópica.

La Resolución 8410 expresa que, “de la información reservada sólo podrá hacerse uso por orden de autoridad competente. Con fines investigativos, los jueces y los funcionarios de la policía y de seguridad tendrán acceso a los archivos de la Registraduría”. Para acceder a la información “los particulares que requieran la expedición física de la información no sujeta a reserva legal de la base de datos del Archivo Nacional del Identificación, ANI, deberán elevar solicitud escrita de intención de celebrar contrato, indicando el propósito y las razones de la solicitud, las cuales deben estar relacionadas con su objeto social”.

Posteriormente, “una vez suscrito el respectivo contrato que autoriza la expedición física de la información no sujeta a reserva legal de la base de datos del Archivo Nacional del Identificación, ANI, el particular deberá establecer un (1) único interlocutor, responsable de gestionar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, los requerimientos de la información”.

La consulta del ANI para las entidades públicas no tiene costo, así como tampoco para aquellos particulares que ejerzan funciones administrativas, según quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014, Ley 1450 de 2011, mientras que los particulares tendrán que cancelar un costo por este servicio.