11 de abril de 2021
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Indiferencia electoral o ausencia de cultura política

10 de septiembre de 2013

ferney pazEl pasado 25 de agosto  Caldas asistió a una cita  democrática  y extendemos  nuestros propósitos para que el ejercicio público y administrativo del nuevo mandatario sirva para el  beneficio del interés colectivo, siendo coherente con lo prometido y lo que se ejecuta.

Pero queda una gran lección:  El alto porcentaje de la  abstención y  voto en blanco como opciones en donde el votante en el primer caso decide no  ejercer  su derecho al voto, lo que equivale a un desinterés o malestar del ciudadano que puede llegar a deslegitimar un certamen electoral o el propio sistema político, de allí , que algunos aboguen por el voto obligatorio, abstención que puede ser pasiva o sociológica, que consiste en la falta de interés en la política o en la elección concreta que se dirime , o activa o  ideológica, como rechazo a la legitimidad del sistema.

El voto en blanco  equivale en realizar el acto mismo del voto, manifestando que ninguna de las opciones presentadas es adecuada   para el interés del  su fragante.

Las circunstancias anteriores impone la  necesidad  de trabajar en el concepto de cultura política, por cuanto no se puede desconocer que nuestra  debilidad  esencial radica en una instrucción pública decadente y una falta absoluta de educación nacional, por cuanto pareciera se confundieran estos dos conceptos : instrucción y educación.

Si descendemos en la escala de las clases sociales, podríamos afirmar que un alto porcentaje de la población? ¿Conoce siquiera los conceptos elementales que son indispensables para guiar la conducta humana? ? Es  que acaso, el desertor campesino que huye horrorizado del servicio militar, conoce exactamente lo que es el significado de patria? ? Podría afirmarse que una gran mayoría de  masa votante, conoce a cabalidad la razón de su voto? ¿Como hacer para que el elector  tome conciencia de la importancia y utilidad del voto?

Es en este campo donde  debe aparecer el  Estado  a través de sus gobernantes en los entes territoriales, que entiendan que antes que administrar una burocracia oficial, deben encausar su gestión en la educación de las clases pobres y darle un motivo de alta ilusión a cada compatriota, haciéndole comprender que hay una justificación y la importancia de convertirse en un gran ciudadano, valiéndose por sí  mismo , alejándolos de  los   promeseros de turno, que solo buscan beneficios personales apoyándose en su desconocimiento e ignorancia cívica.

Hace muchos años un  gran pensador francés exclamó, con frase inspirada que tuvo resonancia de una verdad evangélica, “Abrid las puertas de las escuelas y cerrareis las de las cárceles”. Colombia ha fundado de entonces acá muchas escuelas y facultades, hasta de garajes, pero no ha podido cerrar ninguna prisión, la criminalidad ha aumentado, la inseguridad campea en las ciudades y el campo es abandonado a diario por miles de desplazados desamparados a su suerte por el gobierno central,  y el sector campesino protesta por el  mal manejo de la política agropecuaria, en principio minimizado por el ejecutivo e ignorado en sus oficinas de prensa, que tuvo al borde de la desestabilización institucional  al país en las últimas semanas.

Es una lástima que esto suceda en  un Estado que se dice  “social de derecho “, en donde ejecutivo y legislativo se ven más preocupados por solucionarle el problema jurídico patrimonial  a los victimarios, que buscar una solución definitiva a esos millones de colombianos, en donde una sociedad indiferente los mira con lástima y total insolidaridad.

No nos llamemos a engaño, para desarrollar una región o un país, se necesita ante todo, actualizar sus realidades. En sana política, debe prevalecer más lo concreto que lo abstracto. No se gobierna con fórmulas  simplistas o producto de la improvisación, sino  contemplando e interpretando la realidad social, o en otros términos, gobernar dentro de la diversidad ideológica. Entre la realidad y la ideología puede  haber antagonismo, pero hay que saber solucionarlos, por cuanto la política no es más que apreciación de posibilidades y no aplicación inflexible de doctrinas.

Adenda.  La designación del Dr. Gómez Méndez  como nuevo Ministro  de Justicia, trae un hálito de esperanza   en la búsqueda de reencontrar la  justicia  con el ciudadano, pues se trata de un profesional conocedor a fondo de la actual estructura   del sistema judicial colombiano, temas analizados desde su columna periodística, con  llamados de atención y propuestas   de fondo , las cuales  podrán ser  discutidas   con el alto gobierno  y no  volver a caer en la frustrada y grosera reforma presentada   el año pasado .

Le corresponderá  a este  veterano jurista  analizar si en realidad  la  figura del arancel judicial,  ataca la gratuidad  y el libre acceso a la justicia, como mandatos constitucionales transgredidos, abriendo una compuerta peligrosa para los cobros ilícitos extraprocesales, tema de ingrata recordación en ciertas zonas del país, establecer unos procedimientos más expeditos, en vista de la desconfianza de las partes entre sí y ante el funcionario judicial, la inseguridad jurídica generada por la proliferación de normas que  constituyen un factor de congestión y atraso, ? Cómo negar el sinnúmero de leyes desactualizadas que no responden a las necesidades del país?

De igual manera le prestaría un gran servicio a la juridicidad si  impulsara una reforma inaplazable consistente en concretar en el funcionario judicial las funciones eminentemente procesales y judiciales, despojándolo de  tareas administrativas, ejecutivas y  electorales. Los jueces están instituidos para fallar en derecho y en equidad, no para labores ajenas a  su propia naturaleza.

Y si  se habla de cumplir las normas superiores, un llamado al nuevo ministro  para que  se  acate la norma constitucional del artículo 150: “Corresponde al Congreso hacer las leyes”, eliminándose la facultad que hoy  posee de intervenir a través de las dos cámaras o de una de ellas en los nombramientos de funcionarios de órganos de control y de actividad jurisdiccional: Contralor general de la República ( art 141), Defensor del Pueblo ( art 281) ; Magistrados Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura( art 254 numeral  segundo ), Procurador General de la Nación ( art 276 ) y magistrados de la Corte Constitucional (239 ).

Debe propenderse por despolitizar estas entidades de control y de ejercicio jurisdiccional disciplinario, si pretendemos un manejo transparente de la función pública, ajeno del acaecer político y libres de la presión parlamentaria.

No es fácil la tarea que le espera, pero queremos pensar que no todo está perdido, ni disuelto, y en estos propósitos  deberá ser acompañado por la comunidad  jurídica y judicial del país.

Bogotá , septiembre 10 de 2013.

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