17 de abril de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

H.R.W advierte fracaso en restitución de tierras por sabotaje de paras y guerrilleros

18 de septiembre de 2013
18 de septiembre de 2013

 

En un informe, titulado ‘El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia’, HRW, advierte que “si Colombia no toma más medidas para detener los abusos, el problema probablemente será mucho peor. El nivel de amenazas y violencia seguramente aumentará las miles de reclamaciones pendientes de tierras y el retorno de las familias a sus casas”.

Ademas subraya que “a menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos contra reclamantes de tierras, estas personas seguirán siendo asesinadas, amenazadas y desplazadas por exigir lo que es suyo”.

Según Human Rights Watch hasta junio de este año solo una familia de más de 43 mil reclamantes, había recobrado sus parcelas y había podido regresar a vivir en ellas.

En julio, señala, una familia había regresado a sus tierras como consecuencia de resoluciones bajo la ley de víctimas y con el apoyo de la oficina de coordinación de desplazados.

El documento afirma que “en Colombia, tratando de recuperar sus tierras a menudo significa asumir riesgos y vivir con miedo, considerando que no hay prácticamente nunca un costo para aquellos que obligar a los agricultores de sus tierras, robarlo y atacarlos por intentar recuperar lo suyo”.

El informe detalla el asesinato de 21 reclamantes y líderes de restitución de tierras ocurridos desde 2008, y advierte que los crimenes se debieron al activismo de las víctimas.

También documenta más de 80 casos de reclamantes de tierras que recibieron amenazas y más de 30 nuevos casos de desplazamiento, en los cuales los reclamantes debieron abandonar su hogar una vez más tras sufrir abusos vinculados con sus intentos de restitución o activismo.

Atribuye todos estos hechos a los grupos disidentes de las llamadas autodefensas al igual que a las guerrillas izquierdistas de las Farc.

No obstante señala que el presidente Juan Manuel Santos “está haciendo un esfuerzo serio y sin precedentes para devolver tierras, pero la violencia e intimidación contra familias desplazadas tratando de regresar a casa amenazan con sabotear su iniciativa bandera de los derechos humanos”.

“El Programa de protección del gobierno, que es sin precedentes en la región, ha proporcionado cientos de reclamantes de tierras en riesgo y líderes con medidas de protección, tales como chalecos antibalas y guardaespaldas. Aunque útiles, son medidas paliativas esencialmente, puesto que no frenar ni responsabilizar a los grupos armados, las mafias criminales y otros que están amenazando vidas demandantes, señala Human Rights Watch.

Se evidencian las limitaciones del programa de protección del gobierno por el hecho de que a menudo reubica a reclamantes de tierras amenazadas porque las autoridades no pueden garantizar su seguridad en el que viven. Desde enero de 2012, el programa ha reubicado temporalmente más de 90 reclamantes de tierras y líderes a nuevas áreas debido a serias amenazas en su contra.

A partir de junio de 2013, la unidad de restitución, encargado de aplicar la ley de víctimas, había obtenido sentencias había recibido pedidos de restitución 1 por ciento de los más de 43.000 tierra reclama. En julio, una familia había regresado a vivir a casa de regreso de la gente de sus tierras como consecuencia de resoluciones bajo la ley de víctimas y con el apoyo de la oficina de coordinación de desplazados, aunque muchos de los beneficiarios de las sentencias estaban de visita en su tierra para usarlo para la agricultura.

Datos oficiales obtenidos a través de solicitudes de información muestran que estos casos documentados de asesinatos, amenazas y desplazamientos renovados son parte de un patrón más amplio. A partir de agosto de 2013, la Procuraduría informó que estaba investigando 49 casos de asesinatos de “líderes, los reclamantes o participantes en materia de restitución de tierras” cometidos en la mitad de los 32 Estados de Colombia desde el año 2000. En estos casos, 56 personas fueron asesinadas.

Desde enero de 2012 más de 500 demandantes de tierra desplazada y sus líderes de más de 25 Estados han reportado a las autoridades que habían recibido amenazas. El gobierno ha determinado que más de 360 reclamantes amenazados y líderes son un riesgo”extraordinaria” debido a sus actividades de restitución de tierras.

“Las amenazas y los ataques son totalmente previsibles dada la insuficiencia crónica de Colombia para entregar a la justicia por los abusos actuales y pasados contra los demandantes de tierra desplazada”, afirmó Vivanco. “Los fiscales no han acusado a ningún sospechoso en cualquiera de sus investigaciones sobre las amenazas contra los demandantes de tierra desplazada y líderes en represalia por sus esfuerzos de restitución”.

Por otra parte, autoridades de justicia raramente han procesados a quienes originalmente desplazaron a los reclamantes y robaron sus tierras.

•De manejadas las investigaciones abiertas más de 17.000 casos de desplazamiento forzado por la unidad fiscal principal dedicada a perseguir esos crímenes en toda Colombia, menos del 1 por ciento han conducido a una condena.

•Como de enero, la unidad había obtenido un total de cinco condenas para los casos de desplazamiento forzado en Antioquia, Bolívar, Cesar, Meta y Tolima, los cinco Estados con el mayor número de reclamos de restitución presentado en Colombia en el momento, y donde al menos 1,7 millones de personas han sido desplazadas desde 1985, según datos del gobierno.

La falta de justicia por robo forzado desplazamiento y de la tierra significa que los más interesados en conservar el control de la tierra adquirida injustamente a menudo permanecen fuera del radar de las autoridades y fácilmente capaz de frustrar violentamente el retorno de los ocupantes originales, señaló Human Rights Watch.

Entre los casos de amenazas y ataques contra los demandantes de tierra desplazada y líderes documentados por Human Rights Watch, hace la siguiente reseña:

•Repetido abusos – incluyendo amenazas de muerte, nuevos incidentes de desplazamientos forzados y asesinatos – desde el año 2008 contra más de una docena de miembros del capítulo de Urabá de Tierra y Vida, un grupo de personas desplazadas que trabaja para la restitución de tierras.

En un caso, el líder de Tierra y Vida, Albeiro Váldez Martínez, regresó a su granja en la localidad del Totumo, Antioquia en noviembre de 2009. Denunció ser amenazado por el ganadero que había asumido el control de la granja y fue encontrado muerto en mayo de 2010. Al mes siguiente, el alcalde devolvió la tierra de Váldez al ranchero. Nadie ha sido acusado de asesinato de Váldez, y sus familiares sobrevivientes que seguía tratando de reclamar la tierra siguieron recibiendo amenazas.

•En 2012 y 2013, repetidas amenazas contra dirigentes de la Mesa Carmen de Bolívar de Víctimas, una Comisión municipal creada para garantizar la participación de las víctimas para llevar a cabo la ley de víctimas, obligó a seis de ellos a abandonar la ciudad, al menos temporalmente.

•Ermes Vidal Osorio y alguna vez Cordero Oviedo, dos reconocidos líderes de desplazados de la Comisión de Mesa de Víctimas en Valencia, Córdoba, fueron asesinados dentro de un tramo de tres semanas entre marzo y abril del de 2013. Decenas de miembros de la familia de Cordero huyeron de Valencia tras su asesinato.

•Leaders campaña por el retorno de los desplazados a sus tierras en el sur del estado de Tolima informó recibiendo frecuentes, graves amenazas de guerrilleros de las FARC. Por ejemplo, Germán Bernal y otros líderes de desplazados dijeron que durante reuniones obligatorias por las FARC en las zonas rurales del sur Tolima, la guerrilla anunció su oposición a los desplazados que regresan a casa y declaró a sus líderes “objetivos militares.”

•Residentes y líderes que volvieron a territorios de propiedad colectiva a lo largo de las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó han sufrido numerosos abusos, incluyendo el de marzo de 2012 secuestro y asesinatos de Manuel Ruiz y su hijo de 15 años de edad. La secuencia de eventos en el secuestro plantea serias dudas sobre la tolerancia posible de la policía local de operaciones por parte de los miembros del grupo paramilitar sucesor acusados de matar a Ruiz y su hijo”.

Igualmente el informe reseña:
El fracaso de las autoridades para frenar significativamente el poder de grupos sucesores de los paramilitares también plantea una amenaza directa para la seguridad de los reclamantes del suelo.

“Estos grupos heredan las operaciones delictivas de la coalición paramilitares Unidos de autodefensas de Colombia (AUC) de derecha tras su desmovilización en un proceso profundamente viciado implementado por la administración anterior. Hasta el momento, grupos sucesores han llevado a cabo una gran parte de las amenazas y los ataques contra a los demandantes de tierra desplazada.

“Además, terceras personas que tomaron tierras después de que los ocupantes originales fueron forzados a – a veces en connivencia con paramilitares –, así como las guerrillas izquierdistas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC), han dirigido también reclamantes y líderes que trataron de recuperar sus tierras.

“A pesar de notables avances por las autoridades a capturar a sus miembros y dirigentes, grupos sucesores de los paramilitares— particularmente los Urabeños — mantienen una fuerte presencia.

a través de Colombia y continúan ejerciendo control social sobre las comunidades y cometen abusos generalizados contra la población civil. Hasta que Colombia pueda reducir considerablemente el poder de grupos sucesores, los reclamantes de tierras de IDP y líderes serán siendo un riesgo serio de sus las amenazas y ataques”, puntualiza el informe.

También advierte responsabilidades de la Fiscalia:
“La Fiscalía ha fracasado en gran medida asegurar la rendición de cuentas para forzado desplazamiento y adquisiciones de las tierras. La imposibilidad de juzgar y desmantelar las redes criminales responsables de estos crímenes expone los reclamantes de tierras a nuevos abusos.

Además, la falta de rendición de cuentas envía un mensaje a través de la sociedad que es aceptable desplazar a la gente y apoderarse de sus tierras.

Recomendaciones
En el informe, Human Rights Watch, formula las siguientes recomendaciones al gobierno colombiano:

Los fiscales deben trabajar con las autoridades de restitución de tierras enérgicamente perseguir crímenes contra los demandantes de tierra desplazada en áreas donde se está realizando restitución.

Ellos deben coordinar sus esfuerzos para aprovechar la concentración de denuncias de casos relacionados. Permitirá a las autoridades de justicia para llevar a cabo investigaciones sistemáticas de desplazamiento forzado, adquisiciones de tierras, amenazas, asesinatos y otros abusos contra personas desplazadas buscan recuperar terreno.

El gobierno colombiano debe mejorar también los esfuerzos por desmantelar los sucesores de los grupos paramilitares, especialmente por erradicar sus vínculos corruptos a funcionarios locales en ciertas regiones, señala Human Rights Watch.