11 de abril de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Régimen disciplinario de los partidos

17 de septiembre de 2013

ferney pazConviene analizar hasta donde pueden llegar las facultades disciplinarias y si dichas sanciones pueden ser objeto de pronunciamiento judicial a través de la vía de tutela, figura jurídica que pareciera ser se ha convertido desde su creación en la Constitución del 91, en el mecanismo más utilizado por los ciudadanos para resolver sus conflictos individuales frente al Estado u organizaciones privadas.

Empecemos por expresar que los partidos políticos por mandato constitucional están amparados bajo los principios de libre organización y funcionamiento, con un régimen interno estatutario, y una normatividad vigente establecida en las leyes 130 de 1994 y 1475 del 2011.
Para una mayor claridad conceptual, debe decirse que los partidos políticos no son entidades públicas, por cuanto no forman parte de la estructura del Estado Colombiano y desarrollan objetivos netamente   partidistas y supervigilados por el Consejo Nacional Electoral, como máxima autoridad ante quién por mandato de la ley 130 de 1994,  conoce las impugnaciones de todas las decisiones que adopten las autoridades de los partidos políticos, muchas de ellas cuestionadas por ser violatorias de la Constitución, la ley y las normas que rigen ese organismo electoral.

En otros términos, por la naturaleza propia de los mismos, su sustento constitucional y legal, los partidos políticos no generan actos administrativos susceptibles de ser impugnados judicialmente y difieren de la manera como funcionan las personas jurídicas que regula la legislación civil o comercial.

Así las cosas, resulta interesante para el mundo jurídico procesal, determinar si  posee competencia la jurisdicción ordinaria para conocer de estas situaciones “sui generis”, arrogándose facultades que están en poder del Consejo Nacional Electoral, como lo preceptúa el artículo 7 de la ley 130 de 1994, corporación esta que si produce actos administrativos cuya órbita de legalidad es conocida por la jurisdicción contenciosa administrativa.

En un Estado de derecho la garantía institucional lo da el respeto por las competencias debidamente delimitadas en los respectivos estatutos normativos, los cuales deben ser aplicados con la mayor objetividad, equidad y razonabilidad.

El mal uso de la tutela, se ha constituido en un motivo más de congestión judicial, desconociéndose su carácter de subsidiaridad consagrado en los artículos 86 de la constitución y artículo 6 del decreto 2591 de 1991 y reiteradas jurisprudencias de la Corte constitucional, al disponer el militante  suspendido de otros medios jurídicos de defensa para  dejar sin efectos la sanción disciplinaria o la nulidad de cualquier actuación adelantada por las máximas autoridades de un partido político.

El punto principal de discusión se centra en el libre funcionamiento y organización de los partidos políticos, la obligatoriedad de los estatutos y el papel que desempeña el Consejo Nacional Electoral, como órgano superior de control, que ejerce por mandato  de la carta política.

Interesante asunto jurídico, que dará para  debates de toda índole, que tienen que ver si la tutela es mecanismo idóneo para dirimir aspectos disciplinarios de los partidos políticos con respecto  a sus afiliados.

Más que suficiente lo constituye  el alto volumen de procesos activos e  inactivos   que reposan en los anaqueles de los despachos judiciales, para  sumarle  las  controversias de los partidos  con respecto a sus afiliados, que por mandato constitucional, artículo 265  le corresponde  al Consejo Nacional Electoral, ejercer  la vigilancia y control de los partidos y movimientos políticos establecidos en el país.

Adenda: Reza el refrán: “No hay deuda que no se pague y condición que no se cumpla”. Difícil y molesto momento atraviesa la señora Contralora General de la República, que de férrea  investigadora  fiscal con decisiones mediáticas  y de protagonismo como la que ha pretendido   establecer con la  construcción del palacio de justicia  de Manizales, calificándolo de  lujoso y desproporcionado, pasa  al campo de ser  indagada por  la fiscalía general de la Nación por hechos que van desde interceptaciones ilegales, a un manejo irregular de fondos públicos relacionados con el millonario contrato de arrendamiento de  la actual sede de la institución, ese sí faraónico  y de excesivo confort , gastos superfluos  y de derroche social con motivo de los 90 años de existencia del ente  de control.
“Con la vara que mides serás medido”,  dice el sabio dicho de inspiración bíblica.

Y, sobre el tema, ya se postulan candidatos para reemplazarla. No más equivocaciones en  cargo de tanta importancia en la lucha frontal contra la corrupción que carcome los cimientos del estado colombiano.

Bogotá, Sept. 17 de 2013

Columnas del autor

*Indiferencia electoral o ausencia de cultura política
*El control fiscal. Reforma al sistema de postulación
**El referendo. Ventajas y desventajas
*Natalicio del ex presidente López Michelsen. Homenaje liberal
*Adhesiones que incomodan.
*Equilibrio salarial o bonificación preelectoral
*La protesta social.
*Caldas y su elección atípica
*Venimos del ayer y vamos recorriendo un camino
*
La justicia como ideal o la justicia del miedo.
*Como eran amigos de Rolando…
*Hermandad sí, pero sin amenazas
*
Eficiencia judicial vs turismo internacional.
*Inicio de la campaña presidencial
*
Política de consenso y de convivencia para Caldas.
*Sevilla: la del Valle
*La cooptación restringida.
*
El voto y un catálogo de necesidades sociales.
*La igualdad ante la ley. La detención intramural

*Aspirantes a granel. Y los programas?

*9 de abril: magnicidio de Gaitán.
*Las paradojas de la actividad financiera.
*Marcha por la paz y la debida justicia
*Relación periodismo-justicia.
*Colpensiones: una ofensa a la seguridad social
*
Blindar el voto
*Aerocafé: con la cruz a cuestas
*La edad de retiro forzoso en la rama judicial
*Esfuerzo presupuestal del Estado VS eficiencia judicial
*La circunscripción nacional para Senado en Colombia
*
La mal llamada reforma tributaria.
*En la búsqueda de un año promisorio.
*
Reflexiones de fin de año.
*Los cacos de «Interbolsa»

*El desplome de Interbolsa.
*¿Qué hacer para que los fallos judiciales se profieran a tiempo?
*
Recuperar la confianza pública
*Por un Caldas diferente
*Una causa justa
*El adiós a un gran señor
*Estado de Derecho o Estado Rodín
*La verdadera labor del político
*Preguntas que requieren respuestas
*Política social e intercambio humanitario
*¿Cuál democracia?
*Solo la verdad en la búsqueda de la paz
*Por el decoro y dignidad profesional del abogado
*La crisis del Estado e indiferencia ciudadana
*Se agitan tesis de revocatoria
*Reforma a la justicia: un compromiso institucional
*Santos y de la Calle, los ases para la paz
*La libre expresión y la paz como política de Estado
*A propósito de un fallo judicial