Minjusticia urgió medidas en materia registral frente a la acumulación de baldíos
Durante su participación en la denominada “encerrona de tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro” que se lleva a cabo Manizales, el Ministro de Justicia y del Derecho Alfonso Gomez Méndez, evaluó los avances en temas relacionados con los procesos de protección, restitución y formalización de tierras desarrollados por esta entidad, y examinó con lupa, alternativas jurídicas que ayuden a evitar futuras acumulaciones de UAF en el país.
La acumulación de UAF, fue uno de los temas analizados con lupa durante la reunión.
Sobre las investigaciones adelantadas por la Superintendencia, ante las presuntas situaciones irregulares relacionadas con la adjudicación de predios ubicados en el municipio de Tubará (Atlántico), el Ministro y el Superintendente revelaron, que en días pasados, se interpuso denuncia penal como resultado de dicho estudio en el que se logró identificar incongruencia entre áreas; predios ubicados en zonas de uso público y escrituras con alteraciones del protocolo.
El jefe de la cartera de Justicia y el Superintendente, denunciaron también las irregularidades sobre las haciendas “Las Vegas” y “Potosí”, casos emblemáticos de despojo material y jurídico de tierras en la Dorada, explicó que estos predios administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, son entregados por dicha Entidad al instituto Colombiano de Desarrollo Rural como destinatario definitivo, decisión que posteriormente fue revocada, y pese a ello, el INCODER, adjudica estos mismos, denominándolos como baldíos.
Gómez Méndez y el Supernotariado, también entregaron el resultado de los avances del convenio suscrito entre Parques Nacionales Naturales y la Superintendencia de Notariado y Registro, en los que se han estudiado desde que se suscribió el convenio en el 2012, 3.149 folios de matrícula inmobiliaria cuya área total suman 76.694 hectáreas. Del área señalada, 48.569 hectáreas que corresponde a 1.111 predios, han sido estudiados en el año 2013, revisándose entre otros, los Parques Nacionales Naturales de Selva de Florencia y Pisba, en los que se identificaron como uno de los principales hallazgos en los estudios individuales, que el 49% de los predios estudiados existe propiedad privada acreditada con adjudicación de bienes baldíos, que en su gran mayoría se realizaron luego de haberse reservado y alinderado las diferentes áreas protegidas, contrariando lo establecido en la legislación ambiental. Por su parte en Selva del Florencia, se detectó que los predios que conforman el parque ya se encuentran con la limitación al derecho de dominio en sus folios por encontrarse en zona de parque Nacional Natural, no obstante se ha efectuado el registro de ventas, embargos e hipotecas, actos jurídicos que están prohibidos por la Ley.
